Argentina
España
USA
Israel
Por Candela Ini
Fue apuntada directamente por Cristina Kirchner, y algunos de sus integrantes fueron denunciados en medio de situaciones escandalosas; se trata del tribunal por el que pasan todas las causas más sensibles
Sin borradores para los proyectos anunciados, y sin el consenso necesario en el Congreso para aprobar la reforma que busca licuar el poder de los jueces federales, el kirchnerismo y sus dirigentes afines avanzan por la vía alternativa de las denuncias y las sanciones a los jueces para modificar la integración del Poder Judicial. Alberto Fernández reconoció que empezó una nueva etapa: “el tiempo que viene es un tiempo que necesita otra actitud”, dijo en la entrevista a C5N el domingo pasado, cuando confirmó que se aproximaba la salida de Marcela Losardo.
Tanto Fernández como Cristina Kirchner reconocen el peso de las cuestiones judiciales en la agenda del Gobierno, que queda evidenciado en la cantidad de declaraciones públicas sobre la Justicia y los jueces (con nombres propios).
Al no tener la mayoría requerida en el Consejo de la magistratura para iniciar un juicio político pero sí la necesaria para sancionar, aplicar sanciones se perfila como una apuesta del kirchnerismo al desgaste de algunos jueces. Según el reglamento del Consejo de la Magistratura, la acumulación de sanciones es una de las causales de remoción.
La Cámara Federal de Casación Penal se convirtió en uno de los nuevos targets del Gobierno. En ese tribunal fueron confirmados fallos muy adversos para la vicepresidenta y sus exfuncionarios, y también hay decisiones pendientes que la involucran, como el destino de la causa dólar futuro y el de la causa por espionaje ilegal contra la ex cúpula de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) macrista. Además es la instancia que decide sobre los tribunales orales, donde la vicepresidenta tiene al menos cinco causas.
Cristina apuntó nítidamente contra la Casación en las últimas dos semanas. Una, durante su alegato por la causa dólar futuro, en el que señaló no solo a los dos jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña (que el año pasado confirmaron la constitucionalidad de la ley del arrepentido en la causa de los cuadernos) por no haberle permitido hacer la audiencia de manera presencial, sino también cuando aludió a Gustavo Hornos.
Y la otra, en un tweet emitido la semana pasada sobre el escándalo protagonizado -una vez más- por el camarista de Casación Juan Carlos Gemignani. Hornos y Gemignani ya recibieron los misiles del Gobierno. Igual que Eduardo Riggi, otro juez de la Casación que fue denunciado por el abogado de la vicepresidenta, Carlos Beraldi, por supuesto encubrimiento a Mauricio Macri.
Gemignani fue denunciado nada menos que por el presidente del Consejo de la Magistratura Diego Molea por el mensaje machista que escribió en un chat que comparte con colegas y funcionarios judiciales. Toda una señal de parte de quien conduce el organismo a cargo de sancionar y seleccionar a los jueces.
Molea también está a cargo del expediente contra Hornos, que fue presentada por el diputado Martín Soria, uno de los nombres que sonaba la semana pasada como para reemplazar a Losardo. El titular del Consejo ya anticipó que pedirá medidas en ese expediente para investigarlo por mal desempeño.
Hornos es apuntado por haber visitado la Casa Rosada durante el gobierno de Macri, pero también se lo acusó por violencia de género. Tres juezas le hicieron un escrache virtual el lunes pasado, durante un Zoom por el día de la mujer. Tanto Hornos como Gemignani son repudiados por conductas machistas por dos de sus colegas mujeres, Ángela Ledesma y Ana María Figueroa.
La gravísima problemática de los femicidios es una puerta a través de la cual el Gobierno toma más fuerza para apuntar a algunos jueces. Un colaborador de la mayoría oficialista en el Consejo de la Magistratura reconoció en diálogo con LA NACION que “es una oportunidad”, aunque agrega que no es “ir contra los jueces” sino “equilibrar lo que pasa con el resto de los poderes” respecto de la perspectiva de género.
El ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro, también relacionado con el mundo judicial, lo dejó claro: “O se transforman o se van de un poder que busca igualdad y Justicia”, dijo hace dos semanas, en un encuentro sobre políticas de género. En la misma conferencia, y sin relación con la problemática de los femicidios, De Pedro apuntó contra el fiscal federal Carlos Stornelli, procesado por espionaje ilegal.
Alberto Fernández también habló sobre los femicidios y su relación con la falta de acción del Poder Judicial en su discurso de apertura de sesiones ordinarias, y Cristina Kirchner dijo durante su alegato vía Zoom hace poco más de una semana que “el Poder Judicial incide todos los días en la vida de los argentinos, en las mujeres que masacran en femicidios espantosos cuando ustedes, como jueces y fiscales, se quedan sentados y “no pasa nada”.
Fuente La Nación
