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Martín Soria no perdió oportunidad para mostrar que su gestión en el Ministerio de Justicia tendrá una impronta muy diferente a la de su antecesora, Marcela Losardo. Anoche anunció que su intención apenas asuma es pedir una reunión formal a la Corte Suprema para exigirles a sus integrantes explicaciones sobre diversas situaciones que preocupan al Gobierno.
“Lo hablé con el Presidente y él está de acuerdo, lo primero que voy a hacer como ministro es pedir una audiencia oficial con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque es vital conocer que opinan sus integrantes sobre cuestiones centrales de la vida institucional del país”, dijo en una entrevista con C5N, en la que anticipó también cuáles son los temas sobre los que quiere saber la opinión de Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
Le apuntó, en ese sentido, al procurador general interino, Eduardo Casal, a quien el kirchnerismo ansía remover desde hace 15 meses, y al presidente de la Cámara de Casación, Gustavo Hornos, a quien Soria denunció penalmente por haberse reunido con Mauricio Macri en la Casa Rosada. “Esta Justicia, así como está, no va más. Por eso es tan necesario conocer cuál es la visión de la Corte sobre la situación de un procurador atornillado hace tres años y que nadie eligió”, afirmó el ministro. Dijo que quiere saber qué opinan los jueces sobre la ley de reforma del Ministerio Público Fiscal, trabada en la Cámara de Diputados.
Con el presidente @alferdez repasamos los lineamientos de gestión que nos van a permitir realizar los cambios profundos que necesita la Justicia. Hay dos proyectos de ley fundamentales en los que debemos avanzar, como también la implementación del sistema acusatorio. pic.twitter.com/d4FbbSsxS8
— Martin Soria (@SoriaEnAccion) March 17, 2021
“Cómo puede ser que no sepamos qué piensa de estos ingresos a la Casa Rosada (sobre Hornos), de los temas de géneros, que hoy tengamos dos clases de jueces: los que pagan ganancias y los que no -insistió-. Sin Justicia no hay Estado de Derecho. Por eso es necesario conocer la opinión de la Corte Suprema en relación a lo que sucede en Casación, que es un verdadero escándalo. Debemos saber cuál es su visión y cómo pueden ayudar a superar esta situación inadmisible. Ellos son la cúpula del Poder Judicial”.
Nos encontramos en un punto de inflexión: es evidente que estamos afectando intereses concentrados. Por eso vemos tanta reacción y agresiones. Pero, ¿quién puede estar en contra de tener jueces probos, imparciales y que no entren a las escondidas al despacho de un Presidente? pic.twitter.com/vKv8I7ozlZ
— Martin Soria (@SoriaEnAccion) March 17, 2021
Soria había señalado en sus primeras declaraciones como ministro designado que aspira a “desmontar el lawfare” y que Cristina Kirchner quiere que la Justicia la libre de culpa y cargo, “porque es inocente”. Anoche dijo que por esas posturas está sufriendo ataques políticos y mediáticos. “Nos encontramos en un punto de inflexión: es evidente que estamos afectando intereses concentrados. Por eso vemos tanta reacción y agresiones. Fijate cómo se ponen. Pero, ¿quién puede estar en contra de tener jueces probos, imparciales y que no entren a las escondidas al despacho de un Presidente? Lo que está en debate es la crisis de legitimidad que hoy tiene el Poder Judicial”. Y añadió: “La agresión retórica a priori es una forma de horadar nuestra voluntad de dialogar”.
En su teoría, se busca la polémica para evitar negociaciones con los actores dentro del Poder Judicial “que están dispuestos a acompañar las transformaciones que son tan necesarias para depurar” los tribunales. “No todos los jueces y fiscales de la Argentina van a contramano del Estado de Derecho. Es más, entendemos que son muchos quienes se ubican al margen de ese blindaje corporativo que desprestigia al Poder Judicial y lo ubica de espalda a los ciudadanos y ciudadanas”, enfatizó.
El ministro confirmó además que pretende acelerar las negociaciones políticas para que se apruebe la ley de reforma del Ministerio Público Fiscal, que modifica los requisitos para designar al procurador general, y trabajar en los proyectos que anunció el presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa el 1 de marzo, como la modificación del Consejo de la Magistratura.
LA NACION
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