La versión nacional del Vacunatorio VIP fue la más resonante, por haber derivado en la salida de Ginés González García como ministro, pero los escándalos por el uso de dosis se repitieron en diferentes municipios y provincias. Catamarca no fue la excepción, al punto de que la vacunación de funcionarios se judicializó a través de una causa que tuvo diferentes avances en el último tiempo.
La primera denuncia en la Justicia la presentó el diputado Hugo Ávila, contra la intendenta del Frente de Todos Fiambalá Roxana Paulón y la ministra de Salud provincial, Claudia Palladino. Ambas, al igual que otros funcionarios distritales y provinciales. se vacunaron contra el Covid-19 sin encontrarse comprendidas dentro de los grupos prioritarios que establece el Plan Estratégico de Vacunación del Ministerio de Salud nacional.
En paralelo se abrió otro expediente contra el gobernador kirchnerista Raúl Jalil, la citada Paulón y el intendente de Fray Mamerto Esquiú, Guillermo Pereyra. La misma la realizó el empresario local Fernando Rivera y en ella se los acusa a los dirigente vacunados por presunto incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos.
Esta semana se conoció que la causa se mantendrá en la órbita de la Justicia federal, luego de la decisión del fiscal general ante la Cámara de Apelaciones de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, de rechazar la apelación que interpuso el fiscal de Catamarca Santos Reynoso por considerar que el caso no debía tramitarse por un juez federal.
En su resolución, Gómez considera que “asiste razón al juez federal cuando arguye que es el Estado Nacional -y no las provincias- quien adquiere las vacunas a los países productores y luego las distribuye en los distintos Estados provinciales, quienes deben seguir un plan estratégico de vacunación”.
Reynoso argumentaba que debería tramitarse bajo la justicia federal porque “la planificación del plan nacional de vacunación es una facultar delegada a cada provincia y son éstas quienes deben desplegar un plan de acción, organización y ejecutividad”.
El dictamen del fiscal Gómez validó la continuidad en las causas relacionadas al vacunatorio VIP catamarqueño del juez Miguel Ángel Contreras, quien venía llevándolas adelante.
“La competencia federal resulta inequívoca. A criterio del suscripto corresponde desistir del recurso de apelación impetrado, puesto que no surgen elementos que deban ser considerados como un perjuicio al interés público que representa el Ministerio Público Fiscal”, resume el dictamen.
Fuente Clarin
