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Todo listo para avanzar, la semana próxima, en la media sanción de la reforma al impuesto a las ganancias en la Cámara de Diputados: pese a que sus propuestas para modificar la iniciativa fueron rechazadas, la oposición anticipó que apoyará, con disidencias, la iniciativa del oficialismo que propone elevar el piso para eximir del pago del tributo a los sueldos hasta $150.000.
El proyecto, que fue elaborado por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, obtuvo dictamen favorable ayer de las comisiones de Presupuesto y de Legislación del Trabajo, que presiden Carlos Heller y Vanesa Siley, respectivamente. Massa convocaría al debate en el recinto el martes próximo; será la primera sesión ordinaria del año.
El proyecto de ley establece una deducción especial para eximir del pago del impuesto a las ganancias a aquellos asalariados con sueldos brutos hasta $150.000 y, en el caso de los jubilados, con haberes hasta ocho haberes mínimos. Se estima que este beneficio alcanzará 1.200.000 personas.
“Estamos de acuerdo con el objetivo del proyecto, que alivia el bolsillo de muchos trabajadores que pagan el impuesto –sostuvo el diputado radical Luis Pastori-. Sin embargo, esta iniciativa hará perder aún más la progresividad que tiene este impuesto porque es discriminatorio. Por ejemplo a los 400.000 trabajadores autónomos, que no están incluidos en el beneficio”.
Pastori, vocero de Juntos por el Cambio, desgranó los cambios que su bloque propuso a la iniciativa pero no fueron incluidos. Entre ellos, reemplazar el índice salarial RIPTE de actualización de escalas y deducciones del impuesto por una actualización semestral por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para evitar la rápida licuación de los topes y sumas contenidas en la ley. También insistió en incorporar una deducción especial por gastos en educación y en ampliar el monto por el cual se deducen los créditos hipotecarios.
Por último, los opositores insistieron en cuestionar el mecanismo establecido en el proyecto de ley para la franja de trabajadores con sueldos mensuales brutos entre $150.000 y $173.000; la iniciativa dispone que, para este sector, el Poder Ejecutivo dispondrá, en la reglamentación de la ley, los ajustes necesarios para evitar que este grupo de asalariados no pasen a pagar la escala más alta del tributo, el 35%. La oposición no está de acuerdo con esta discrecionalidad.
“Estamos hablando de un impuesto anual, no mensual –advirtió Pastori-. Si el promedio salarial de 2021 da un monto superior a $150.000 por efecto de las paritarias, todo lo que pudo haberse beneficiado en los primeros meses se verá esfumado en la liquidación final, sencillamente porque habrá superado el monto por el cual había estado exento. Entonces, el asalariado terminará pagando el impuesto en base a lo que le toque, ya sea en el rango entre $150.000 y $173.000 o si está por arriba de los $173.000 pesos. Lo que le devuelven ahora se lo quitarán más adelante.”
Por esa razón su colega Alejandro Cacace, también de Juntos por el Cambio, insistió en que la actualización del piso del impuesto sea por el IPC. Asimismo, sostuvo que los jubilados y pensionados deberían quedar exentos del pago del impuesto, salvo aquellos que pertenezcan a regímenes especiales, en concordancia con los fallos de la Corte Suprema.
El oficialismo desoyó estas propuestas. También las que presentó el Interbloque Federal, que sugirió incorporar un aumento del 50% en las asignaciones familiares para aquellos trabajadores cuyos salarios estén por debajo del nuevo mínimo no imponible.
“Es cierto que, con este proyecto, sólo el 7% de los trabajadores en relación de dependencia pagarían el impuesto, pero debemos tener en cuenta que más de la mitad de los trabajadores formales no pagan el impuesto sencillamente porque su sueldo no llega siquiera al piso de Ganancias. Ni hablar de los informales”, sostuvo el diputado Jorge Sarghini (Consenso Federal) quien, al igual que sus pares de Juntos por el Cambio, insistió en la necesidad de una reforma tributaria de fondo.
“Es cierto que este proyecto beneficia a un número importante de trabajadores, pero es un dato objetivo que distorsiona aún más al impuesto y le quitar progresividad”, sostuvo.
Cambios al proyecto
Desde que se presentó la iniciativa, hace poco más de un mes, se acordaron diversas modificaciones al texto. En primer lugar, se estableció que esta nueva ley sea retroactiva al 1° de enero y que el aguinaldo, hasta $150.000 pesos, quede exento del tributo. Asimismo, se podrá deducir del impuesto al concubino –actualmente se permite solo el cónyuge-.
Asimismo, el oficialismo accedió a que los jubilados mantengan la deducción del impuesto aún si tiene otros ingresos hasta $ 167.648,40 anuales, valor equivalente a la ganancia no imponible. Este beneficio terminará siendo efímero.
Con estas modificaciones, el costo fiscal será de $47.600 millones, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Luego el oficialismo incorporó otros cambios: tampoco tributará el impuesto reintegro por gastos de guardería para los hijos de hasta tres años, con un tope de hasta el límite equivalente al 40% de la ganancia no imponible.
Asimismo, se duplicará la deducción por hijo con discapacidad, que actualmente es de 78.833 pesos al año. Finalmente, se prorrogará la exención de las horas extras y guardias -activas o pasivas- del personal de salud debido a la pandemia del Covid-19.
“Esta iniciativa va a impactar de manera muy positiva en un grupo importantísimo de personas que van a aquedar exceptuadas –sostuvo el diputado Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto-. Creemos que el ahorro de los asalariados, que totalizaría unos $12.000 millones, se volcarán al consumo, con la consiguiente mejora de la economía. Esto morigerará el impacto fiscal que tendrá este proyecto.”
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