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Habla con funcionarios todas las semanas. De la coyuntura y de cuestiones académicas. No espera un ofrecimiento puntual, pero si el teléfono suena, por qué no escuchar. Así se podría resumir la situación de Alejandra Gils Carbó en estos días de plena radicalización del discurso del Gobierno en materia judicial y en los que se confirmó la llegada al Ministerio de Justicia de Martín Soria en lugar de Marcela Losardo. Ella, la funcionaria del sector más identificada con el kirchnerismo en el último mandato de Cristina Kirchner, observa el escenario político con sus allegados más íntimos.
La ex procuradora general de la Nación volvió a dialogar con la prensa en una serie de entrevistas que le concedió a Radio 10, AM 750 y El Destape Radio hace algunas semanas. Se refirió a la denuncia en su contra por la presunta compra irregular de un edificio en el que funcionaron oficinas de la Procuración, que se encamina a juicio y que definió como “un combo de violencia y patriarcado”, por haber sido vinculado a su ex marido.
“Parecía que yo era dirigida por él para hacer un negocio y me había separado hacía 25 años”, contó. En la causa, que instruyen el juez Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano, está procesada por “fraude, abuso de autoridad, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública” en la compra del edificio de Perón 667, por 43 millones de pesos.
Ya desde lo discursivo, Gils Carbó empieza a mostrar un alineamiento indisimulable al proyecto oficial. Es novedoso, aunque no parezca. Durante su etapa como jefa de fiscales, apuntada por la oposición por lo que entendían era una gestión parcial con el gobierno de turno, siempre evitó expresarse públicamente sobre su posicionamiento político ya que ocupaba un cargo que era independiente del Poder Ejecutivo.
Comentaba a su círculo de mayor confianza que en los tres años y medio que fue procuradora durante la presidencia de Cristina Kirchner sólo la había visto una o dos veces, más allá de una relación de respeto mutuo que reconocía. Las cosas no cambiaron ni siquiera en los momentos más álgidos de la gestión común, en enero de 2015, cuando se conoció la muerte del fiscal Alberto Nisman, quien reportaba formalmente a Gils Carbó en el Ministerio Público Fiscal.
“Nunca pensé en removerlo de la Unidad AMIA”, declaró en la causa que investigó el fallecimiento del fiscal, que días antes de morir había denunciado a la entonces presidenta por encubrir a Irán en la firma del memorándum de entendimiento por el atentado de 1994 a la sede de la judía mutua, que causó 85 muertes.
En los últimos días Gils Carbó salió a hablar y declaró públicamente su aval a la creación de un Tribunal Federal de Garantías. “Es todo positivo”, soltó sobre el plan de reforma de la Justicia de Alberto Fernández, del que opinó “no va a afectar para nada a la Corte Suprema”. Todo un gesto de respaldo hacia la estrategia político-judicial del Gobierno.
Jubilada en noviembre de 2017, poco después de renunciar a la Procuración en medio de la denuncia por corrupción en su contra y de un enfrentamiento con el gobierno de Mauricio Macri, que desde el primer día que asumió la consideró una “procuradora militante”, Gils Carbó está dedicada por completo a su vida académica, repartiendo su tiempo entre disertaciones en el ámbito nacional e internacional y su cargo de dirección de la carrera de Derecho en el Instituto Universitario Madres de Plaza de Mayo. Sobre Macri, no olvida la “larga persecución” que asegura haber sufrido.
A los 62 años, se sabe una persona joven y con posibilidades de volver a la gestión pública. No hay ofertas, aseguran cerca suyo, ni ella va a ofrecerse. Pero en plena kirchnerización del discurso presidencial, y con varios frentes judiciales por cubrir, su nombre podría surgir por decantación. Habla de manera periódica con funcionarios y representantes de la agrupación K Justicia Legítima que integra desde sus inicios. No estaría dispuesta a asumir de nuevo la Procuración, en caso de ser postulada si el pliego de Daniel Rafecas no prospera o el Gobierno lo baja.
Pero esa negativa no sería tan rotunda si llegara un ofrecimiento más tentador, que podría escuchar. El Ministerio de Justicia aparecía como una vacante a cubrir, pero el Presidente se inclinó por diputado nacional Martín Soria para suceder a Marcela Losardo. Era un cargo que podía seducirla. No será para ella. Pero la kirchnerización de Alberto Fernández y el peso que vienen ganando funcionarios cercanos a Cristina podrían habilitar nuevos espacios. Mientras, ella, Alejandra Gils Carbó, analiza y espera.
Fuente Clarin
