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No hubo sorpresas. Mientras su enojo y su énfasis iban creciendo junto con la evolución de su discurso, este jueves Cristina Kirchner repitió la línea argumental que viene sosteniendo y que ahora inundó la prédica de todo el gobierno: el poder judicial de la Nación es poco menos que una gran logia conspirada para perseguir a los funcionarios kirchneristas -estén o no en el poder- y la causa por supuestas irregularidades con la venta de dólar futuro en 2015 son un excelente ejemplo de esa caza de brujas, al convertir en delito una decisión política soberana.
Sembrada por las habituales digresiones, chicanas y ataques personales contra jueces y opositores, resultó difícil llegar al hueso de la tesis a través de la cual la vicepresidenta pretendió convencer a los jueces de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal de que no vale la pena darle luz verde al Tribunal Oral Federal 1 para que inicie las audiencias del juicio por supuestas irregularidades en la venta de dólar futuro a partir del 30 de octubre de 2015 y hasta el 9 de diciembre, último día de Cristina en la Casa Rosada.
Sin embargo, debajo de toda esa hojarasca política pudo encontrarse aquel argumento: la venta de dólares a través de contratos a futuro -en los que se concreta hoy la venta de billetes verdes que se entregarán tiempo después- es una atribución de las autoridades, y no puede ser judicializada ni asimilada con delito alguno, sea cual fuere el resultado económico de esas decisiones.
Un razonamiento que podría encajar perfectamente ante la prometida denuncia oficialista -y la que ya está bajo investigación, que Alberto Fernández omitió en su discurso del lunes- contra Mauricio Macri y sus ministros por el multimillonario préstamo acordado con el Fondo Monetario Internacional en 2018.
No se trata aquí de evaluar la pertinencia o no de ambas políticas, ni tampoco la calidad jurídica de las denuncias penales en su contra, formuladas tanto por dirigentes del macrismo -respecto al dólar futuro- como del kirchnerismo, para investigar si hubo dolo en la toma del crédito con el FMI. La lupa está puesta en la similitud de todas aquellas acciones, sólo que con los protagonistas invertidos según la circunstancia.
Aunque suene obvio mencionarlo, los tribunales sólo deben intervenir ante situaciones tipificadas en el Código Penal de la Nación, que si fueron cometidas por funcionarios nacionales quedarán bajo la mirada de la justicia federal. Cualquier conducta que no pueda ser claramente reflejada por uno o varios de los artículos del Código debería ser ignorada por los jueces y fiscales, para mantenerse sólo bajo la observación ciudadana de los actos políticos de sus representantes.
Este es el corazón del caso Dólar futuro, y también del gigante préstamo del Fondo: en ambos casos, el país debió -y deberá- afrontar onerosos pagos contraídos por sus dos últimos gobiernos para salvaguardar la precaria estabilidad económica en la que habían quedado. ¿Ese costo es asimilable automáticamente con un delito?
En el expediente contra Cristina, Axel Kicillof, Alejandro Vanoli y otros ex funcionarios, se analizó si se había violado la Carta orgánica del Banco Central -que es una ley- con la orden de la presidenta y su ministro de Economía para vender millones de dólares al fantasioso precio oficial de octubre de 2015 -10,65 pesos– pero que serían efectivamente liquidados al año siguiente, cuando el casi unánime consenso local e internacional consideraba inevitable una devaluación. De hecho, en el mismo momento en que se negociaban los contratos a 10 pesos, el dólar ya se cotizaba y se vendía a 15 pesos en los mercados “ilegales”, como gustaba calificar al kirchnerismo. Eso ocurría en todos lados, pues con un fuerte cepo cambiario, aquella cotización oficial sólo existía para unas pocas operaciones puntuales.
La justicia consideró entonces que se estaba perjudicando a las arcas públicas dolosamente, es decir sabiendo que se “regalaban” dólares a un precio vil que necesariamente sería sincerado por el siguiente gobierno. Desde el kirchnerismo, en cambio, afirman que la devaluación fue voluntaria y que ese fue el verdadero acto doloso contra el patrimonio nacional. Si se hubiera mantenido el precio de la divisa como anunciaba en sus carteles el Banco Central -y sólo allí, en los carteles- no hubiese habido perjuicio alguno.
Vamos del otro lado del espejo: los ex funcionarios macristas asemejan parcialmente su argumento al de Cristina cuando intentan explicar los motivos del crédito con el Fondo Monetario. Dicen que la deuda pública acumulada era inmanejable cuando llegaron al poder en 2016, que pudo ser gestionada con “gradualismo” gracias a préstamos con los mercados que luego se cortaron de golpe, y que por eso se tomó la decisión política -vaya, esa expresión- de acudir al FMI para conseguir el dinero necesario para renegociar aquellas otras deudas pagando tasas más bajas. Desde enfrente, ya conocemos el eslogan: tomaron una deuda impagable comprometiendo el futuro de los argentinos para beneficiar “a sus amigos” y hundir al país.
Desde la política, este empate retórico es otra muestra de las semejanzas entre los dos polos que vienen sucediéndose en el poder y siguen pujando por dominar la agenda pública. Pero en los tribunales esos galimatías no corren. Allí habrá que convertir el ruido en alguna melodía mínimamente identificable para convencer a los jueces de que el otro es culpable de horribles delitos contra la Nación. Y de que yo soy inocente de esas aberraciones, sin embargo tan parecidas.
Fuente Clarin
