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El Gobierno nacional derogó este viernes el decreto de la gestión de Mauricio Macri que había modificado la Ley de MIgraciones para establecer mayores controles al ingreso de extranjeros con antecedentes delictivos y agilizar el trámite de expulsión de inmigrantes que delinquen en el país. Lo hizo a través de un decreto firmado por el presidente Alberto Fernández y todos sus ministros.
Los cambios a la política migratoria se habían establecido en 2017 cuando Macri firmó el decreto 70/2017 que creó un “procedimiento migratorio especial sumarísimo” con el objetivo de negar el ingreso y expulsar delincuentes extranjeros con mayor agilidad.
En aquel momento, la gestión macrista había argumentado que la medida se amparaba en que cada Estado tiene “la prerrogativa soberana de decidir los criterios de admisión y expulsión de los no nacionales” y respondía a “la duración de los procesos administrativos y judiciales” así como el aumento de extranjeros en las cárceles argentinas. Según se dijo, ademá, las personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario que en 2016 alcanzó al 21,3% de la población carcelaria total, cifra que subía al 33% entre los detenidos por narcotráfico.
Ahora, a través del decreto 138/2021, el Gobierno eliminó el endurecimiento de los controles fijados por el macrismo debido a que, según los argumentos, los cambios en la Ley de Migraciones “resultan irreconciliables” con la Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos, “entre los que cabe mencionar la violación al principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal, la restricción a un control amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa, la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del y de la migrante sin definir las causas que la habilitan y la restricción a los derechos de reunificación familiar y dispensa por razones humanitarias”.
Además, el DNU firmado por Fernández asegura que la medida tomada por Cambiemos no generó “mejoras ponderables” y que, por el contrario, “se agravó exponencialmente la litigiosidad en materia migratoria” desde su entrada en vigencia.
La decisión de Alberto Fernández está sostenida, según el DNU, en la “preocupación” expresada por distintos organismos internacionales, que había pedido la derogación del decreto de Macri, como el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité contra la Tortura, todos ellos de la Organización de las Naciones Unidas.
“La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido enfática con relación a la protección de los y las migrantes, señalando que los Estados deben respetar sus derechos humanos y garantizar su ejercicio y goce a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción, sin discriminación alguna por su regular o irregular estancia, nacionalidad, raza, género o cualquier otra causa; existiendo límites a la aplicación de las políticas migratorias que imponen un apego estricto a las garantías del debido proceso y al respeto de la dignidad humana, cualquiera que sea la condición jurídica del o de la migrante”, afirma el Gobierno en el DNU publicado este viernes en el Boletín Oficial.
Asimismo, mencionó que ese organismo también manifestó que “la protección de los derechos humanos requiere que los actos estatales que los afecten de manera fundamental no queden al arbitrio del poder público, sino que estén rodeados de un conjunto de garantías enderezadas a asegurar que no se vulneren los atributos inviolables de la persona, dentro de las cuales, acaso la más relevante tenga que ser que las limitaciones se establezcan por una ley adoptada por el Poder Legislativo, de acuerdo con lo establecido por la Constitución del país respectivo”.
En el mismo decreto, el Gobierno ordenó la creación de una Comisión Asesora de Política Migratoria para discutir y promover ideas para la modificación de la Ley de MIgraciones.
En el inicio de su mandato, en enero de 2020, Fernández había anticipado que evaluaba derogar el decreto del macrismo que imponía mayores restricciones migratorias.
“La Argentina ya tiene un régimen antes que Macri diga nada, que marca que cuando un extranjero es condenado es susceptible de expulsión. Lo que Macri hizo fue autorizar expulsiones sin condenas y esto parece muy peligroso porque se puede convertir en un acto de persecución contra alguna población”, indicó en aquel momento el mandatario.
JPE
Fuente Clarin
