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En medio de la batalla judicial del Gobierno contra la Justicia y un día después de que el presidente Alberto Fernández confirmó a Martín Soria como nuevo ministro de Justicia, más de 100 concursantes participaron del examen para cubrir dos juzgados vacantes clave en los tribunales federales de Comodoro Py.
El proceso, que llevó adelante la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura, apuntó a seleccionar a dos magistrados. Uno para el Juzgado Federal 11, vacante desde el fallecimiento de Claudio Bonadio en febrero del año pasado, y el otra para el Juzgado Federal 6, sin titular desde mediados de 2020, cuando Rodolfo Canicoba Corral se retiró tras cumplir 75 años.
El examen, multitudinario, se tomó en Tecnópolis, el lugar que eligió y adaptó la Magistratura en medio de la pandemia para evaluar a los candidatos que se presenten en los concursos que están abiertos.
El concurso, el 450, es uno de las más importantes por el peso de esos dos lugares que estaban vacantes. Los tribunales de Comodoro Py son el blanco del Gobierno que sostiene que desde allí, jueces y fiscales colaboraron con el lawfare contra Cristina Kirchner y varios ex funcionarios de su gobierno. Hay otra vacante en los tribunales que también debe ser completada a través de otro concurso. Es el lugar que dejó Sergio Torres cuando dejó su cargo para asumir en la Corte Suprema bonaerense.
El oficialismo en el Consejo de la Magistratura, tras años de demoras y dilaciones, ahora busca acelerar al máximo la velocidad de los concursos. El presidente del organismo, el académico Diego Molea -muy vinculado al oficialismo- tiene como objetivo que cerca de mitad de año se puedan mandar las ternas al Ejecutivo para que las envíe al Senado.
Los consejeros Graciela Camaño, Alberto Lugones, Diego Molea y Pablo Tonelli en el eamen para jueces. Foto Federico López.
El jurado del concurso de este martes estuvo integrado por Roberto Falcone, juez del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata; Omar Minatta, camarista penal en Chubut; Adriana Molina, académica de la Universidad Nacional del Litoral y por la secretaria de la Cámara Electoral, Alejandra Lázzaro.
Hace una semana, surgió una fuerte polémica en este concurso e incluso Lázzaro amenazó con renunciar. Fue luego de que se conociera que los cuatro integrantes del jurado habían incluido en el examen el concepto de lawfare. Entre otros tópicos, también incluyeron la “Criminología Latinoamericana: la criminología en tiempos de totalitarismo financiero”, “La tipicidad conglobante de Zaffaroni”, “El llamado ‘lawfare’: noción y funcionamiento”, y “el modelo constitucional Chubutense”.
Tras un pedido de la oposición, la diputada Graciela Camaño, que preside la Comisión de Selección, ordenó sacar esos temas y no le aceptó la renuncia la jurado Lázzaro. Si lo hubiera hecho, el examen no podría haberse tomado este martes.
El examen -uno de los pasos formales para poder ser seleccionado pero no el único- consistió en el planteo de un caso jurídico, real o imaginario, que los aplicantes deben resolver como si ocuparan el cargo por el que concursan. Si bien en principio se habían anotado unos 249 concursantes, solo se presentaron unos 100.
Además de Camaño, estuvieron en el lugar los consejeros Pablo Tonelli -diputado nacional del PRO-, el juez Alberto Lugones y el presidente del Consejo Diego Molea.
Fuente Clarin
