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Son más de 50 mil metros cuadrados de tierras públicas ubicadas bajo el tendido del Ferrocarril Mitre las que están en medio de una disputa judicial entre el gobierno de la Ciudad y Alberto Fernández. Es a raíz de un Decreto del Poder Ejecutivo que pidió revisar una cesión de terrenos que realizó Mauricio Macri en noviembre de 2019. La justicia del fuero Contencioso Administrativo dio lugar a una medida cautelar que impide que Horacio Rodríguez Larreta los venda. La decisión fue apelada hace una semana y denuncian un “ahogo financiero” por parte de Nación.
La disputa judicial tiene como eje un convenio marco en materia de transporte ferroviario que data del 17 de octubre de 2007, cuando gobernaba el kirchnerismo. En ese documento, el Estado nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se comprometieron a realizar “sus mayores esfuerzos para garantizar y concretar soluciones eficaces para los inconvenientes que generaba el tránsito de los ferrocarriles (bajo jurisdicción nacional) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
En ese contexto, se acordó que las inversiones y gastos que cada parte afrontase para cumplir con aquella meta “podrían ser compensados entre ellas, previo acuerdo y en su documentada incidencia de la correspondencia de su imputación, contra otras inversiones y gastos, sujetos a las mismas condiciones, que fueran realizadas por la otra parte”.
En julio de 2016 la Nación y la Ciudad suscribieron convenios y protocolos de prestación de asistencia técnica, económica y financiera en la realización de obras de infraestructura de transportes Todos los convenios que regularon las obras contaron con la aprobación de la Legislatura porteña. La Ciudad financió los gastos para terminar los trabajos, y para cancelar esa deuda el gobierno nacional con un decreto le cedió seis inmuebles en noviembre de 2019, veinte días antes de que Mauricio Macri dejase la Casa Rosada.
Con más valor por su rezonificación, y como parte de las obras ferroviarias que concluyó el gobierno porteño, esos terrenos iban a venderse.
Pero cuando Alberto Fernández llegó a la presidencia, firmó un decreto para revisar esa y otras cesiones de terrenos de la Nación a la Ciudad. Fue en ese contexto que el juez del fuero contencioso administrativo Walter Lara Correa otorgó la medida cautelar que impide que el gobierno porteño tome decisiones sobre esos seis inmuebles.
El titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Martín Cosentino dijo que el esquema de traspaso de inmuebles que se denominó dación en pago, “nunca se hizo en ningún lugar de la Argentina, solo para la Ciudad de Buenos Aires. Ese acuerdo implica que a cambio de deuda la Nación da inmuebles, lo que para nosotros no es correcto. Por eso seguimos discutiendo el fondo de la situación y le estamos pidiendo también al ministerio de Economía que vea si el convenio vulnera o no vulnera la medida de responsabilidad fiscal que prohíbe que en los últimos seis meses de un gobierno se puedan alterar presupuestariamente o comprometer presupuestariamente con inmuebles a la administración siguiente”.
La apelación del Gobierno porteño refuta tales argumentos, al sostener que la ley de pacto fiscal no permite liberalidades los últimos dos trimestres previos a un cambio de gestión, sin embargo “la normativa contempla excepciones y la cesión de estos seis inmuebles ingresa dentro de ellas”. “La cesión se realizó porque la Nación no tenía fondos para terminar la obra del viaducto del Mitre y se realizó con fondos de la Ciudad: para cancelar esa deuda se otorgaron esos inmuebles”, explicaron en las presentaciones judiciales.
Esos seis inmuebles se rigen bajo la normativa de la legislatura porteña que ordena que el 65% deben destinarse a espacios públicos y el 35% a proyectos urbanísticos. El gobierno de Rodríguez Larreta busca vender esos terrenos para “recuperar parte de los fondos aplicados a las obras”, explicaron.
Por otro lado, en la apelación señalaron que el amparo prohíbe las ventas “no cumple con la norma de pedir información para tomar una decisión. Nunca se requirió información a la Ciudad al respecto”. En segunda instancia, se planteó que “no hay investigación en curso, porque lo solicitado por el PEN en el Decreto ya concluyó y se entregó el informe a la justicia”. Por tales motivos, pidieron que se anule la medida cautelar.
La conclusión del gobierno de la Ciudad es que la medida de revisar esa cesión “responde a una política de la Casa Rosada de ahogo financiero contra la Ciudad”, a la que suman la decisión del presidente Alberto Fernández de quitarle parte de los fondos de coparticipación a Rodríguez Larreta.
Fuente Clarin
