Todas las incógnitas detrás del regreso de Lula da Silva al escenario político de Brasil

El extraordinario giro que se acaba de producir en Brasil con la situación legal del ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva amenaza constituirse en el colapso posiblemente definitivo del Lava Jato, la mayor causa contra la corrupción en la historia de Brasil y que se ramificó en gran parte de América Latina. Esta consecuencia no es resultado del levantamiento provisional de los cargos endilgados al líder del PT que no fue declarado inocente. Es debido a la constatación de un manejo político del expediente por parte del entonces juez Sergio Moro de Curitiba, que se habría encarnizado con el ex mandatario socialdemócrata para beneficiar a quien luego lo llevaría al ministerio de Justicia, el presidente Jair Bolsonaro. 

Esas maniobras tienen hoy la consecuencia de escorar hasta su definitiva agonía una causa de notable y ejemplar importancia que detectó la existencia de un anillo de empresas privadas entre las que destacaba el gigante Odebrecht para repartirse la obra pública sobrefacturando los contratos y devolver el favor con sobornos a toda la clase política, desde la izquierda hasta la derecha. Eso sucedió durante los gobiernos del PT.

Los jueces del Tribunal Supremo, el Olimpo de la justicia de ese país, han venido desandando la causa de Moro en lo que respecta a Lula desde noviembre de 2019 cuando la justicia, con el argumento de que aún le restaban apelaciones, lo liberó de la prisión en la cual permaneció 580 días, parte de una condena de 8 años y 10 meses por corrupción pasiva.

La contraofensiva a esa disposición se produjo en mayo pasado cuando una cámara de tres jueces de Curitiba, la jurisdicción de Moro, rechazaron la apelación del ex mandatario y confirmaron otra condena por 17 años y un mes por considerar probado que Lula recibió de las constructoras Odebrecht y OAS refacciones valuadas en unos 175 mil dólares en una casa de campo en San Pablo cuya propiedad se le atribuye, a cambio de favores en la concesión de contratos con la estatal Petrobras.

Ahora, el magistrado Edson Fachin avanzó sobre ese frente y derribó todos los cargos en contra del ex mandatario, esta vez con el argumento de que el tribunal de Moro que lo juzgó no era competente. De modo que el delito presunto no tendría vínculos con aquella mega causa pero se lo habría forzado en ese sentido. Gilmar Mendes, colega de Fachin en el Supremo, fue aún más explícito sobre la caracterización del comportamiento del ex magistrado. “Hubo una cadena de actos lesivos al compromiso de imparcialidad que sin dudas era parte de un juego de poder… No se combate el delito cometiendo un delito”.

Los casos anulados por Fachin, y que devolvieron los derechos políticos al líder del PT, son los concernientes al triplex de Guarujá y una finca ubicada en Atibaia y a otros dos procesos relacionados con el Instituto Lula. Lula siempre negó la propiedad de esos inmuebles y afirma la contradicción patrimonial en que la propia justicia vendió al menos uno de ellos sin siquiera consultarlo.

Pero aparte de esas discusiones, el golpe más duro a la causa en su contra surgió cuando el blog The Intercept reveló en Brasil conversaciones entre Moro y los fiscales que desnudaban el uso político del expediente contra Lula para sacarlo de la carrera electoral de octubre de 2018. Se develaba ahí, además, por qué no se aplicó una medida similar contra otros políticos acusados de iguales delitos que el sistema prefería no tocar. Un inesperado regalo de este polémico ex juez a los amantes de la narrativa fantasiosa del lawfare.

Efecto dominó

Lula, aclaremos, no queda liberado de culpa. Vuelve a la condición de imputado y será nuevamente juzgado pero en otro tribunal en Brasilia, que puede fallar del mismo modo. Incluso el dictamen del magistrado de la Corte podría ser removido manteniéndose las condenas. Pero un dato significativo de este episodio es que Fachin lo que habría buscado con su fallo fue intentar preservar el núcleo de la causa del Lava Jato por afuera del chaparral de barro que generó Moro con la causa contra el líder petista.

La noción de un efecto dominó parece inevitable porque si el exjuez es declarado parcial será un antecedente del cual se tomarán quienes fueron involucrados en la investigación para cuestionar todo el trámite. Se derrumbaría así la pesquisa del mayor robo al erario público dejando la señal de la impotencia de una justicia que con ese caso se exhibió como decidida e independiente.

La cancelación provisoria de los cargos, es un paso técnico se asegura en la Corte, como también lo fue la excarcelación de Lula hace año y medio. Pero, entre las opacidades que rodearon desde sus inicios este asunto, es posible suponer que la política más que los pruritos legales incidió en este desenlace. La decisión de los magistrados sucede en momentos en que la pandemia está fuera de control en Brasil, con los hospitales desbordados y el país al límite.

Se acumulan las críticas contra Bolsonaro por su gestión de la enfermedad y su incapacidad de garantizar la cantidad necesaria de vacunas. Pero no se trata solo del Covid, también de un establishment que parece exhausto con este controvertido gobernante que acumula ya más de 60 pedidos de impeachment y se propone intentar la reelección el año próximo. Un dato clave en este desarrollo. 

Medios influyentes y que representan al vértice del poder real en la gigantesca economía sudamericana, como O Estado de San Pablo, ya en enero calificaron a Bolsonaro como “el presidente más inepto en la historia de la nación” que “se aferra a su cargo, del cual nunca estuvo a la altura, porque aún no existen circunstancias políticas para su destitución constitucional”. Lejos de la inicial imagen del mandatario de jinete de un liberalismo ortodoxo, para ese diario el país está hoy atrapado en el “populismo enfurecido del bolsonarismo”.

Esa visión tiene más aristas. Brasil padece las mismas contradicciones de identificación ideológica que el resto de la región aunque en un grado agigantado. Bolsonaro no fue nunca un liberal como presumió en la campaña que lo llevó a la presidencia, ni Lula fue un izquierdista como se insiste en caracterizar a este líder sindical que gobernó desde un absoluto pragmatismo fortaleciendo como nunca antes a bancos e industrias privadas y agregando un enorme tramo de población a la clase media consumidora. “El presidente más popular el mundo”, en el elogio encendido y reiterado de su entonces colega Barack Obama, que no era precisamente un socialista.

El líder del PT, persuadido, quizá con razón, de que los procesos en su contra acabarán en el archivo, ha sugerido que volverá a la carrera política y posiblemente a la candidatura del PT para el año entrante. En campaña Lula siempre se ha envuelto en las banderas del relato revolucionario como cuando aplastó al centroderechista Geraldo Alckmin en el ballotage de 2006 y ganó la reelección exhibiéndose como un líder antiimperialista, castrista y marxista, para regresar luego rápidamente al pragmatismo ortodoxo desde la presidencia.

Sus comentarios recientes en defensa de la teoría del lawfare y los agradecimientos al gobierno argentino, a Evo Morales, el Foro de San Pablo o al chavista español José Luis Rodríguez Zapatero, confirmarían que ya está en ese camino conocido. Arrancaría con viento a favor. El último domingo, un sondeo de la encuestadora Ipec detectó que tiene un apoyo de 50% sobre el 38% de Bolsonaro cuya imagen, en el desagregado, ya perforó el 30% camino al 28%.

El escenario político, sin embargo, abre otras incógnitas que obligan a observar con moderación esos números. Una duda relevante es si Lula tendrá la capacidad para unir a las organizaciones que, de uno u otro modo, se enlistan en la amplia y brumosa vereda de la izquierda. “Que Lula regrese a sus 75 años (…) para radicalizar la división de la nación brasileña es un circo macabro en el cual no quiero participar“, ya avisó el líder del Partido Democrático Trabalhista, Ciro Gomes, que fue tercero en las elecciones de 2018 con 12% de los votos.

Aún más elocuente, en las elecciones municipales de noviembre último, el electorado dio la espalda tanto a Bolsonaro, coronado con una humillante derrota en Rio de Janeiro, su feudo político, como al PT, que por primera no logró ganar la alcaldía en una sola capital brasileña. Ese comicio exhibió un giro central del electorado hacia el centro junto a una significativa abstención, dato claro de repudio a la clase política en un país donde el voto es obligatorio.

En el trasfondo pesó, entonces como ahora, la pandemia y una desigualdad  agudizada por la enfermedad que ya es la peor del mundo. Casi 10 millones de personas perdieron su empleo los últimos meses y otros 11 millones sufrieron recortes en sus ingresos y calidad laboral.e r

Cuando Moro condenó a Lula, el líder del PT figuraba como favorito para ganar las elecciones de octubre de 2018. Impedido de participar, designó a Fernando Haddad como candidato. Bolsonaro lo aplastó con un diferencia de más de diez puntos. Ese resultado no solo se explicó por la ausencia del ex mandatario en la contienda. Fue un voto castigo. Reflejo de una frustración social que une varias vertientes.

El PT, como muchos de sus colegas de la “progresía” regional, detesta la autocrítica. No la hubo en Lula o su sucesora Dilma Rousseff para explicar la gravísima tramoya del Lava Jato, un escándalo que no lo esteriliza el simple trámite de negarlo. Y también falto un mea culpa por la ruina de la economía que no se debió a las garras del imperialismo, sino a la pésima gestión de esta mandataria que arrasó con la nueva clase media creada por su mentor. Ahora Bolsonaro y Lula sonríen porque esperan beneficiarse uno y otro, radicalizando discursos y promesas, a cada lado de una grieta que no dejaría lugar para otros jugadores. La incógnita final es si la historia concuerda con esa suposición.
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