Diputados: crece la presión del kirchnerismo para aprobar las reformas judiciales y sacar al procurador Eduardo Casal

Vanesa Siley es diputada nacional del Frente de Todos, ocupa una silla en el Consejo de la Magistratura y es la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Justicia (Sitraju), una escisión del gremio que encabeza Julio Piumato. Pero Siley, sobre todo, es una de las espadas legislativas y judiciales de confianza de Cristina Kirchner. Esta mañana, en línea con las declaraciones del ministro Martín Soria, dijo que el oficialismo va “a avanzar” con los proyectos de reforma judicial que están en Diputados -algo para lo que hoy no tiene los votos-, que el procurador Eduardo Casal debe dejar su cargo inmediatamente.

El procurador es el jefe de los fiscales y no debe responder a los gobiernos de turno, sin embargo, Siley dijo hoy que sería “importante para el país” tener “un procurador general que siga la política criminal del Poder Ejecutivo”.

“Casal ocupa el cargo de forma interina con una designación dudosa. Debería renunciar. Ayer. Antes de ayer. Me parece una barbaridad que siga sentado ahí”, afirmó la diputada a El Destape Radio. En la misma línea, el flamante ministro Soria había dicho que Casal estaba “atornillado a la silla”.

Consultada sobre los dos proyectos vinculados a la Justicia que aprobó el Senado y están frenados en Diputados (la reforma de la justicia federal y la del Ministerio Público), afirmó que “se va a poder avanzar para conseguir el quorum”. Adelantó que el oficialismo va a “ver la posibilidad de flexibilizar algunos puntos” para negociar con la oposición la aprobación de los proyectos. “Son los dos muy importantes, pero yo quiero destacar el del Ministerio Público [que facilitaría la designación del reemplazante de Casal]”, afirmó, e insistió en la necesidad de que el procurador interino sea reemplazado.

Siley tiene 37 años, es dirigente de La Cámpora y es una activa militante del feminismo. También, es una habitual crítica de la Corte Suprema. Hoy volvió a cuestionar al máximo tribunal: dijo que “no se hizo cargo de nada de lo terrible que pasó en nuestro país”, una lista en la que incluyó “préstamos del FMI para pagar una campaña electoral” y la “persecución de dirigentes políticos como la expresidenta” Cristina Kirchner.