Decidido a recuperar lo que considera fue un exceso de transferencias de recursos a la ciudad de Buenos Aires durante la administración de Mauricio Macri, el gobierno nacional, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y la empresa Playas Ferroviarias de Buenos Aires, presentó dos medidas cautelares por los terrenos sobre los que se realizaron los viaductos Mitre y San Martín, y las playas ferroviarias de Caballito y Palermo.
El objetivo de las medidas, según explicaron fuentes oficiales, es evitar el traspaso dispuesto por convenios que firmó el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, durante los últimos meses de la gestión de Macri; terrenos valuados en aproximadamente 50 millones de dólares.
Hace 15 días, según pudo saber LA NACION, la AABE, que lidera Martín Cosentino Moreto, terminó la auditoría interna sobre las cesiones que se realizaron en el último trimestre de 2019; es decir, después del triunfo electoral de Alberto Fernández.
En total se firmaron 34 escrituras, entre noviembre y diciembre último, que comprendieron los convenios del Paseo del Bajo y los viaductos Mitre y San Martín. También, uno por playas ferroviarias y la cárcel de Caseros, entre otros. El listado completo incluía unas 100 parcelas e inmuebles por un valor de 14.000 millones de pesos.
El informe que preparó la AABE lo presentó en la Jefatura de Gabinete, a cargo de Santiago Cafiero; en la Oficina Anticorrupción y en la Procuración del Tesoro.
Una de las presentaciones a la que tuvo acceso LA NACION es una medida cautelar de no innovar contra el gobierno porteño sobre los terrenos de los viaductos. Dicen las autoridades de la AABE que los terrenos fueron “otorgados en dación en pago” al gobierno de la Ciudad en el marco del convenio específico que firmaron el Ministerio de Transporte, la Agencia de Administración de Bienes del Estado y el gobierno porteño, que se celebró el 13 de noviembre de 2019.
En el gobierno de la Ciudad rechazaron que se haya tratado de una transferencia irregular. Según contó el vicejefe de gobierno, Diego Santilli, hace unos meses, cuando escaló el conflicto entre la Nación y la Ciudad, se trató de “una herramienta de pago con la que Nación abonó obras de su responsabilidad que realizó el gobierno de la Ciudad”.
Los predios son, esencialmente, terrenos ferroviarios en las inmediaciones de las líneas de tren San Martín y Mitre, y parte de los playones de Caballito y Palermo. El objetivo siempre fue el mismo: forzar al gobierno de Rodríguez Larreta a devolver esas parcelas.
Pese a que la decisión de judicializar la disputa sumó mayor tensión a la relación, las conversaciones entre el Ministerio del Interior, que conduce Eduardo De Pedro, y las autoridades porteñas no se cortó, dijeron fuentes oficiales.
El duelo entre Nación y Ciudad tiene varios temas aún en disputa. El último capítulo se dio hace un mes. Mediante una carta, el ministro de Economía, Martín Guzmán, instó a Rodríguez Larreta a reunirse para lograr un acuerdo sobre la coparticipación que le corresponde a la ciudad de Buenos Aires en el marco de lo que establece la ley 27.606, norma que se aprobó a fin del año pasado. La Ciudad rechazó la invitación con el argumento de que participar del encuentro convalidaría la ley que denunciaron como inconstitucional ante la Corte Suprema.
Es justamente el máximo tribunal el que debe resolver la cuestión de fondo sobre la iniciativa aprobada en el Congreso, que le quita a la administración porteña un 2,1% del dinero que recibía; unos $65.000 millones, lo que representa el 10% del presupuesto 2021.
Esa ley llegó cuatro meses después del primer zarpazo a las arcas de la Ciudad cuando, tras las protestas policiales en la provincia de Buenos Aires, el Presidente le redujo 1,18 puntos de la coparticipación al jefe de gobierno porteño y se los pasó al gobierno de Axel Kicillof.
La cuestión con los terrenos cedidos comenzó hace cinco años. Macri y Rodríguez Larreta suscribieron un acuerdo en el que la Nación se comprometía a subastar predios en desuso para financiar obras públicas en la Ciudad.
Un día después de la derrota electoral, el 28 de octubre, el expresidente firmó un decreto de necesidad y urgencia, el 740, con el que le otorgó a la AABE la facultad de “dar en pago” inmuebles para “cancelar deudas o afrontar compromisos”. A los pocos días de asumir, Fernández lo derogó porque, según dijo en el decreto, esa medida “desnaturaliza la función” del organismo.
