A 13 años de la 125: aprendizajes y heridas abiertas de un conflicto que no se puede repetir

El 11 de marzo de 2008 el gobierno de Cristina Fernández lanzó la recordada Resolución 125 que establecía un esquema de derechos de exportación móviles para la soja, el trigo y el maíz. Cuanto más subía el precio internacional de los granos, más se pagaba de retenciones. La historia es conocida: los productores agropecuarios salieron a las rutas, nació la Mesa de Enlace, el proyecto fue al Congreso y el Vicepresidente Julio Cobos dio el voto no positivo.

Hoy, trece años después, pasó bastante agua bajo el puente pero hay algunos factores que se repiten e invitan a analizar qué dejó como saldo aquel momento histórico. Aunque no son móviles, las retenciones siguen estando, los granos volvieron al centro de la escena por sus elevados precios internacionales y la Presidenta de aquel entonces ahora es la Vicepresidenta. Aun así, hay cierto consenso de que el contexto general es muy diferente.

“El 2008 fue un hecho histórico y excepcional por varios motivos. Nunca antes los productores agropecuarios habían logrado ese nivel de coordinación en sus demandas al gobierno. Desde principios de siglo XX realizaron ceses de comercialización, pero ninguno había unido a los diversos sectores del campo en una protesta sostenida por tanto tiempo (cuatro meses). Fue inédito también por el apoyo que la Mesa de Enlace recibió de gran parte de la clase media urbana y de los grandes medios de comunicación, y generó un golpe importante para el Frente para la Victoria en términos políticos”, describe Juan O`Farrell, economista, doctor en Ciencia Política y coordinador del área de Recursos Naturales de Fundar, un centro de estudios para el desarrollo sustentable.

Carlos Iannizzotto, actual presidente de Coninagro, una de las entidades en pie de guerra por aquel entonces, también pone énfasis en que tras aquellos meses de disputa el sector agropecuario ganó “una unidad que fue y sigue siendo un modelo interesante, una propuesta de unidad de los sectores afines”. Respecto a la Mesa de Enlace de entidades agropecuarias, el directivo de Coninagro remarca ”la persistencia y perseverancia que ha tenido en el tiempo”. “Esto muestra que hay un trabajo medular. Actualmente tiene mucha presencia, con fuertes disidencias -algunas han sido públicas- que no han afectado la relación sino que la han fortalecido porque hemos establecido códigos de funcionamiento que no la debilitan ya que hay convicciones en común”, afirma.

Y con él coincide Daniel Pelegrina, titular de la Sociedad Rural Argentina: “La Comisión de Enlace está más afianzada y acostumbrada a trabajar juntos. Ha logrado organicidad con reuniones periódicas, con una agenda de trabajo y un documento base a modo de plataforma de coincidencias, Propuestas para el campo y la producción, con 14 bases temáticas. Se ha ganado en la construcción de capital social y se ha convalidado como interlocutor y referente del sector, en una sociedad que comprende mejor el rol del campo y su importancia para traccionar a la economía, especialmente en el interior, como motor del desarrollo local y nacional”.

Parados en el presente, la discusión sobre los actores tiene varias miradas. La llegada de Alberto Fernández al Gobierno generó recelo en buena parte del sector que no olvida que él era el vocero del Gobierno en aquel 2008, pero en otros despertó la ilusión de un estilo más moderado. Para Pelegrina, el Gobierno actual presenta dos sectores claramente diferenciados: “Un sector ideologizado, con muchos prejuicios y revanchista, y otro más pragmático”. “Al inicio del gobierno estimábamos una puja permanente, donde por momentos se impondría uno y por momentos el otro. Transcurrido más de un año, han prevalecido las ideas del pasado. Algunos sectores del Gobierno y el mismo Presidente han mostrado voluntad de diálogo, pero hay otros a los que claramente no les interesa que el diálogo avance”, dice el presidente de la SRA.

Por su parte, O`Farrell remarca algunas diferencias sustanciales entre el escenario actual y el de aquel entonces. “En primer lugar, el gobierno del Frente de Todos cambió la estrategia y abrió canales de diálogo. Tuvo la ventaja de que fue un gobierno identificado con el campo (el de Cambiemos), el que llevó los derechos de exportación de la soja al nivel de 30 por ciento en septiembre de 2018. Cuando asumió Alberto Fernández simplemente actualizó los valores a ese nivel y luego subió tres puntos más, pero lo hizo segmentando por tamaño de productores y legitimando el aumento en el Congreso, en donde además se estableció un techo a los aumentos que podría decidir el Poder Ejecutivo”, explica el economista.

Pelegrina reconoce que por momentos, cuando predomina el sector pragmático del Gobierno el diálogo mejora, pero asegura que sigue habiendo en el fondo un prejuicio contra el campo y que no se percibe por parte del Gobierno un norte claro, lo cual genera incertidumbre en el sector. “La principal tarea que tiene el Gobierno por delante en su relación con el sector es despejar incertidumbre en la política, en materia económica y generar confianza”, dice.

En ese sentido, O`Farrel recuerda que desde mediados del 2020 el Gobierno está en diálogo con el sector para definir un paquete de beneficios impositivos que incentiven inversiones y agreguen valor. “La interlocución con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) para elaborar este proyecto de ley y el trabajo en varias mesas técnicas diluye las demandas de parte de la Mesa de Enlace y de los sectores menos dialoguistas del campo, y abre posibilidad de que el peronismo genere una relación más virtuosa con el sector en la cual se puedan lograr acuerdos y diseñar políticas que saquen a la relación de los conflictos de suma cero”, afirma, y agrega que para que eso suceda es necesario dejar atrás la dicotomía entre campo e industria.

“Hoy existe una oportunidad clara de hacerlo gracias a los avances tecnológicos recientes, por ejemplo en biotecnología y en nuevas tecnologías digitales aplicadas al agro: el gobierno podría intentar promover esas tecnologías, y en ese movimiento generar un aumento en la productividad del agro y al mismo tiempo impulsar derrames tecnológicos hacia otros sectores. Este tipo de reconfiguración de la coalición de apoyo del peronismo a nivel intersectorial (agro e industria) sentaría bases más estables para no repetir conflictos como el de 2008”, asegura.

Para Iannizzotto, referente del sector cooperativo y de las economías regionales, el CAA es un instrumento interesante en pos de la búsqueda de intereses comunes, en la linea de lo logrado en su momento por la Mesa de Enlace. Respecto a ésta, reconoce que tiene algunas deudas pendientes. “Lo negativo es que creo que no se ha trabajado en salvar la grieta, la Mesa de Enlace no ha ayudado lo suficiente para evitar esta cuestión pendular del país: mucha condescendencia con el Gobierno anterior y casi nula con este. Me parece que ahí tiene que haber un mayor equilibrio. Veo una muy buena voluntad de diálogo pero siempre se puede hacer más para salvar las diferencias, disentir no significa que haya que tomar medidas de fuerza cuando hay todavía voluntad de dialogar”, remarca.

Con visiones diversas y con momentos de diálogo más o menos fructíferos, al final lo que determinará el nivel de conflictividad será la situación económica. Ante una nueva oportunidad brindada por el mercado internacional, es de esperar que aquellas frustraciones del pasado hayan dejado un aprendizaje profundo que le permita a la Argentina encontrar un equilibrio beneficioso para el conjunto de la sociedad.

Fuente Clarin