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El ministro Martín Guzmán está en los Estados Unidos para reunirse con inversores y funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Llegó en un momento en que el Gobierno de Joe Biden lleva adelante su histórica emisión de US$1,9 trillones para inyectar dólares y reactivar la economía.
La respuesta de los mercados fue el temor a un repunte de la inflación y la consecuencia es la suba de la tasa de interés de los bonos del Tesoro americano a un 1,7% anual, cuando hace pocos meses era de la mitad.
La suba de la tasa estadounidense golpea a los papeles de las empresas tecnológicas y favorece la salida de los capitales de los países emergentes. ¿Y la Argentina?
La Argentina está aislada del mercado internacional de crédito y, por lo tanto, no tendría consecuencias a corto plazo, al punto tal que en los últimos días sus bonos, muy depreciados, repuntaron.
La tarea del ministro no resulta sencilla, ya que fue el encargado del canje de la deuda —en su momento considerado exitoso— que arrancó con los nuevos bonos cotizando en US$47 en efectivo y que en pocos meses llegaron hasta los actuales US$34 en promedio, por cada US$100 emitidos.
Inicialmente, esos bonos devengaban un rendimiento del 11% anual, ahora lo hacen de casi 20% anual, constituyendo uno de los indicadores más evidentes de la falta de confianza financiera en la Argentina. Ofrecen una renta sideral, pero los compradores no están.
El momento financiero tiene características particulares: calma cambiaria en medio de tensiones políticas y certezas en torno a que el Gobierno no podrá hacer frente ni al vencimiento de mayo de US$2.400 millones con el Club de París ni a los US$3.800 millones (mitad en septiembre y mitad en diciembre) que le debería pagar al FMI.
La tranquilidad cambiaria se apoya en un Banco Central inyectando dólares por medio de un mecanismo que consiste en vender bonos AL30 contra pesos y recomprarlos contra dólares de las reservas (vienen vendiendo entre US$10 y US$20 millones diarios) en el “contado con liquidación”, a lo que se suman los dólares de los aportantes del impuesto a la riqueza.
Esos contribuyentes venden dólares para hacerse de pesos y poder pagar el impuesto antes del 31 de marzo, que es el plazo de vencimiento.
Pero la clave de la entrada de dólares en estos días está en el alto precio de la soja en el mercado internacional. A US$520 la tonelada, productores y exportadores están liquidando granos. Nadie sabe hasta cuándo durará la bonanza de una soja que subió US$160 en pocos meses.
Pese a la mejor perspectiva del sector externo, el Gobierno mantendrá un cepo cambiario estricto con la intención de controlar aún más el dólar.
El atraso relativo de la moneda estadounidense frente al aumento de la inflación se proyecta como la principal política antiinflacionaria del Gobierno, política que tiene características muy particulares.
Una evidencia es la suba por encima de la inflación de los precios de la nafta y otros combustibles de YPF (50% en 5 meses) mientras se demoran las actualizaciones de las tarifas de luz, gas y transporte.
La mayor rigidez cambiaria conlleva también un control de las importaciones más férreo porque se puede pagar casi todo lo que se importa, pero no así las deudas que los importadores tengan con sus proveedores.
Guzmán podrá explicar su intención de tender al equilibrio fiscal y a demandar la menor cantidad posible de emisión al Banco Central. También que el Gobierno está dispuesto a pagar su deuda, aunque ahora no cuente con recursos.
La Argentina, una vez más, apoya su precaria estabilidad cambiaria sobre los buenos precios internacionales y sobre la posibilidad de una buena cosecha del campo. Una país amenazado por la pandemia y la escasez de vacunas, y un Gobierno dando vueltas sobre sus propios fantasmas y amenazas solo encuentra un respiro en el viento de cola que viene desde el exterior que, como es sabido, siempre es temporal.
LGP
Fuente Clarin
