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Gerry Rice, vocero del Fondo Monetario Internacional (FMI) le dio la única buena noticia de la semana al gobierno. Dijo que el organismo analiza el acuerdo otorgado en 2018 a la Argentina de Mauricio Macri, para “sacar lecciones, de modo que podamos incorporarlas y trabajar aún mejor para servir a nuestros miembros en el futuro”. No es claramente un reconocimiento de algún error, que los hubo a montones, en el otorgamiento del crédito por US$57.000 millones. Pero es, de alguna manera, la carta que necesita el oficialismo para sentarse a negociar la postergación del acuerdo, de algún tipo e incluso sin desembolsos de fondos frescos, con una condición inamovible: dilatar los pagos al organismo lo más posible.
La causa es simple: este año la Argentina debe pagar poco más de US$18.000 millones por diversas deudas. De ese total, la mitad es un pasivo intragubernamental que no cuenta. El resto incluye US$6.000 millones al tamdem FMI-Club de París y apenas US$3.000 serían de pago impostergable. Para sacarse de encima esos US$6.000 millones, Martín Guzmán, o quién sea, tiene el argumento de los errores de la “línea” e incluso de la decisión política del Directorio del FMI para otorgarlo. Sería algo así como trabajar la culpa. La necesidad tiene fecha: octubre, las elecciones y un acuerdo que no incluya un ajuste tan taxativo como esperable.
Por otra, el equipo económico intenta darle un marco presentable a la negociación con el Fondo Monetario. Con el mercado de cambios bastante tranquilo y con la brecha, entre el dólar oficial y los privados, más acotada, la gente de Guzmán está esperando la liquidación de los primeros lotes de la cosecha gruesa (con precios altos) el mes próximo para robustecer las menguadas reservas de libre disponibilidad.
En el mientras tanto, el pago del impuesto a la riqueza también le da aire al mercado de cambios. Tanto por la venta de bonos (un factor marginal, pero que también suma en la caída de los precios de los títulos públicos y en la suba del riesgo país) como por la “desdolarización” compulsiva de las carteras de los contribuyentes afectados. Una parte de esas divisas también se negocian en el mercado informal y sirven para planchar aún más el dólar blue.La emisión y la asistencia del Banco Central al Tesoro está relativamente controlada y la política de colocación de deuda en pesos, muy costosa en el mediano plazo, reemplaza a la más inflacionaria emisión de pesos.
Pero también, para sorpresa de ortodoxos, los números fiscales podrían provocar alguna satisfacción entre los burócratas del FMI. Las consultoras económicas, como en el caso de ACM destacan que “el resultado fiscal primario en enero de 2021 fue superavitario en $ 24.074 mill. (0,6% del PBI), el mejor dato luego de la irrupción del COVID-19. En el mes pasado los ingresos totales aumentaron 53,3% intraanual, mientras que los gastos primarios lo hicieron al 43,8%. De esta manera, en términos reales los ingresos totales subieron por encima de los gastos primarios por primera vez luego de la pandemia”. Es verdad que en enero hubo un ingreso extraordinario por retenciones una vez resuelto el paro en los puertos, pero así y todo la cifra vale.
Sin embargo, más que la foto interesa ver la película. Sobre todo la columna de los gastos que es donde se verificará, en definitiva, la viabilidad del programa económico para el FMI. Así, dentro de los gastos primarios, las prestaciones sociales crecieron 30,5% entre enero de 2021 y el mismo mes del año pasado. Las jubilaciones y pensiones crecieron 33,4% (4% por debajo de la inflación interanual), producto del incremento en los haberes por aplicación de la movilidad jubilatoria. Por su parte las la Asignación Universal por Hijo creció 35,8% en términos nominales. El rubro “Otros programas sociales” que reúne el REPRO II y otras iniciativas para morigerar los efectos de la pandemia solo creció 25,1% en el año, ya que comenzaron a aplicarse después de la pandemia y, además, en los últimos meses se verificó una desaceleración de los gastos por la pandemia.
En todos los casos, y contraponiendo la realidad con el relato, la asistencia social incluso en plena pandemia, creció por debajo de la inflación. Y se reconfirmó, pese a la palabra presidencial, que los jubilados son parte esencial del ajuste en el gasto. Como también que lo seguirán siendo. Y algo parecido sucedería con los ingresos de los empleados públicos, que tienen destino de suba por debajo de la inflación. Quedaría por resolver el tema de las tarifas y de los subsidios. Cuestiones que, con retoques menores, quedarían para el tercer trimestre. Y mientras, vamos viendo.
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