Tres comités de Derechos Humanos de la ONU celebraron la decisión del Gobierno de derogar un decreto promulgado durante el mandato de Mauricio Macri, que modificaba la Ley de Migraciones para establecer mayores controles al ingreso de extranjeros con antecedentes delictivos y agilizaba el trámite de expulsión de inmigrantes que delinquen en el país.
Dicho texto, aprobado en enero de 2017, incluyó la detención obligatoria y un procedimiento de deportación sumaria para los migrantes que hubiesen entrado de forma irregular o tuviesen antecedentes, aunque se tratase de delitos menores o la condena no fuese aún en firme.
Asimismo, redujo el plazo para recurrir la deportación a tres días laborables, lo que, según la ONU, ofrecía un acceso muy limitado a la asistencia jurídica gratuita para que la persona afectada pudiese impugnar su expulsión inminente de Argentina.
El Comité de la ONU de los Trabajadores Migratorios, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité contra la Tortura ya habían expresado su “profunda preocupación” por el decreto, por lo que este miércoles respaldaron la derogación anunciada a principios de mes por el gobierno de Alberto Fernández.
Desde la entrada en vigor del anterior decreto, el número de deportaciones se había duplicado y al menos 125 casos de expulsión habían sido impugnados por la posible vulneración el derecho a la unidad familiar. La mayoría de los casos estaban relacionados con madres o abuelas separadas de menores y al menos 32 correspondían a madres solteras, gran parte de ellas víctimas de violencia machista.
Los expertos de los tres comités esperan ahora “que Argentina revise los casos de personas expulsadas en violación del principio de unidad familiar y revoque las órdenes de expulsión y de prohibición de entrada para permitir la reunificación de las familias separadas”.
“El Gobierno argentino ha actuado correctamente al derogar el decreto, y celebramos su decisión. No es sólo una forma de evitar que se ocasionen más daños a los migrantes y sus familias, sino también una forma de realinear las políticas migratorias del país con sus obligaciones en materia de Derechos Humanos”, reclamaron.
Con información de agencias.
JPE
Fuente Clarin
