El Ministerio de Educación de la Nación realizó este viernes una presentación ante la Oficina Anticorrupción (OA) para promover una investigación en relación a transferencias de recursos estatales por 62 millones de dólares en el marco del Programa denominado “3.000 Jardines” impulsado en 2016 por el Gobierno de Mauricio Macri.
De los 3.000 jardines de infantes previstos solo fueron licitadas 292 obras y, finalmente, se concluyeron 107, señala un comunicado que resume la presentación y que fue difundido por Educación de la Nación.
Detalla ese texto: “La información recabada por el Ministerio de Educación a través del rastreo y análisis de más de 480 expedientes administrativos, corresponde a irregularidades en 4 licitaciones de un total de 17 para la realización de 93 jardines, ninguno de los cuales fue concluido, evidenciándose una falta de correspondencia entre las obras y montos erogados por la contratista frente a las sumas millonarias transferidas a las mismas”.
Señala Educación que el 34% del total de las obras licitadas en el año 2016 fueron adjudicadas a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) formada por Bahía Blanca Viviendas SRL y Escarabajal Ingeniería SRL, a pesar de un dictamen de la Comisión Evaluadora que indicaba que esa UTE “no tenía la capacidad operativa para absorber las obras”.
“Habiendo recibido transferencias por un importe total de U$S 61.920.462 sobre un total de U$S 92.357.315 que abarcaban los 4 contratos, ninguna de las 93 obras fue finalizada y por el bajo avance de las mismas, tras dos años de plazo, fueron rescindidas 53 de ellas que se encontraban entre un 50% y un 75% de avance, 19 registraban entre un 20% y un 49% de avance y 2 reconocían apenas un avance inferior al 20%. A su vez, se rescindieron 19 obras de mutuo acuerdo cuyo avance de estado promedio era del 11%”, avanza el documento distribuido este viernes por la cartera a cargo de Nicolás Trotta.
El monto total de los contratos superaba los 90 millones de dólares, y se desembolsaron 62 millones de dólares a lo largo del tiempo, lo que equivale, a la fecha, a casi 6.000 millones de pesos. Más allá del bajo rendimiento de su labor, la UTE adjudicataria de la construcción de los establecimientos siguió recibiendo transferencias monetarias hasta fines del mes de julio de 2018, señala Educación.
“Cuando asumimos la gestión tomamos conocimiento a través de la SIGEN de presuntas irregularidades en la ejecución de las obras. Nos dimos a la tarea de rastrear y analizar más de 480 expedientes administrativos. Una vez relevada la documentación, verificamos los créditos ante el conocimiento que ambas empresas integrantes de la UTE se habían presentado a concurso de acreedores sin haber informado a la Justicia que el Ministerio era su principal acreedor”, explicó Trotta.
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LGP
Fuente Clarin
