En medio de la polémica por la decisión de Alberto Fernández de derogar el decreto 70/2017 que agilizaba la expulsión de extranjeros que delinquen y endurecía los controles migratorios, el Gobierno nacional presentó otra denuncia por espionaje ilegal contra la gestión de Mauricio Macri.
La denuncia, que la Dirección de Migraciones realizó en octubre pasado pero recién fue difundida este viernes, expone que en esa repartición hubo entre 2016 y 2019 funcionó un sistema de “seguimiento ilegal” para “obtener información en tiempo real relativa al ingreso y egreso al territorio nacional” sobre unas 58 mil personas, sin que mediara ninguna orden judicial.
Según el Gobierno, en los registros figuran accesos a los registros migratorios e información reservada de políticos, empresarios, periodistas, deportistas y artistas.
Entre los principales nombres espiados que surgen de la denuncia figuran la vicepresidenta Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, el ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido; el líder camionero Hugo Moyano y su hijo Pablo, políticos como Francisco de Narváez y referentes sociales, entre los que está Sergio Maldonado, hermano de Santiago, el artesano cuya desaparición y muerte en medio de un conflicto mapuche tuvo en vilo a la clase dirigente durante 2017.
Pero también, dice la denuncia. se violó la información reservada de dirigentes de la anterior gestión. Incluso, el ex ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien tenía bajo su órbita el área, asoma entre los “espiados”.
Al mismo tiempo, fuentes oficiales aseguraron que las consultas a las bases de datos migratorias “manuales”, es decir sin que surgiera un aviso automático, pero tampoco mediara ninguna orden judicial, se extendieron al titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y su esposa y titular de Aysa Malena Galmarini, “los cinco jueces de la Corte Suprema de Justicia” y figuras de Juntos por el Cambio, entre los que mencionaron al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió, el diputado nacional -y ex ministro de Seguridad de Provincia- Cristian Ritondo y el ex senador Miguel Angel Pichetto.
Del mundo del deporte, hubo acceso a los movimientos del goleador de Boca Carlos Tevez, la esposa de Lionel Messi, Antonella Roccuzzo.
En tanto, entre las figuras del espectáculo se consultó la información de Mirtha Legrand.
Del universo periodístico, en tanto, se siguieron los ingresos y egresos de periodistas como Luis Majul y Eduardo Feinmann,
El Gobierno no personalizó la denuncia contra ningún funcionario, sino que instó a la Justicia para que investigara el hecho, además de “dar de baja de manera inmediata las alertas que no contaban con un requerimiento legal”. Según precisaron en Casa Rosada, la denuncia recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 2, a cargo de Sebastián Ramos. “Todavía no se movió la investigación, no se ordenaron medidas de prueba ante Migraciones”, dijeron desde el Gobierno, dando a entender que no generó interés.
“Este seguimiento ilegal, que viola además la protección de datos personales, no contaba con ninguna autorización judicial ni requerimiento formal alguno”, concluye el informe que preparó la actual directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, con el aval del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro.
Al parecer, el espionaje “se apoyaba en el sistema Halcón, creado para tramitar los requerimientos judiciales” y “sirviéndose de este dispositivo, montaron otro paralelo e ilegal para realizar un espionaje con fines ajenos al interés público o de Seguridad”. “Cuando llegaba a Ezeiza una persona que figuraba en ese listado, se disparaba una alerta sin conocimiento del personal migratorio que rebotaba en otro sistema, en el que figuraba la orden de dar aviso a distintas personas”, amplió Carignano ante la consulta de Clarín.
Al respecto, Carignano se limitó a exponer que no había una sola persona designada como responsable de recabar esa información, sino que eran varios los destinatarios de esos avisos. Entre ellos, según puntualizó, figuraban funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia, cuyas anteriores autoridades son investigadas en otra causa por espionaje ilegal. “No sabemos con qué finalidad se utilizaba esa información, pero sí que era ilegal, ya que no estaba justificada con ninguna orden judicial”, explicó la funcionaria.
El mecanismo denunciado, agregó el informe de Migraciones, consistía en que “en tiempo real y mediante alertas específicas, había indicaciones sobre a quién se debía avisar si determinada persona entraba o salía del país”.
Más allá de las alertas “automáticas”, el ingreso a la información de forma discrecional se produjo, según las actuales autoridades, porque “se detectó un excesivo otorgamiento sin criterios alguno, de claves que permitían acceder a información personal de ciudadanos y sus movimientos migratorios”. Ahí Carignano sí responsabiliza a su antecesor, Horacio “Toto” García, actual secretario de Seguridad de Mar del Plata.
Había, según precisaron, 29.344 claves, de las cuales “20.400 fueron otorgadas injustificadamente a la Policía de la Ciudad“. “Si consideramos que al momento de otorgar las claves dicha fuerza de la Ciudad contaba con sólo 13.000 mil policías, la fuerza poseía de manera ilógica más claves que policías”, cuestiona Carignano, que dijo haber reducido a sólo 100 claves de acceso a policías de las distintas provincias, Poder Judicial y organismos de Seguridad.
Fuente Clarin
