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La decisión del Gobierno de derogar tres decretos electorales firmados durante el gobierno de Mauricio Macri y que permitían a determinados votantes sufragar de manera anticipada generó polémica. Durante el viernes fue la agrupación Será Justicia la que salió a repudiar la medida ejecutiva por considerar que “no está orientada a facilitar, transparentar o asegurar el derecho de los ciudadanos a elegir a sus representantes”.
En el texto, firmado por Raúl Aguirre Saravia y María Eugenia Talerico, se comenta que “no es novedoso que el sistema electoral argentino adolece de serios problemas de transparencia, además de ser antieconómico, de excesiva demora en el cómputo de votos y poco fiable en cuanto a los resultados de la elección”.
Recuerda, en esa línea, la necesidad de avanzar con la implementación de la Boleta Única de papel y el sistema “Ficha Limpia” de candidatos. Menciona que ambos proyectos demandan atención urgente considerando la proximidad de las PASO y no están avanzando con la celeridad que la oportunidad exige.
Citan que, “contrariamente, en estos días, el Gobierno anunció la próxima derogación de tres decretos dictados por la administración anterior, por medio de los cuales se facilitaba el voto anticipado de residentes en el exterior por correspondencia, así como el voto de detenidos con “prisión preventiva” y de los integrantes del comando electoral que tienen a su cargo preservar el orden durante los comicios.
En el comunicado, desde Será Justicia piden “interpelar a diputados y senadores, tanto nacionales como provinciales, a que honren el mandato que les fue concedido por la ciudadanía y dirijan sus esfuerzos a eliminar esta nueva amenaza a los derechos electorales de los argentinos y a impulsar la implementación de los proyectos “Ficha Limpia” y “Boleta Única de Papel” para asegurar la transparencia y fiabilidad del sistema electoral de nuestro país”. Y concluyen: “La República lo demanda”.
Los decretos firmados por el gobierno de Macri, y derogados por el Ministerio del Interior, fueron firmados en 2019 y alcanzaban a ciudadanos argentinos residentes en el exterior, a personas privadas de libertad y a los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que se encontraban afectadas al operativo electoral y votaban por correo de manera anticipada.
Fuente Clarin
