Alejandro Miguel Ochoa, el motochorro de 55 años detenido por el asesinato de la psicóloga María Rosa Daglio en Ramos Mejía, salió el año pasado de la cárcel porque la Justicia le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria pese a que un informe del Servicio Penitenciario bonaerense desaconsejaba tal medida.
El delincuente acumula un impactante prontuario. Tiene 11 causas por robo, la primera de 1990. La modalidad que elegía siempre era similar: asaltaba en moto y prefería atacar a mujeres para arrebatarles sus pertenencias.
En 2017 llegó a juicio por robarles a dos chicas en Mar del Plata, a una de las cuales arrastró por el piso y le produjo múltiples fracturas al quedar un brazo entre la cadena y el piñón de la moto. Lo condenaron a ocho años y seis meses de prisión.
En septiembre de 2019, meses antes de la seguidilla de excarcelaciones otorgadas a delincuentes por el riesgo de contagio de Covid-19 en las cárceles, el Servicio Penitenciario de la Provincia se había pronunciado en contra de otorgarle a Ochoa la prisión domiciliaria.
En el documento, al que accedió Clarín, el Departamento Técnico Criminológico remarcó la “inconveniencia de incluir al interno Ochoa” en el “régimen de prisión domiciliaria y régimen abierto”.
El documento en el cual el Servicio Penitenciario bonaerense recomendó no otorgarle la prisión domiciliaria a Ochoa.
En el mismo escrito, el Servicio Penitenciario sugirió “que continúe con la asistencia psicológica que recibe en Salud Mental, que prosiga con la rutina laboral que desempeña y con las actividades académicas”.
Además, indicó que “sería conveniente que realice algún curso de formación profesional”.
Cuando Ochoa solicitó la prisión domiciliaria, el juez de instrucción Ricardo David Perdichizzi se la denegó, basándose en ese informe del Servicio Penitenciario bonaerense. El fiscal Marcelo Blanco también se opuso a la morigeración de la condena que cumplía en el penal de Batán.
Pero el defensor del detenido apeló, y la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata, integrada por los jueces Esteban Viñas y Marcelo Riquert, hizo lugar a la medida que se efectivizó el 30 de abril de 2020 sin tobillera electrónica.
“Se tuvo en cuenta el informe de salud (paciente con EPOC -grupo de riesgo frente al Covid-19- y complicación urológica con necesidad de intervención quirúrgica hasta entonces no practicada) y el informe de la autoridad penitenciaria”, justificaron desde la Cámara.
Ese informe de salud del Servicio Penitenciario Bonaerense era no vinculante. En cambio, la Cámara no consideró el informe Técnico Criminológico anterior que advertía sobre la “inconveniencia” de la excarcelación.
En noviembre, el beneficio le fue revocado a Ochoa por incumplimiento de las condiciones impuestas, aunque no volvió a la cárcel.
Ochoa pasó a estar prófugo, hasta que este lunes lo detuvieron en un allanamiento en Castelar, por el asesinato de la psicóloga de 56 años.
LP
Fuente Clarin
