Coma inducido para el Congreso

La oposición entró en sintonía con el formato que el gobierno fuerza para el año que se corona con las elecciones de octubre: coma inducido al Congreso y estridencia para la polarización. No le queda otro camino al oficialismo, que perdió plano de sustentación con la crisis de las vacunas y debe improvisar un nuevo programa para enfrentar al enemigo invisible de todos los gobiernos del mundo, el virus. Lo último que necesita es la vidriera insolente para sus debilidades en un Congreso de puertas y ventanas abiertas. Con el colapso de la épica vacunatoria -que iba a ser la principal herramienta para tomar la delantera en las elecciones -perdió el prestigio que había ganado la agenda sanitaria en la opinión pública (encabezaba las encuestas), y a su principal ministro, el comandante Ginés, generalísimo de todos los ejércitos. Perdió el año, a su equipo y tiene que rearmarse para enfrentar la derrota que le infringió la oposición. La anécdota insiste en la desprolijidad adentro, con la orgía del reparto de la droga y la frivolidad del fuego amigo. Pero la agenda de la peste y la cabeza de Ginés eran el blanco de la oposición desde hace meses. Y ha logrado su objetivo. El gobierno se dispersa en ajustes de cuentas, los entornos más fieles del presidente braman por la debilidad en no defenderlo a Ginés, un amigo que después de todo se fue a la casa por atender pedidos para amigos de los amigos. Menuda grieta. Pero ojo, con el tiempo el alma criolla y gardeliana perdona estos “refalones afectivos”, para emplear una frase bergogliana.

Cristina cedió más presencialidad en sesiones del senado

Ese estado mental y político explica que el gobierno haya decidido congelar la tarea legislativa. En Diputados esta semana no tiene convocatorias a sesiones. Sólo largas reuniones informativas de Sergio Massa con tribus sindicales a las que el gobierno les dará más facilidades para la baja del impuesto a las ganancias, un proyecto que nadie rechaza. En el Senado habrá una sesión este miércoles para designar jueces, con un protocolo manso. Cristina volvió a ceder ante la oposición y amplió, en un decreto del miércoles, la presencialidad de senadores en el recinto. Lo negociaron Humberto Schiavoni y Luis Naidenhoff con José Mayans, y la vicepresidente puso la firma. La insistencia en el formato virtual, tan defendido por el oficialismo del Senado, fue el año pasado algo innegociable. Hoy pasó a figurar como otra de las batallas perdidas ante la oposición. Los años electorales son poco productivos en materia legislativa. La Argentina es, desde la reforma de 1994, un país semiparlamentario. Todo lo importante pasa por el Congreso y las sesiones se han convertido en tribunas para librar batallas que se pasan y se repiten por TV. ¿Cómo admitiría el oficialismo que se abra Diputados, para que la oposición le atice pedidos de informes y de interpelaciones al jefe de gabinete o a la ministra Vizzotti? Los sacó de juego que hayan debido aislarse, pero sería una torpeza que el gobierno le cediera luz y taquígrafos a una oposición que sigue colgada del alambrado festejado la crisis en la que se sumió el gobierno. Esta oposición espera el momento para convocar a una sesión especial en minoría, para ocupar espacio y mortificarlo más aún al gobierno.

Macri no teme amenazas de Alberto

Alberto y Cristina echaron mano del recurso de atacar al sistema judicial porque saben que es la forma de enganchar la atención de un sector del periodismo y también de la dirigencia. Las amenazas de comisiones y de querellas no pueden asustar a nadie. La colectividad política viene amenazando con purgas y razzias en la familia judicial desde hace más de 30 años. No han logrado casi nada y, por el contrario, se han convertido en una fábrica de rehenes, para que los jueces aumenten su poder. La estrategia de instalar esa amenaza de terror busca movilizar a la oposición en debates de callejón sin salida. Las reformas que quiere el gobierno son tan caras, complicadas, y hasta enredan intereses cruzados que se anulan entre sí, que nadie apuesta nada por su sobrevida después de turno electoral. Ni les meten miedo a sus adversarios: la Corte se ha cansado de dictar sentencias contrarias al interés del peronismo gobernante. Tampoco intimidan a los políticos. Le preguntaron a Macri si estaba inquieto por la amenaza de una denuncia por el crédito del FMI. “Para nada”, respondió en sus oficinas de Olivos, adonde recibió a dirigentes durante toda la semana. La oyó a Cristina en su diatriba contra la justicia en el caso dólar futuro junto a un senador de su partido. Habrá comprendido que los argumentos de ella contra esa causa son los mismos que servirán para desbaratar la que amenazó con promover Alberto quien, además, habló como si no supiera que ese tema ya está en la justicia. No son temas judiciables, a menos que quieras empapelar a alguien para asustarlo o embromarle la vida. Pero no funcionó ni en las acusaciones contra los responsables del Megacanje delarruista. Desvelos y gastos en abogados, sólo para darle tema a los locutores y demás charlatanes de electrodoméstico (lo son la radio, la TV la computadora; se venden todos en locales de la línea blanca, Ahora 12, como las licuadoras y los secadores de pelo). También se muestra eufórico Macri cuando recuerda que tenía razón al decir que Alberto no era un dialoguista. Algo que le festejan los halcones de Juntos por el Cambio.

Reaparecen Macri y Pichetto, de gira

Macri se desvela por otros formatos de campaña, como los que ensayaron antes Cristina, Elisa Carrió o los que fatiga Patricia Bullrich: la campaña con un libro. Este fin de semana tiene que decidir el modo de presentación, dónde y con quién. Será el 18 de marzo en la Capital, en el acto público más importante desde que dejó la presidencia. Este semana, se le adelanta Miguel Pichetto y el sello Peronismo Republicano, con un lanzamiento que arriesga a ocupar una fecha emblemática del peronismo, el 11 de marzo, día de la victoria de la fórmula Cámpora-Solano Lima. La revisión setentista instaló que era el nacimiento de un peronismo insurgente – es lo que hace la marca La Cámpora, en la que se identifican los jóvenes viejos del cristinismo. Para el peronismo que alza el exsenador, es la fecha del retorno al poder de un Perón más republicano, que buscaba ampliar la base de su partido. El acto tendrá una asistencia de más de 500 dirigentes de todo el país y lo alberga Joaquín de la Torre, ex ministro vidalista, en el municipio de San Miguel. Llevan a otro nombre emblemático de aquel peronismo, Claudia Rucci, hija de José, el sindicalista asesinado por los Montoneros en represalia por la condena de Perón a que continuasen con la lucha armada. La liga de los republicanos puede agregar otro nombre, el de Juan Carlos Romero, que también ha fichado como republicano.

Exagerada confianza en el efecto político del insulto

El descongelamiento electoral lo produce la justicia, que ya ha mandado a decir que no le va a facilitar al gobierno nada de lo que esté a su alcance. El oficialismo juega su destino como los aficionados, todo a un solo número, pleno coronado: azotar a los jueces metiéndose no con su pasado sino con su futuro, es decir, las jubilaciones. Empezó el año pasado con la reforma que les recortó beneficios. Ahora los arrincona con intimaciones de la ANSeS a que se vayan los que tienen trámites iniciados. Siguen las andanadas de artillería desde los atriles más altos, el presidente en el Congreso, Cristina ante la Casación. Los argumentos son los esperables de los reos: “ustedes están ahí y yo acá, procesada”. ¿Esparaba otra cosa o es un lamento en el desierto? Exagerada confianza en los efectos de los insultos. Cuando existía el delito de desacato eso no se podía hacer ante un magistrado. Esa figura la eliminó el Congreso por un proyecto de Carlos Menem que nació en Neuquén, cuando la policía detuvo a una vecina que lo había insultado. Tuvo un gesto de magnanimidad, ordenó la liberasen y pidió de inmediato la derogación del delito de desacato. En realidad, su gobierno estaba obligado a hacerlo por un compromiso tomado con la Corte Interamericana, en la cual la Argentina había perdido un juicio entre un juez de la Corte Suprema y un periodista – quien destapó la trama de los vacunatorios VIP, el perro que lo vacunó a Ginés. Si Cristina tuviera la experiencia en litigios de sus abogados, sabría que los jueces están curtidos en recibir insultos y amenazas de los acusados. Más aún, quien decide ser juez en la vida le debe gustar ese tipo de respuesta del reo, como a los árbitros de fútbol. Si eligió ese empleo, es porque no le importan las puteadas. La reacción de Cristina revela una confianza exagerada en el simbolismo de su investidura: insultar desde arriba no es lo mismo que insultar desde abajo, que es lo que les toca al común de los mortales.

El engreimiento, deformación profesional del poder

Es una variante del engreimiento, creer que por que se pertenece a una clase, una familia, un partido, una grey, un grupo – engreído es lo mismo que engrupido – justifica acciones. El poder suele usar el engreimiento como forma de encubrimiento. Desde este ángulo, la valoración de un hecho depende de quién la ejecute. Una ética falaz y a la carta, según la cara del cliente. Carlos Heller respaldó la modificación de la fórmula de actualización de las jubilaciones – a la baja, según el libreto del ajuste – diferenciándola de la que había aprobado el Congreso durante el gobierno de Macri. En la sesión dijo que la de Macri era “una fórmula aplicada en un modelo cuyo objetivo era ajustar los salarios, y que hubiera una pérdida real del valor del salario de los trabajadores frente al aumento de los precios”. La nueva fórmula Guzmán, en cambio es buena porque “es aplicada en un proyecto donde el presidente de la Nación, su ministro de Economía y cada uno de los referentes que tiene este gobierno insisten en que es imprescindible recuperar el valor adquisitivo del salario. (…) El piso está en la garantía de las políticas públicas. El piso está en que los salarios se van a incrementar. El piso está en que inevitablemente la recaudación impositiva va a subir, y todo ello arrojará una fórmula virtuosa”. Con el mismo aire de engreimiento, el propio Alberto Fernández defendió la conducta de la funcionaria Donda de acusaciones sobre el trato a una asistenta doméstica, con este planteo de superioridad moral: “El que conoce a Donda sabe que no tiene que ver con su naturaleza sacar ventaja del Estado”.

Queja estridente porque la causa se cae

El sketch del jueves pasado es oportuno, además, porque la causa de dólar futuro, como la del protocolo con Irán, descansa sobre la carátula viscosa de la presunta asociación ilícita. Esa figura sanciona delitos mafiosos – para eso fue creada a comienzos del siglo XX, para combatir mafias y al terrorismo anarquista. Castiga la pertenencia al grupo, y no un delito. Ya a finales de los años 90 la Corte Suprema lo liberó a Menem de esa carátula, sobre la base de una argumentacíón del penalista Raúl Zaffaroni: una gobierno no se forma, como una asociación ilícita, para delinquir indiscriminadamente. Se constituye para gobernar, y si sus miembros cometen delitos, deberán ser abordados desde el código penal, que pena delitos con autor específico. Esto quiere decir que Cristina alza la voz como cualquier acusado, y nadie puede enojarse por el ejercicio del derecho de defensa, aun sabiendo por adelantado que esa causa se caerá y ella será sobreseída. El énfasis está en proporción indirecta con la gravedad del resultado. Como asume que será sobreseída, construye a bajo costo la imagen de que es valiente, y que los jueces arrugan ante ella. Antes aún, es una manera de defenderse frente a escenarios peores. Por ejemplo, el que la amenaza en las causas en la que se incrimina a su familia en negocios privados – Hotesur, Los Sauces – y presuntos lavados de dinero. El destino de esos procesos es el más complicado. Son causas con penas duras, detenciones y sanciones económicas, lo que puede complicarle el futuro a Cristina. Aunque son expedientes mansos, pueden redundar en lo último que querría un político: que una sanción menor, o una multa, le acarrease “la accesoria” de una inhibición para ejercer cargos públicos. Un final que es más oprobioso que el indulto que podría firmarle Alberto, si fuera sincero cuando dice que ella es una perseguida política.

Fuente Clarin