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La localidad formoseña de Clorinda -limítrofe con Paraguay y cercana a Asunción- lleva 180 días cerrada, por orden del gobernador Gildo Insfrán, y las manifestaciones en repudio de la medida se mantienen activas desde el año pasado. Hoy, los clorindenses volvieron a salir a la calle para encabezar un acto junto a la comitiva de diputados de Juntos por el Cambio, que volvió a Formosa para reafirmar su rechazo al manejo sanitario, luego de haber visitado la provincia a principios de mes.
En medio de un clima hostil, los legisladores Waldo Wolff y Mónica Frade fueron demorados por la policía formoseña al intentar ingresar a la localidad de Clorinda, aún con un hisopado oficial con resultado negativo que les realizaron una vez que llegaron a Formosa. Además, grupos de organizaciones sociales se manifestaron sobre la ruta 11 en repudio a la visita de la comitiva y en respaldo al gobernador Insfrán, con carteles que decían “Gracias Gildo Insfrán por cuidarnos”.
#Formosa #Verguenza @MonicaFradeok #PiqueteOficial pic.twitter.com/Cr4NgC9d0G &- WW (@WolffWaldo) February 26, 2021
Bajo las premisas “Clorinda libre” y “Las promesas se cumplen. Ellos vuelven. No estamos solos”, los clorindenses acercaron sus denuncias y reclamos a los diputados de la oposición, y expusieron algunas de sus experiencias personales frente a las restricciones del gobierno formoseño. El acto se realizó en Plaza de la Madre, en el centro de Clorinda.
“Venimos levantando la voz desde el 31 de agosto, por nuestros derechos, para que nos escuchen y desbloqueen la ciudad. Era por 15 días, y llevamos 180. Nos solemos vestir a rayas en representación de cómo nos sentimos los clorindenses, presos en nuestra propia ciudad y nuestra propia provincia”, dijo Miriam Filipini a LA NACION, una vecina que fue detenida la semana pasada, por sumarse a los reclamos por la privación de libertad disfrazada de presa. A los atuendos rayados de las manifestaciones también se suma la imitación de la Justicia, de ojos vendados y manos atadas. “Sinónimo de nuestra realidad”, agregó la mujer.
Filipini, de 47 años, fue demorada el martes 16 en la comisaría local tras desplegar una bandera blanca con la frase “Clorinda libre” sobre el capot de una camioneta gubernamental, en la que se trasladaban algunos funcionarios provinciales que recorrían hospitales y escuelas de la localidad, en el marco del regreso a las clases presenciales. De inmediato, el resto de los manifestantes se dirigió a la sede policial para exigir la liberación de la mujer, y permaneció en tensión con el personal de seguridad, durante cuatro horas, hasta que fue liberada.
Según sostuvo Filipini, las autoridades del gobierno de Formosa -que se limitan a hacer declaraciones en conferencias de prensa diarias en las que informan el estado sanitario- mantienen aislada la localidad de Clorinda por su cercanía a Paraguay: “La excusa de ellos es que no nos pueden desbloquear por estar a 50 km de Asunción. Pero, si ellos no cuidan la frontera, no está en nuestras manos pagarlo. Además, el virus ya está en circulación. Es ridículo seguir considerando que podemos ser un riesgo de contagio para la provincia”.
Los clorindenses reclaman la apertura de la ciudad y la libertad de circulación, en particular, para las personas que deben someterse a tratamientos médicos en la capital de Formosa. “Murió más gente por el abandono de sus tratamientos oncológicos y cardíacos, que por coronavirus. Esta semana le tocó a un amigo mío”, se lamentó Filipini, y detalló: “No puede entrar ni salir de la ciudad nadie sin permiso especial ni test PCR con resultado [de Covid-19] negativo. Si lográs salir, solo podés hacerlo por 12 horas. Si te pasás de ese tiempo, tenés que quedarte en cuarentena en los centros de aislamiento de la ciudad de Formosa”.
Los habitantes de Clorinda tienen tres horas de viaje -entre ida y vuelta- a la capital, y les quedan libres nueve horas para asistir a turnos médicos y hacer sus trámites. De exceder el rango horario, según explica Filipini, quedan aislados 15 días en los centros gubernamentales de la capital, y otros 15, en los centros locales, una vez que regresan a su ciudad. “También es difícil conseguir un turno. Decís que sos de Clorinda y te lo cancelan”, indicó la formoseña.
El jueves 18, por la tarde, el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de Formosa, Jorge González, viajó a Clorinda y recibió gritos y reclamos desesperados de clorindenses que pidieron por la apertura de la localidad.
Los clorindenses le reclamaron el desbloqueo al ministro Gonzales. Esta situación me impacto, de tanta angustia y dolor la señora cae al piso y el ministro continúa hablando como si nada, sin pedir ayuda médica. El dice cuidarnos ¿vamos a seguir tolerando tanta hipocrecia? pic.twitter.com/enS6v6A2DP &- Gaby Neme (@gabrielaneme) February 19, 2021
“Me preocupa el día a día. El estado policíaco que estamos viviendo”, decía uno de los vecinos, en un video publicado en las redes sociales. “¿Cómo quieren que esté? No es justo. No es justo”, se escuchó gritar a otra mujer, que rompió en llanto en el piso, mientras el funcionario conversaba, con la tranquilidad que lo caracteriza, con otro de los manifestantes. “Tendrán que esperar”, “nosotros nos tenemos que cuidar”, se limitó a decir González.
Varados en la ruta
En paralelo, continúan los casos de formoseños varados en Chaco, al costado de las rutas, a la espera de poder ingresar a la provincia que gobierna Insfrán. Cada día se suma alguna familia a la banquina de la ruta nacional 11, a quien la policía de Formosa mantiene demorada por horas o días hasta habilitar -o denegar- su ingreso.
“No me dejan pasar. Estoy desde la madrugada en la ruta, con hisopado negativo. Ya fue la policía a revisar mi casa en la capital, en donde declaré que iba a hacer la cuarentena, pero nadie viene a buscarme”, dijo ayer a LA NACION Zunilda Riquelme, una mujer de 69 años que se encontraba en la banquina de la ruta nacional 11, a las afueras de Puerto Eva Perón, a la espera de poder ingresar a Formosa.
Por la nueva disposición del gobierno provincial, dada la edad de Riquelme, la mujer quedaría exenta de ser trasladada a un centro de aislamiento gubernamental, pero su destino se mantiene incierto. “La pandemia me agarró de viaje en Perito Moreno y recién ahora me iban a dejar volver a casa, pero llevo 13 horas esperando en la ruta y no me lo permiten. Nadie me responde”, sostuvo Riquelme, y agregó, mientras se escuchaban reclamos de fondo: “Hay dos familias más esperando conmigo. Entre ellas, una mujer con su hija, que quiere entrar para empezar el colegio”.
La semana pasada, fue el turno de la familia de Silvana Centurión, la mujer que había sido demorada durante un día sobre el puente que cruza el río Bermejo, junto a su marido y su hijo de cinco años, cuando LA NACION visitó el lugar.“Mi cuñada y mis hermanos habían viajado a Corrientes para que lo operaran a él por un accidente, pero nunca pudieron volver a Formosa y no tienen más plata para seguir alquilando allá. Pidieron hace meses el permiso y les dijeron que podían entrar con un hisopado. Pagaron el test y, cuando llegaron, les dijeron que no servía. Están en la ruta sin poder entrar” dijo Centurión a LA NACION, el jueves pasado, mientras su familia -libre de Covid-19- permanecía en Chaco, al costado de la ruta, a la espera de poder cruzar a Mansilla. La policía formoseña demoró durante un día el paso a Lidia Estigarribia, sus hijos David y Lucas Monges y sus nietas de 12 y 14 años.
Reclamo por vivienda
En las últimas semanas, Formosa también ha sido foco de reclamo por una vivienda digna. Los formoseños -en su mayoría, mujeres solteras con hijos- han cortado las rutas en distintas oportunidades para pedir al gobierno de Insfrán la entrega de módulos habitacionales, en el marco de un programa que comenzó hace siete años y quedó truncado. En la segunda semana de febrero, varios grupos de personas cortaron, durante cuatro días, al menos cinco accesos a la ciudad de Formosa. Las protestas se reactivaron el jueves pasado y se mantuvieron por otros cinco días más en algunos focos, como en la ruta nacional 11, según confirmaron manifestantes a este medio.
“Levantamos el corte hasta que haya una solución. Defensoría del Pueblo accedió a dar una respuesta a las 300 familias que estamos reclamando. Esperaremos y, si no, se inicia de nuevo el corte”, indicó a este medio una de las mujeres que encabeza los reclamos.
Según el concejal formoseño Fabián Olivera (UCR), “hacía rato que no existían tantos cortes, con tanta gente en la calle”. “Nos tocó una semana de inundaciones, con caída de más de 100 mm en cuatro horas, y la gente no aguantó más y empezó a salir”, dijo a LA NACION Olivera, tras explicar que la mayoría de los manifestantes viven en barrios informales, inundables, que se ven afectados tras las lluvias y la crecida del río Paraguay.
El gobierno habría prometido a las familias la entrega de lotes de 10×20 y 10×30 metros, con agua, luz, una habitación construida y un baño; pero la vivienda nunca llegó y, desde 2017, no se adjudican casas. Habría más de 400 construcciones abandonadas, según sostuvo Olivera.
Para atenuar el impacto de las protestas, el Estado formoseño aceleró la entrega de algunos módulos, pero, lejos de que eso brindara calma, el reclamo se intensificó, porque las familias fueron trasladadas a viviendas sin puertas, ventanas, ni desagües. “El gobierno improvisó algunas entregas de módulos con ventanas rotas, abandonados, sin sortearlas, como debería hacerse, y a dedo. Sin agua. Eso empeoró el enojo de la gente”, detalló el referente del radicalismo, que desde hace tiempo hace un seguimiento del programa de solución habitacional de la provincia.
