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La audiencia de los acusados por supuesta administración fraudulenta en la venta de dólar futuro ante la Cámara de Casación marcó la agenda judicial de este jueves. Cristina Kirchner habló durante casi cincuenta minutos con un explosivo discurso criticando a la justicia. Pero al final de esa videoconferencia convocada por la Sala I del máximo tribunal penal, el fiscal Raúl Pleé reiteró algo ya planteado en diciembre: que el juicio contra la vicepresidenta, Axel Kicillof, Alejandro Vanoli y demás imputados debe realizarse.
Durante la instrucción se dio por corroborado que Cristina y su entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, junto a otros ex funcionarios, cometieron “un fraude descomunal al patrimonio público”, que le costó al Estado “55 mil millones de pesos”.
La vicepresidenta siempre mantuvo que se trataba de una política de Estado que no debía judicializarse. El recurso ante la Cámara de Casación se inició después de una pericia realizada por los especialistas del Corte Suprema, que concluyó que el Banco Central no había tenido pérdidas en su ejercicio de 2015. Entonces, los acusados pidieron el sobreseimiento y como consecuencia directa, que el juicio no se celebre.
El primero en rechazar ese planteo fue el fiscal ante el Tribunal Oral Federal 1 (TOF 1) que tiene a cargo el caso. Diego Velasco sostuvo: “En virtud de las conclusiones a las que han arribado los peritos, solicito formalmente que los mismos sean citados al debate para evacuar preguntas y formular aclaraciones al respecto de los puntos del peritaje allí contestados”, y que al estar agotada la etapa de instrucción “se disponga la pronta iniciación del debate”.
El TOF 1 avaló la posición de la fiscalía y rechazó los pedidos de sobreseimiento. Para Cristina Kirchner se trató de una “medida arbitraria” y por eso recurrió al máximo tribunal penal.
En la instancia superior, en diciembre pasado, el fiscal ante la Casación Raúl Pleé, se manifestó sosteniendo la postura de Velasco. “Más allá de los esfuerzos argumentativos, es notorio que la resolución recurrida no es una sentencia definitiva ni es equiparable a tal. Por el contrario, se trata de una resolución que dispone la continuación del proceso que, por su complejidad y la cantidad de partes, no se ha extendido por un plazo irrazonable”.
Bajo estos mismo lineamientos, Pleé entendió ahora que los imputados no pidieron el sobreseimiento “invocado una demora excesiva en el trámite de la causa, sino que la solicitud de las defensas se basa únicamente en el examen de una evidencia producida durante la instrucción suplementaria, a la cual asignan entidad suficiente como para evitar la realización del debate”.
El fiscal sostiene que la pericia señalada por las partes, que se compuso de al menos 80 puntos, no se trata de la única medida de prueba en el caso. Y que las conclusiones de la misma no son suficientes para impedir la realización del debate oral.
Este jueves, el representante del ministerio Público Fiscal fue el último en hablar durante la audiencia. Durante quince minutos, reitero su postura frente al pedido de suspensión del juicio y el dictado de sobreseimientos. “Hay otras soluciones jurídicas cuando se verifica la inexistencia de delito. Esto refiere a la falta de acción y no es el caso porque se da en atipicidad”, fue lo primero que planteo.
Pero centrándose puntualmente en el informe pericial, Pleé recordó que no puede agotarse en esa prueba la discusión sobre la responsabilidad penal del caso, donde se investiga una administración fraudulenta y negociaciones incompatibles. “En el análisis de la prueba pericial incorporada en la instrucción suplementaria se confunde la naturaleza del peritaje”, dijo, ya que “los expertos en el área contable no pueden expedirse sobre la responsabilidad penal, ellos solo responden preguntas relativas a su esfera de conocimiento, y únicamente aquellas que les han sido formuladas”.
Por eso entendió Pleé que esas dudas deben ser evacuadas en el debate oral, donde deben ser citados como testigos los peritos oficiales y los de parte que intervinieron en esa medida de prueba.
Al concluir su planteo, el fiscal pidió que la Sala I de la Cámara de Casación rechace los pedidos de sobreseimiento y habilite así que el Tribunal Oral Federal 1, tal como pidió el fiscal Velasco, inicie con el debate oral que tiene como principal acusada a Cristina Kirchner.
Fuente Clarin
