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En una medida sin precedentes, el consejo de guerra destituyó este lunes al ex jefe de la base de submarinos de Mar del Plata, capitán Claudio Villamide por el naufragio del submarino ARA San Juan en el 2017, tal como adelantó el domingo Clarín en exclusiva.
Además, el organismo aplicó arrestos rigurosos de 45 días al ex jefe de la Armada, almirante Marcelo Srur y al ex jefe de la base de puerto Belgrano, contraalmirante Luis López Mazzeo, entre otras duras sanciones. El dictamen fue particularmente duro con Srur.
Al ex jefe de operaciones de esa base, capitán de fragata, Miguel Angel Correa, le aplicó un arresto de 30 días, al igual que a su colega Héctor Alonso. Otros de los imputados fueron absueltos, se informó en forma oficial.
La destitución es una medida sin precedentes en la aplicación de las nuevas leyes de la justicia militar modificadas durante la presidencia de Cristina Kirchner. Los sancionados apelarán a la justicia en lo contencioso administrativo, que funcionará como tribunal de alzada.
A Villamide se la aplicó una falta disciplinaria gravísima prevista en el artículo 13 de la ley 26.394 que sanciona a quien fuera negligente “en la falta de cuidado o descuido de tropa y equipamiento”.
Además, se lo destituyó por las órdenes que le dio el 15 de noviembre de 2017 al comandante del submarino, capitán Pedro Fernández y por estar procesado en la causa que instruye la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez.
Dice el fallo que es por “no haber recomendado expresamente al comandante del San Juan permanecer en superficie por un tiempo limitado, manteniendo una comunicación a intervalos hasta definir un modo de acción que permitiese una comunicación segura de regreso a puerto”. También por no haber convocado en forma urgente a su estado mayor ante la emergencia.
El abogado de Villamide, Juan Pablo Vigliero, rechazó las sanciones y apelará ante la justicia civil. Vigliero dijo a Clarín que no puede ser destituido con el argumento de su procesamiento porque “no está condenado”. La destitución implica la pérdida del grado militar y sus derechos salariales y es una medida deshonrosa para los militares.
Además, durante el juicio “se comprobó que lo más seguro para el submarino era permanecer en inmersión, decisión que tomó el comandante del submarino. El diseño de la nave indica que es más seguro navegar en inmersión que en la superficie en medio de una tormenta”.
Vigliero dijo, además, que “permanecer en superficie o en profundidad de periscopio estorbaba la maniobra para verificar la avería” en las baterías de proa. Y afirmó que el argumento de no convocar urgente a su estado mayor “no está en el reglamento y, sin embargo, Villamide trabajó codo a codo con su gente”.
En cuanto a la sanción a Srur, el consejo de guerra dijo que fue por “haber informado en forma incompleta” sobre la situación del submarino al entonces ministro de Defensa, Oscar Aguad” con el “agraviante de no comparecer ante la opinión público” ni informar a los familiares de las víctimas durante la emergencia.
Su actitud denotó “falta de compromiso y diligencia” con el “menoscabo” que eso importó a la fuerza, subraya el fallo.
El arresto a Srur fue también por haber “atribuido responsabilidad de índole disciplinaria a personal subalterno en forma apresurada y sin haber agotado las medidas necesarias para formular tales imputaciones”. En noviembre de 2017, Srur abrió un sumario contra López Mazzeo y otros subalternos.
En cuanto a López Mazzeo, el consejo de guerra dijo que lo sancionaba por estar procesado en Caleta Olivia. También por no cumplir con la orden de no ausentarse de su puesto en Bahía Blanca, pese a “estar en conocimiento de la avería” y haberse ido a una “actividad subsidiaria” al Chaco.
A su vez, el contraalmirante (R.E.) Eduardo Luis Malchioldi fue absuelto por falta de mérito decretado en la causa penal que tramita en Caleta Olivia, y con respeto del Capitán de Navío (R.E.) Carlos Ferraro, fue declarada extinguida la acción disciplinaria respeto de la falta grave que se le imputaba.
Los argumentos más detallados del dictamen recién se conocerán el viernes.
La semana pasada, el fiscal militar Ricardo Mendez achacó “faltas gravísimas” a los acusados por la muerte de los 44 héroes que componían su tripulación.
Las acusaciones contra marinos habían creado malestar en sectores de la Armada que se quejaban porque el consejo no estuvo integrado por ningún miembro de la fuerza.
La base de su acusación es que el comandante del San Juan, capitán de navío Pedro Fernández, tenía “esmerilado” su capacidad de mando, que la nave tenía vencido el carenado y, por lo tanto, “no estaba” en condiciones de navegar, en el marco de una lista de “negligencias”.
El consejo está integrado por el secretario de Estrategia y Asuntos Militares, el agrimensor Sergio Rossi (primo del ministro de Defensa Agustín Rossi), el jefe y subjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Juan Martín Paleo y el brigadier Pedro Girardi.
El Consejo investiga la supuesta responsabilidad en el hundimiento del ex jefe de la fuerza Marcelo Srur; al ex jefe de la base naval de Puerto Belgrano, contralmirante Luis López Mazzeo; al ex jefe de Mantenimiento y Arsenales Eduardo Malchiodi; y al ex jefe de Operaciones, capitán de navío Carlos Ferraro. Todos éstos ya pasaron a retiro.
También son investigados el ex comandante de la de la Fuerza de Submarinos, capitán de navío Claudio Villamide, y los oficiales Héctor Alonso, Hugo Correa y Jorge Sullia, todos ellos en actividad.
La Ley 26.394 que actualmente regula este Consejo prevé penas para faltas leves, graves y gravísimas, que van desde el apercibimiento hasta la destitución. Esta última medida es una deshonra para los militares.
El último contacto con el submarino, que comandaba el capitán de navío Pedro Fernández, con su base en Mar del Plata se produjo el 15 de noviembre de 2017. Dijo que se iba a inmersión para que descansara la tripulación por el titánico esfuerzo de navegar en la superficie en medio de la tormenta con un ruido ensordecedor de los motores diésel.
Fuente Clarin
