Arranca el juicio contra seis gremialistas que apretaban a las constructoras

Sin público ni prensa y con menos de la mitad de los acusados sentados en el banquillo. Así dará inicio este lunes el juicio contra seis gremialistas de la UOCRA de Bahía Blanca, acusados de asociación ilícita y extorsión contra empresarios de la construcción. Debió comenzar en abril pasado, en plena cuarentena y luego en septiembre, pero volvió a postergarse.

La ausencia de periodistas y espectadores se relaciona con las medidas de distanciamiento contempladas en el protocolo autorizado para la realización de audiencias orales en la justicia provincial. La de los sindicalistas, con que ocho de los acusados ya admitieron su parte de culpabilidad en la banda.

Frente al Tribunal Criminal 2 estarán sentados los dos secretarios generales que tenía la UOCRA bahiense hasta enero de 2018. Humberto Monteros, que también era titular de la CGT regional y estaba al frente del área Bahía Blanca y José Burgos, responsable de las operaciones en la zona aledaña a esa ciudad.

Ambos figuran como líderes de una asociación ilícita “destinada a amenazar, coaccionar y extorsionar a profesionales independientes y directivos o representantes de empresas que realizaban obras civiles, viales, eléctricas y de infraestructura en general”. Así lo indica la acusación que llevará el fiscal Gustavo Zorzano, de la Unidad de Delitos Complejos.

Las firmas con las que los empresarios debían acordar prestaban servicios para la construcción, como baños químicos, transporte, vestimenta y gastronomía , respondían a los mismos gremialistas. A Monteros, en su casa de Monte Hermoso, le encontraron bolsos con 5 millones de pesos y 100.000 dólares. En una caja fuerte guardaba 423.000 dólares más.

Junto a él y Burgos, será juzgado también Guillermo Molina, ex tesorero de la UOCRA y candidato a concejal por el Frente Para la Victoria en 2017. “Es una causa política” dijo su abogado, al salir de una audiencia y coincidió con él Luis D´Elia, en un tuit posterior.

Completan el sexteto de los acusados, Walter Paiz, Roberto Ríos y Mario González. El resto de los gremialistas ya fue condenado o aguarda la misma decisión del tribunal, luego de haber acordado juicios abreviados con la fiscalía.

El primero en romper el hielo fue David Ezequiel Muñoz quien en octubre pasado recibió una pena a 5 años de cárcel, por una extorsión en Coronel Suárez. En 2013, junto a otros dos delegados, le entregó al responsable de una obra en construcción una lista con exigencias.

Incluía el pago de mil pesos mensuales hasta su finalización, para evitar reclamos o acciones de parte del gremio que los paralizaran. “Era una práctica habitual, la de visitar los obradores y hablar en esos términos con los dueños de las empresas” sostiene la acusación.

En la fiscalía, revelaron que los delegados eran nombrados “a dedo” y debían pertenecer a la lista Azul y Blanca que lideraba Monteros. “Había una estructura vertical que se daba en toda la jurisdicción con la misma metodología. Se aprovechaban del velo que les daba el nombre como UOCRA para operar” agregó la fuente.

Tras el acuerdo de Muñoz, después de la feria judicial de enero, llegaron los de Sergio Daniel Vázquez, Aníbal Alejandro Aranda, Sebastián Octavio Canales, Raúl Ernesto Erbin y Pablo David Gutiérrez.

Integraban la comisión directiva o eran delegados y todos recibieron condenas entre 5 y 7 años de cárcel. Todavía quedan por resolverse los casos de Carlos Ariel Carrillo y Nelson Damián Cabrera que también optaron por el juicio abreviado y esperan el fallo judicial.

Zorzano asumió la investigación en octubre de 2017, luego de que la causa fuera abierta de oficio por la fiscalía general de Bahía Blanca. La decisión siguió a declaraciones públicas del titular de la filial bahiense de la Cámara Argentina de la Construcción y de la gobernadora María Eugenia Vidal.

En un acto en plena campaña electoral, la mandataria bonaerense relacionó la parálisis de algunas obras viales que impulsaba su gobierno con “actitudes mafiosas”. En la misma línea, el empresario Pablo Quantín había denunciado aprietes en algunos de sus obradores.

“Eran obligados a suscribir acuerdos o convenios que establecían a favor de los trabajadores aumentos de sus remuneraciones por encima de los acuerdos salariales vigentes o premios para todos los dependientes por igual sin que el empleador pueda considerar el desempeño o productividad del trabajador” falló la jueza Claudia Fortunatti, al condenar a Muñoz.

Fuente Clarin