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El cristinismo espera la designación del nuevo ministro de Justicia para lanzar una batería de nuevas medidas contra la Justicia. El diputado ultra K Leopoldo Moreau esta semana adelantó algunas.
Anunció que el Frente de Todos impulsará más juicios políticos a jueces y fiscales que investigaron a Cristina Kirchner y que presentarán un proyecto para cambiar la estructura orgánica de la Justicia. Además, de otro para regular el tratamiento de los recursos extraordinarios por parte de la Corte, entre otros cambios.
Y sin vueltas, Moreau opinó que “creo que hay que ampliar la Corte y habría que avanzar con juicios políticos a los jefes de la Corte Suprema de Justicia”. Esta segunda medida, de concretarse, sería un romper lanzas en forma definitiva con el poder judicial.
Hasta ahora, el oficialismo presentó más de 20 pedidos de juicios políticos contra jueces y camaristas, en una tendencia que va en crecimiento según una lista a la que Clarín accedió en exclusiva. En el caso de que vaya contra los supremos el juicio político debería hacerlo el Congreso.
Esa cifra no incluye los juicios penales que también presentó el kirchnerismo duro contra esos jueces y fiscales.
Los K tienen mayoría de los 13 miembros en el organismo que nombra y destituye jueces pero no los dos tercios para echarlos. No los puede destituir pero si sancionar como hicieron con el fallecido juez federal Claudio Bonadio.
Las denuncias funcionan como una Espada de Damocles sobre los magistrados, a menos de que haya algún tipo de nuevas alianzas internas que permita destituirlos. En este juego de acuerdos, siempre el voto de la lavagnista Graciela Camaño es clave.
Esos pedidos de juicio políticos y nuevos proyectos de ley son parte del “trabajo sucio” que no quiso hacer la renunciante ministra de Justicia y futura embajadora ante la UNESCO, Marcela Losardo. La ex ministra también calificó de “inconstitucional” la creación de una comisión bicameral que realice un “control cruzado” sobre los jueces. El funcionamiento de esa comisión sería la base para las denuncias de juicio político.
Moreau, junto a sus colegas y ex jefe de Contrainteligencia de la AFI Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés, el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena y el senador Oscar Parrilli es parte del núcleo duro que rodea a Cristina y hace ese y otro tipo de operaciones.
El viernes el presidente del Consejo de la Magistratura Diego Molea denunció por supuestas actitudes machistas al juez de Casación, Juan Carlos Gemignani, pero Moreau dijo que habrá más sin dar más detalles. El debate sobre Gemignani será para alquilar balcones ya que la mayoría K, el año pasado, rechazó sancionar al camarista Juan Ramos Padilla por haber insultado en Twitter a las ex diputadas Elisa Carrió y Silvana Giúdice y haber tratado de “burros, hipócritas y pelotudos” a miembros de la Corte y otros magistrados.
El rechazo se basó en el derecho a la libertad de expresión del magistrado que apoya abiertamente a Cristina Kirchner.
Moreau, como presidente de la comisión Bicameral de Inteligencia, anunció que el oficialismo presentará juicios penales contra jueces en base a un informe sobre supuestas irregularidades en la oficina de escuchas de la Corte llamada DAJuDeCO. Nombró en forma específica al miembro de la Corte, Ricardo Lorenzetti.
En declaraciones a medios K, Moreau aseguró que el kirchnerismo apelará a “todas las herramientas legales para producir un cambio imprescindible” en el Poder Judicial.
El ex dirigente de la UCR precisó que, por un lado, el kirchnerismo accionará a través del Consejo de la Magistratura con “juicios políticos” contra los jueces que aplicaron la teoría del lawfare.
Por otro, dijo que “vamos a modificar leyes orgánicas del Poder Judicial, que lo podemos hacer con mayoría simple en el Congreso. La justicia tiene una estructura monárquica”.
El diputado de Juntos por el Cambio y miembro de la Magistratura, Pablo Tonelli explicó que quizás Moreau se refirió al decreto-ley 1285/58 que es la base de la organización de la Justicia, más el reglamento, acordadas de la Corte y otras medidas.
Ese decreto es clave porque, por ejemplo, estipula cuántas salas debe tener cada cámara de apelaciones. Así el kirchnerismo podría propiciar la creación de más salas en tribunales independientes para tratar de neutralizarlos.
Otro ejemplo, es el proyecto de ley aprobado por la mayoría K del Senado que modifica la ley del ministerio público fiscal y permite la suspensión casi automática de fiscales a los que se le inicie un juicio político. Esta iniciativa está frenada, por ahora, en Diputados.
Esta nueva batería de medidas viene después del impulso que dio el discurso del presidente Alberto Fernández en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso y el alegato de Cristina Kirchner ante la Cámara de Casación en que dijo que el sistema judicial “está podrido y es perverso”.
Los pedidos de juicios políticos contra jueces para destituirlos comenzaron antes del cambio de gobierno en diciembre de 2019, se observa en la lista que tienen en la Magistratura.
El actual secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, por ejemplo, pidió el jury del juez federal de Esquel, Guido Otranto, por la “desaparición” de Santiago Maldonado en un desalojo de un corte en la ruta 40. Es el mismo caso de la muerte accidental del artesano que el periodista K Horacio Verbitsky presentó falsamente como “el primer desaparecido de Macri”.
El diputado del Frente de Todos y ex intendente de General Roca, Martín Soria, denunció ante la Magistratura al miembro de la cámara federal porteña Martín Irurzun, y al presidente de la cámara federal de casación penal, Gustavo Hornos. Se trata de dos de los jueces que confirmaron procesamientos de la vicepresidenta y están en la lista negra del libro “Sinceramente”.
Tailhade, otro que integra la mesa judicial de Cristina, denunció en la Magistratura a la jueza de casación, Liliana Catucci. El ex vicepresidente Amado Boudou hizo lo mismo contra el miembro de la cámara federal, Pablo Bertuzzi. Mientras que el abogado de Cristina, Carlos Beraldi, presentó denuncias contra el ex juez y el miembro de la casación, Eduardo Righi.
En la lista de los ya denunciados por los K, figuran el juez en lo penal económico Diego Amarante (denunciado por el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray). Por su parte, el titular de la Inspección General de Justicia y funcionario ultra cristinista Ricardo Nissen presentó un pedido contra una sala de la cámara de apelaciones en lo comercial; parientes de Cristóbal López contra el juez en lo comercial Javier Cosentino quien interviene en la quiebra de Oil Combustibles y hasta el ministra de Seguridad santafesino, Marcelo Sain, contra el juez federal de Santa Fe, Marcelo Bailaque, entre otros.
En forma paralela, Parrilli y Tailhade pidieron un juicio político contra el Procurador General provisorio, Eduardo Casal y un jury contra el fiscal Carlos Stornelli, el motor de la causa de los Cuadernos de las Coimas, entre otras denuncias con miembros del ministerio público fiscal.
Al margen de estas tareas “sucias” contra la Justicia, el presidente Alberto Fernández hace una semana que no puede decidir quién reemplazará a Marcela Losardo al frente del ministerio de Justicia.
La senadora de Juntos por el Cambio, Laura Machado, advirtió sobre dos candidatos de Cristina para este puesto. “La senadora Anabel Fernández Sagasti es una prolongación de la voz y de las decisiones de Cristina”. “También, el ex senador Marcelo Fuentes tiene esas características. El perfil del elegido va a ser una señal clara de quién va a manejar la relación con la Justicia de ahora en adelante”, acotó.
Machado también manifestó su preocupación por la designación del abogado de la vicepresidenta, Roberto Boico, en la cámara federal. Reiteró que es “reamigo de Cristina”, miembro de “Justicia Legítima” y ahora se verá si es imparcial en sus fallos.
Pero lo más preocupante es que Boico, como abogado dijo Machado, habló de la necesidad de un “disciplinamiento constitucional a la voluntad popular” lo que implicaría cambiar la Constitución.
Fuente Clarin
