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El fiscal Guillermo Marijuan denunció penalmente al exministro de Salud Ginés González García y al periodista Horacio Verbitsky por el escándalo de la vacunación vip y solicitó que se investigue “la presunta comisión de delitos de acción pública en la que habrían incurrido, sin perjuicio de que el avance de la investigación permita identificar a otras personas”.
Marijuan pidió que la investigación no se limite a “los casos en particular que se denuncian” sino que “se amplíe a todos aquellos casos que se compruebe que no han cumplido con el orden establecido por el Plan Estratégico” en las distintas jurisdicciones. “La denuncia no solo abarca a Ginés y otros como imputados, sino que las provincias deben informar a quiénes vacunaron como personal de Salud”, dijo a LA NACION una fuente de la fiscalía.
El fiscal envió su denuncia ayer, por correo electrónico, a la Cámara Federal, que el lunes sorteará quién será el juez que va a investigarla.
Según sostuvo Marijuan, su denuncia obedece a que “personas que no se encuentran comprendidas en los grupos prioritarios que establece el Plan Estratégico para la vacunación contra la Covid-19 en la República Argentina se encuentran siendo vacunadas”. El fiscal dijo que se trata de “determinadas personas vinculadas con actividades políticas y/o relacionadas personalmente con distintos funcionarios” que recibieron la Sputnik V cuando aún “no se logró vacunar a la totalidad del personal de salud y cuando recién se encuentra en sus inicios la etapa de vacunación de los adultos mayores”, según lo decretado en la Resolución 2883/2020 publicada en el Boletín Oficial.
Para Marijuan, “se trata de un acto de una inusitada gravedad institucional porque no solo se está incumpliendo con los deberes de funcionario público [en alusión a González García], sino que se está impidiendo que una persona considerada de mayor riesgo y que necesita vacunarse lo pueda hacer”.
El fiscal criticó la “bajeza” y la falta de moral de los involucrados, y afirmó: “Me hace recordar a los peores momentos de la Argentina, como fue en el año 2001, cuando se dispuso un Plan de Jefas y Jefes de Hogares Desocupados, que era una ayuda económica para personas en estado de suma pobreza, y decenas de miles de planes quedaron en manos de punteros políticos”.
De acuerdo con el fiscal, el presunto delito a investigar es el previsto por el artículo 248 del Código Penal, que dice: “Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.
Así, Marijuan subrayó que la actuación de González García implicó “una clara manipulación” que contrarió lo dispuesto por el Poder Ejecutivo, “aplicando las vacunas sobre personas que no se encontraban en la lista de prioritarios, sin ningún tipo de justificación”.
Y concluyó la denuncia con su solicitud para que la investigación “no se limite a los casos en particular que se denuncian”, en referencia al exministro y a Verbitsky, “sino que oportunamente se amplíe a todos aquellos casos que se compruebe que no han cumplido con el orden establecido en el Plan Estratégico y de conformidad con lo que se estableciera en cada jurisdicción”.
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