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Mientras el gobierno de Axel Kicillof busca disminuir el impacto de las acusaciones de Beatriz Sarlo contra Soledad Quereilhac, esposa del gobernador bonaerense, por el supuesto ofrecimiento para recibir la vacuna Sputnik, la justicia de la Provincia avanza con el análisis de nueve casos que podrían derivar en más de una imputación.
En el territorio bonaerense ya se abrieron nueve investigaciones preliminares en diferentes distritos para determinar si existieron irregularidades en la aplicación de la vacuna.
Se pusieron bajo investigación los criterios, protocolos, y lineamientos del plan de vacunación después del escándalo del vacunatorio vip que se investiga en los tribunales federales de Comodoro Py. Allí, el fiscal Eduardo Taiano y la jueza María Eugenia Capuchetti analizan el presunto circuito irregular que se habría montado desde el Ministerio de Salud para favorecer amigos, dirigentes, sindicalistas vinculados a la Casa Rosada, con la inoculación, provocó la renuncia del ex ministro de Salud de Nación, Ginés González García. Fue después de que el periodista Horacio Verbitsky contó la forma en que accedió a una dosis, en un despacho de la cartera sanitaria nacional.
El caso tuvo su ampliación en suelo bonaerense. Se realizó una denuncia penal contra el responsable del área en Buenos Aires, Daniel Gollán, porque trascendieron casos de funcionarios, empleados, militantes y familiares de funcionarios que se vacunaron sin estar dentro de los grupos establecidos. Días después, se hizo un planteo judicial en La Plata, por “mal desempeño y malversación de fondos públicos”, que ingresó en la Fiscalía General Penal de La Plata.
La denuncia menciona a cinco funcionarios y un dirigente gremial de Quilmes; un contratado del municipio de Berisso; directivos de Navarro, los 18 militantes de Chivilcoy, un integrante del Movimiento Evita, el ex intendente de Navarro (Santiago Maggiotti) y al dirigente de La Cámpora y ex candidato a intendente de Saliqueló, Ignacio González.
La discusión se centró también, en la distribución de las vacunas en medio de las promesas fallidas del Estado nacional que había asegurado más de cinco millones de dosis, de las cuales llegaron muchas menos. En la provincia de Buenos Aires se habían recibido cuatro cargamentos de ampollas. La lista de inscriptos para recibir la vacuna era de más de 2,8 millones de ciudadanos.
Con estos datos como escenario, la Justicia bonaerense cuenta a la fecha con nueve expedientes abiertos: uno en San Nicolás, dos en Mar del Plata, uno en Mercedes -por un episodio en Carmen de Areco que está bajo esa jurisdicción-, una investigación en Lomas de Zamora, otra en Azul, dos casos en La Plata y otro en Bahía Blanca.
Todas se encuentra en etapa preliminar de investigación; se requirieron diversos documentos al Ministerio de Salud de la Provincia, información a clínicas y sanatorios, “y en caso de presentar algún tipo de resistencia, se está procediendo con diversos allanamientos”, explicaron fuentes judiciales a Clarín.
Por ejemplo, tal como publicó Clarín, en Mar del Plata la justicia investiga una lista de supuestos beneficiados integrada por al menos diez dirigentes de la política local, menores de 70 años y que en su mayoría fueron registrados como “personal de salud”.
Entre ellos figuran Fernando Mogni, director de la Unidad de Gestión Local del PAMI de Mar del Plata, de 39 años; Santiago González, de 53 años, director regional de la obra social bonaerense IOMA; Milagros Bensa, de 18 años, de la filial local de la agrupación La Cámpora; Tobías Balcedo, de 19 años, y Milagros Ramírez Armani, de 21 años, y Facundo “Apache” Villalba, representante de ATE y CTA, de 32 años.
El avance de estas nueve investigaciones puede derivar en la imputación de varios funcionarios y también de otras personas que pueden ser del ámbito privado. La lupa se trasladó ahora a Mar del Plata: la Justicia quiere saber cómo y con qué criterio se inmunizó a dirigentes amigos del poder.
Los beneficios en torno al plan de vacunación se extendieron a otros municipios, como el de San Nicolás, pagos del ex ministro Ginés y de su sobrino Lisandro Bonelli, que también tuvo que dejar el ministerio cuando se conoció que manejaba el vacunatorio vip en Salud.
Tras el allanamiento al Hospital San Felipe, en el que se incautaron los registros vinculados a la campaña de vacunación, la fiscal que entiende en la causa, Verónica Marcantonio, reconoció que hubo irregularidades: “muchos que no pertenecen al personal de salud figuran como tal en el registro de vacunados”.
Las investigaciones están abiertas y en diferentes distritos se busca determinar si la Provincia avaló la aplicación de vacunas a personal que no era esencial, tal como había determinado el Gobierno nacional cuando se lanzó el plan de vacunación.
Fuente Clarin
