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Luego del escándalo por el vacunatorio VIP y las demoras en el proceso de vacunación contra el coronavirus, la oposición presentó dos proyectos de ley para autorizar a las provincias y privados a adquirir vacunas según sus propios planes operativos, así como para establecer lineamientos legales para la “distribución equitativa” de las dosis.
En una de las iniciativas, los diputados Alfredo Cornejo y Luis Petri propusieron la importación y comercialización de vacunas que cumplan con la reglamentación vigente por parte de privados, que deberán donar el 10% de lo adquirido al Ministerio de Salud de la Nación, el cual procederá a aplicarlo en el marco del Plan Estratégico vigente.
“Ante la ineptitud del Gobierno, es fundamental que todos hagamos los máximos esfuerzos por avanzar en el plan de vacunación y, por ello, es imprescindible incluir tanto a las provincias como al sector privado para ampliar y acelerar la vacunación en todo el país respetando el orden de prioridades establecido por el Ministerio de Salud”, aseguró Petri.
Por su parte, Cornejo explicó: “Autorizando a las provincias a adquirir vacunas se acelera el plan de vacunación y, al permitirles además establecer convenios entre ellas, se da la posibilidad de negociaciones conjuntas para optimizar el precio, el plazo y las cantidades a aplicar, a la vez que no se deja solamente sobre el Gobierno Nacional la posibilidad y esperanzas de conseguir vacunas”.
El proyecto indica que los ciudadanos podrán acceder a las vacunas por sus propios medios, siempre dentro de la etapa que corresponda a su grupo de riesgo definido por el Ministerio de Salud. “Eso liberaría recursos y vacunas adquiridas por el Estado para que se orienten a los más necesitados, con la garantía de que nadie que acceda a las vacunas a título privado estará saltándose el lugar que le corresponda por su grupo”, aclaran.
“Debemos comprender que la vacunación no es única y no será solo en 2021, con el tiempo una nueva vacuna requerirá seguramente aplicaciones temporales, con lo que es necesario ir preparando el terreno para que el Estado no sea el único responsable en el futuro para las negociaciones, adquisiciones y aplicaciones”, advirtió el ex gobernador de Mendoza.
Petri manifestó que la incorporación de los privados permitirá “descomprimir el sistema público”, garantizando que las vacunas lleguen a los más necesitados. Además, remarcó que los importadores privados deberán hacer una donación del 10% al sistema público de salud.
Exigen el “reparto equitativo”
El otro proyecto de ley, presentado por las diputadas nacionales del PRO, Carmen Polledo y Mercedes Joury, le reclama al Gobierno establecer lineamientos legales para la distribución equitativa de las vacunas contra el Covid-19, en el marco de “mala gestión gubernamental” y los “privilegios” desatados en los casos del vacunatorio VIP.
“Pedimos abordar la distribución de las vacunas contra el Covid-19 con transparencia, equidad, objetividad y sin discriminación política. La Ciudad de Buenos Aires está en condiciones de vacunar a 20 mil personas por día, pero no recibe las vacunas necesarias para poner en funcionamiento toda su capacidad instalada y logística”, resaltaron.
En esta línea, Polledo remarcó que CABA sólo recibió “el 9% del total de vacunas” que se distribuyeron en todo el país y posee un promedio de 16,63 médicas/os cada mil habitantes, un número por encima del resto de las jurisdicciones, además de tener un mayor porcentaje de población de más de 64 años.
Además, la legisladora agregó que “la distribución de las vacunas debería realizarse considerando el porcentaje de población priorizada por las autoridades sanitarias nacionales y los planes provinciales, y no en base a la población total de cada jurisdicción”.
Ambas iniciativas llegan días después de que el ex presidente, Mauricio Macri, repudiara el escándalo por la distribución de vacunas y pidiera seguir de cerca el tema, a fin de evitar irregularidades en el plan.
JPE
Fuente Clarin
