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Lázaro Báez no termina de digerir la condena a doce años por lavado de dinero que el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) le dictó la semana pasada en el caso de la Ruta del Dinero K, y que devino en una grave sentencia contra sus cuatro hijos, que suma más problemas en su frente judicial: el juez penal económico Javier López Biscayart envió a Lázaro y a tres de sus hijos a juicio oral por evasión impositiva, facturas apócrifas y créditos fiscales inexistentes. Se estimaron delitos tributarios por más de 20 mil millones de pesos. Para todas las maniobras se utilizó a Austral Construcciones, la firma en el centro de las operaciones de blanqueo.
Las acusaciones en el fuero penal económico se construyen bajo la premisa de la evasión impositiva falseando declaraciones, utilizando facturas apócrifas y créditos fiscales inexistentes entre el 2008 y el 2014. Durante parte de ese período, la justicia federal sostuvo que Austral Construcciones fue utilizada para lavar 55 millones de dólares.
En el expediente que el juez López Biscayart elevó a juicio oral, el contratista K recibió un embargo de 2 mil millones de pesos. El cálculo al que arriban los investigadores es que durante los años precisados en el caso, la evasión tributaria cometida el Grupo Austral llegaría a más de 20 mil millones de pesos.
Pero, una vez más, el expediente no sólo coloca a Lázaro Báez en el centro de las maniobras, sino también a sus hijos. En esta oportunidad, fueron enviados tres de ellos: Martín (preso desde febrero de 2019), Leandro y Luciana Báez. Todos ellos fueron condenados en la Ruta del Dinero K a nueve, cinco y tres años de prisión respectivamente.
Los delitos tributarios y por los que deberán responder en un debate oral incluyen también a los directivos y contadores del holding: Hugo Uribe, Julio Mendoza, César Andrés, Claudio Bustos, Emilio Martín, María Cristina Gonzalez, Tomás Garzón, Eduardo Larrea y Eduardo Arrejin.
Hay que recordar que la semana pasada al condenar a Báez y a sus cuatro hijos -entre otros-, por lavado de dinero, dos de los tres jueces del TOF 4 señalaron que los delitos precedentes de la operaciones de blanqueo provenían de la obra pública recibida del gobierno kirchnerista (caso por el que se juzga a Cristina Kirchner) y los delitos tributarios. Fueron las maniobras que permitieron que el empresario K contara con fondos que después se volcaron a las maniobras de lavado.
Este nuevo caso por el que Báez y tres de sus hijos deberán comparecer ante un Tribunal Oral Penal Económico (TOPE), tiene un antecedente. Antes de que Ricardo Echegaray disolviera la delegación Bahía Blanca de la AFIP, en 2013, se había descubierto que en esa ciudad existía una usina de facturas truchas por más de 55 millones de pesos. Se señaló que la AFIP durante la gestión kirchnerista omitió darle al juez López Biscayart informes con los verdaderos números de la evasión. Fue recién tras el cambio de gestión y el aporte del ex director de Interior de la AFIP Jaime Mecikovsky, que la justicia pudo obtener la documentación para determinar la deuda fiscal real.
El juez detectó la registración irregular en los balances o emisión de cheques dudosos de parte de Constructora Patagónica Argentina SA, Grupo Penta & Cia SA, Calvento SA, Terrafari SA, Valle Mitre SA, Austral Agro SA, Conde Marketing SA, Víctor Masson Trasportes Cruz del Sur SRL, Jose Luis Espinosa, Vialtec SA, Consultarq SRL, Dionicio Miranda Orosco, Héctor René Jesus Garro, Humberto Víctor Navarro, Strella Construcciones SA y AC SRL. Todo este conjunto de sociedades, confluyen en negocios con Austral Construcciones.
El juez logró ir más allá, y corroboró que la existencia de una estructura que posibilitó la repatriación de fondos de un fideicomiso que iba a destinarse a la construcción de un complejo hotelero en Cayo Chapel frente a Belice, el mismo paraíso fiscal y turístico. Desde Austral Construcciones sostuvieron que habían realizado una inversión de cien millones de dólares en ese proyecto.
Como el hotel no se hizo, el pago de una indemnización de empresas offshore por el proyecto produjo “la registración de un ingreso extraordinario que no correspondería a una indemnización real –abonada por el Fideicomiso de Inversiones Transnacionales Agrupadas en 2009 derivadas de un laudo arbitral- sino a un reingreso mediante las cuales se documentaron operaciones ficticias”. En esta maniobra intervino la financiera suiza Helvetic Service Group que compró SGI “La Rosadita” en el 2011.
En las maniobras de evasión, el juez afirmó que “se ocultó maliciosamente la verdadera naturaleza del vínculo entre Austral Construcciones SA y Valle Mitre SRL –luego Valle Mitre SA-, con la finalidad de favorecer la evasión de una fracción sustancial de los tributos correspondientes de Austral Construcciones SA y procurar la impunidad de sus responsables”. Valle Mitre administró Hotesur , la empresa hotelera de la familia, Kirchner hasta el 2013, mientras Báez era el principal contratista de obra pública en Santa Cruz.
Para López Biscayart, Báez era quien en última instancia “aprobaba las órdenes de compra a proveedores: era él quien podía aprobarlas o rechazarlas y dar nuevas indicaciones”. Sostuvo que no salían fondos de la empresa sin la autorización de su máxima autoridad o de Martín Báez, dueño del paquete minoritario de la constructora.
En otro punto, se explicó que el sector contable y de administración de la empresa reportaba directamente a Lázaro Antonio Báez, quien asimismo poseía el dominio de los manejos financieros de la empresa. “El gobierno de las acciones o las decisiones empresariales eran tomadas por Lázaro Antonio Báez”, sostuvo el juez.
