Argentina
España
USA
Israel
Desde el Colegio Profesional Inmobiliario de la Ciudad buscan la derogación de la Ley de Alquileres, la 27.551, vigente desde hace 8 meses pero puesta en marcha desde el lunes 1 de marzo. Referentes de la entidad se reunieron con distintos Diputados Nacionales para solicitar que el Congreso deje sin efecto la norma sancionada en junio del año pasado
Los referentes del sector buscan derogar y cambiar la ley que se sancionó el julio del año pasado, según su entender, “se convirtió en un fracaso”, y cuyo peor resultado fue “una impresionante suba en el valor de los alquileres y un retiro masivo de propiedades del mercado locativo”.
Situación, que según expusieron los referentes del Cucicba, afecta “tanto a inquilinos como a propietarios, así como a las miles de familias que dependen de la actividad inmobiliaria en todo el país”.
Del primer encuentro participaron: Armando Pepe, Presidente del Colegio, y Hernán Iradi, Secretario de la Institución, con el Diputado Nacional Álvaro González (PRO, CABA), y tras la reunión el martes presentó un proyecto para avanzar en ese sentido.
“Nos alegra estar siendo, por fin, escuchados por parte de los legisladores nacionales, algo que no había ocurrido cuando se avanzó en la sanción de esta nociva Ley, que lo único que tiene de equitativa es que perjudica igualmente a todas las partes”, explicó Armando Pepe.
La nueva ley vigente tiene entre sus puntos más sobresalientes:
- la extensión de los contratos por un plazo mínimo de tres años
- la actualización de los valores en forma anual y a través de un índice elaborado por el Banco Central, que combina la evolución de los salarios del sector privado y la inflación.
“Esperamos que no falte mucho para que la mayoría de Diputados y Senadores de la Nación reconozcan el fracaso de la norma, y se puede avanzar cuanto antes en su derogación y modificación, brindando al sector la previsibilidad que tanto inquilinos como propietarios necesitan. El sector no puede seguir esperando”, expresó Marta Liotto, vicepresidenta del Colegio.
Por su parte, vicepresidente del Colegio. Hernán Iradi, indicó que “ojalá este sea el primer paso para que desde el Estado se deje de intervenir y asfixiar el mercado formal de alquileres, que tenía un funcionamiento normal antes de esta Ley, y la Política pase a enfocarse en los verdaderos problemas de nuestra sociedad, como es la crisis habitacional”.
Proyectos
Uno de los proyectos que dan vuelta para modificar la ley sancionada el año pasado es de los diputados de Juntos por el Cambio, Luciano Laspina, Jorge Enriquez y Alberto Asseff. Buscan derogar y modifica la normativa. Su punto principal es generar beneficios fiscales para la construcción de vivienda para alquiler, y mantener los incentivos tributarios a la construcción de inmuebles.
En este se promueve que la acción de desalojo se realice a través de un juicio sumarísimo, lo que permite que el juez ordene la inmediata entrega del inmueble.
Otro proyecto, también, de Juntos por el Cambio, del diputado Álvaro González propone dos modificaciones: cambiar el plazo mínimo para el alquiler, que con la nueva ley pasó de dos a tres años, y se busca que se vuelva atrás, y derogar la actualización anua y Hernán Iradi.
Fin al congelamiento de precios
El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi confirmó el martes que no habrá una nueva extensión del congelamiento de alquileres y suspensión de desalojos sino que se hará uso de las herramientas que generó la nueva Ley de Alquileres, y destacó los recursos que destina el Estado para generar soluciones habitacionales.
El decreto que congela alquileres y suspende desalojos finaliza el 31 de este mes, y a partir de ese momento los inquilinos que tuvieron dificultades durante la pandemia para cumplir con los contratos deberán comenzar a pagar en cuotas la diferencia acumulada.
“La Ley de Alquileres se reglamentó y los desalojos tienen que pasar por el Ministerio de Justicia para mediación, ya no va a haber extensión del DNU”, dijo el ministro en diálogo con Télam, en referencia a la medida adoptada por el Gobierno nacional durante los meses de pandemia para proteger a los inquilinos.
El funcionario reafirmó que “no hay extensión, lo más fuerte en la reglamentación de la Ley de Alquileres es la mediación de los desalojos y la inscripción en AFIP de los contratos”.
La Ley de Alquileres establece que el Ministerio de Justicia debe facilitar ámbitos de mediación y arbitraje gratuitos o de bajo costo para la resolución de conflictos derivados de los alquileres.
Inscripción de alquileres
En tanto, la obligatoriedad de inscribir los contratos en AFIP entró en vigencia este lunes, y los propietarios que no tengan registrado el contrato podrán ser multados, al tiempo que no podrán llevar adelante juicios de desalojo.
La implementación del Registro de Locaciones de Inmuebles permite que la entidad que dirige Fernanda Raverta simplifique el procedimiento para que los inquilinos deduzcan sus alquileres del impuesto a las Ganancias.
“Los locatarios que declaren sus contratos en el registro podrán acceder a la deducción de hasta el 40% del monto del alquiler sin necesidad de presentar una factura emitida por el locador”, indicó la AFIP.
Según el organismo, “la cantidad de personas que efectivamente acceden a ese beneficio es muy limitada”, y “esto responde a que son muy pocos los propietarios de inmuebles que emiten las facturas necesarias”.
Para simplificar el procedimiento y garantizar el acceso al beneficio, cuando un inquilino presente su contrato en el registro, la posibilidad de deducir la porción correspondiente del Impuesto a las Ganancias figurará en forma automática en el Sistema de Registro y Actualización de Deducciones del Impuesto a las Ganancias (Siradig).
Fuente Clarin
