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En la Justicia y en la oposición pronostican que la debacle de Marcela Losardo en el ministerio de Justicia anuncia nuevos ataques de Cristina Kirchner para intentar mejorar su situación judicial. “Vamos a momentos de alta tensión contra la Justicia”, vaticinó un diputado de la UCR que conoce los entresijos de la Justicia.
El final de Losardo, además, muestra que “ya no hay espacios para matices” dentro del gobierno en cuanto a defensa de la agenda judicial personal de la vicepresidenta quien está procesada en ocho causas.
La ex ministra había intentado la semana pasada acercarse al kirchnerismo con un extenso Twitter donde criticó al fiscal Carlos Stornelli y se acercó, a posiciones de Cristina y el Instituto Patria.
En un giro de su posición moderada. Lo hizo pese a que en el 2019 había defendido en privado al fiscal de la causa de los Cuadernos quien, antes del cambio de Gobierno, tenía una buena relación con Alberto.
Pero el lunes el presidente Alberto Fernández en su discurso ante el Congreso anunció la creación de una comisión bicameral que realice un “control cruzado” de la Justicia, abandonando su pedido original de terminar con la grieta.
Al día siguiente, los adláteres de Cristina, el senador Oscar Parrilli y la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, festejaron el alineamiento del presidente y la idea de la comisión para que los jueces y fiscales concurran al Congreso. Era, como intentaron hacer con los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, un show de falsas acusaciones y denuncias del relato de lawfare.
Pero la ministra Losardo aclaró que la comisión “no iba a poder sancionar o remover” magistrados y allí tiró la última palada sobre su tumba política. Y, sobre todo, dijo que era “inconstitucional” tomar ese tipo de medidas. Solo explicó que los jueces pueden ser removidos por el Consejo de la Magistratura y los miembros de la Corte por un juicio político del Congreso.
Pero así vació de contenido otra herramienta que pergeñan los K contra la Justicia.
Losardo no entendió que el Presidente el 1° de marzo había entregado a Cristina la relación del gobierno con la Justicia.
Hasta la semana pasada, la socia y amiga del presidente Alberto Fernández resistió en su cargo. Sobre todo las peleas contra su segundo y ex número dos de la AFI y principal operador del Instituto Patria en la Justicia, Juan Martín Mena.
Para la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la caída de Losardo y la eventual asunción de Martín Soria “muestra que Cristina se dio cuenta que no tiene tiempo suficiente” para mejorar su situación judicial. Y necesita “un ministro que apure su estrategia de impunidad a cualquier costo”.
Sobre todo con las elecciones parlamentarias de octubre cada vez más cerca.
Por su parte, Graciela Camaño, diputada del bloque lavagnista, lamentó “mucho el alejamiento de Losardo. Siempre honró los cargos que ocupó en el Estado” y consideró que su eventual renuncia “debilita al presidente Alberto Fernández” dentro de la alianza gobernante.
En la oposición también creen que Losardo “se cansó de hipotecar su prestigio y de defender posiciones frente a la Justicia que no son las suyas”, contó en off un representante del Consejo de la Magistratura de la Nación.
En su gestión, Losardo nunca visitó en forma oficial ese organismo y le dejó la relación a Gerónimo Ustarroz, hermano de crianza del ministro del Interior, Wado de Pedro.
La primera gran resistencia de Losardo fue el año pasado cuando impulsó al funcionario de carrera Emilio Blanco para dirigir el Servicio Penitenciario Federal pero finalmente Mena le ganó la pulseada. Y Alberto nombró a la fundadora de “Justicia Legítima”, la ex juez María Laura Garrigós. Los K sacaron a Blanco como parte de su Operativo Puf contra la causa de los Cuadernos de las Coimas.
A fines del año pasado, el golpe vino desde el presidente de la comisión Bicameral, el ultra cristinista Leopoldo Moreau quien la crítico porque “solo defendió” la postulación del juez Daniel Rafecas como eventual procurador general de la Nación. Y no al resto de medidas K contra la Justicia. Nunca habló, tampoco, de “presos políticos”, ni apoyó las denuncias por supuesto espionaje ilegal macrista.
Moreau hizo escribir un informe a la comisión bicameral de Inteligencia sobre la oficina de escuchas de la Corte -llamada DAJuDeCO- para atacar al miembro de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y al camarista Martín Irurzun.
Además, Moreau anunció que iban a denunciar “un plan sistemático” de supuesto persecución contra Cristina en un segundo informe que aún no se conoce.
Se trata de otra de las medidas que prepara Cristina, sobre todo luego de la condena a 12 años de prisión de Lázaro Báez en la causa de La Ruta del Dinero K y con el nuevo ministro de Justicia. A la vicepresidenta le preocupa que la causa por lavado contra su socio comercial termine siendo un espejo de la causa Hotesur y Los Sauces.
Es que Losardo mantuvo silencio sobre el proyecto de Reforma Judicial luego de que los K negociaron con los gobernadores en el Senado agregarle casi mil cargos más a cambio de votos.
Nunca apoyó en público el proyecto de reforma de la ley del ministerio público fiscal con la cual Cristina quiere echar al jefe de los fiscales interino Eduardo Casal y a Stornelli, dos de sus obsesiones.
Luego los K sacaron a relucir que entre abril del 2016 y junio de 2017 Losardo fue asesora del secretario de Derechos Humanos de Macri, Claudio Avruj.
Tampoco le perdonaron que haya asistido a la cena anual de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación.
Es que la ministra tiene muy buena relación con jueces y fiscales desde el estudio que comparte con el presidente en las oficinas de Callao 1960, entre Alvear y Posadas. Decenas de jueces y fiscales pasaron por ese estudio a tomar un café antes de diciembre de 2015.
El jefe del bloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, reiteró que sea quien sea el ministro de Justicia en la cámara baja no darán los votos necesarios para aprobar ninguna de esas dos iniciativas del kirchnerismo duro.
En la oposición y en Comodoro Py hay más preocupación por el eventual reemplazante, Martín Soria, a quien consideran “un talibán, un fanático de Cristina y del Instituto Patria”.
Por ejemplo, siguiendo la estrategia de Cristina, Soria presentó -el año pasado- una denuncia contra “la mesa judicial” de Mauricio Macri acusando a sus miembros de haber inventado causas contra el kirchnerismo.
Y luego hizo varias denuncias de Cristina con más carga política que judicial. La última las visitas registradas en forma oficial del presidente de la Cámara de Casación Penal Gustavo Hornos para visitar a Macri en la Casa Rosada.
De golpe se olvidaron los K cuando en el 2013 el vicepresidente en funciones Amado Boudou visita al miembro de la Corte Eugenio Zaffaroni en su 73 cumpleaños…
Por lo pronto, será Soria o quien reemplace a Losardo el encargado de terminar la denuncia contra el ex presidente Mauricio Macri por el pedido al FMI del crédito de 45 mil millones de dólares. Será la primera vez que la denuncia no la presente un legislador K o un miembro del Patria, sino seguramente el ministerio de Justicia en forma institucional.
Fuente Clarin
