Cárceles bonaerenses: aún hay 168 presos que fueron liberados por el Covid y nadie sabe dónde están

En poco más de un mes, 168 presos detenidos en el sistema carcelario bonaerense lograron acceder a la prisión domiciliaria favorecidos por el instrumento que en los Tribunales se conoció como “fallo Violini“. Es el dictamen que hizo lugar a un habeas corpus colectivo que otorgaba ese beneficio procesal a detenidos por delitos leves que estuvieran dentro de los grupos de riesgo frente al nuevo coronavirus (Covid-19). Lo firmó el juez de Casación Penal bonaerense, Víctor Violini, el 8 de abril de 2020 y en pocos días defensores reclamaron y jueces otorgaron salidas para presos que quedaron sin controles oficiales. Hoy nadie sabe dónde están.

La Justicia y el Gobierno no tenían los recursos para conocer el destino de cada procesado o imputado. Y sólo se supo de ellos cuando reincidieron en algún delito, como el caso de Alejandro Miguel Ochoa (55), el motochorro que atacó a la psicóloga social, María Rosa Daglio en Ramos Mejía. Después del robo, la mujer murió por los golpes sufridos.

Las grietas del sistema jurídico permitieron que presos acusados de delitos graves y hasta violadores obtuvieran la prisión domiciliaria bajo el argumento de que eran presuntos “pacientes de riesgo” de contagio de coronavirus.

La decisión que rubricó el juez Violini, por pedido de los defensores oficiales de toda la Provincia, tenía parámetros claros para otorgar esa licencia: debían estar procesados ​​por la comisión de delitos leves; en situación de riesgo por edad o por patologías preexistentes o debían ser mujeres embarazadas o madres con hijos menores alojados en las unidades penitenciarias.

Había un listado de esas personas que aportaron el ministerio de Justicia provincial y el ministerio de Seguridad. Entre ambos, sumaban más de 1.000 presos.

La controversia jurídica y la polémica pública por esta decisión provocó una implosión política. El gobierno de Axel Kicillof había creado, pocos días después de asumir en la Gobernación, una “mesa de diálogo” para buscar alternativas a la superpoblación carcelaria. “Este gobierno tiene la firme decisión de pensar medidas que tiendan a su solución”, adelantó entonces. Se integró con representantes de los tres poderes del Estado, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el propio Violini.

La oposición acusó al gobierno provincial de promover la “liberación masiva” de presos. El presidente Alberto Fernández también se involucró: “Si un juez libera un preso no es un tema mío. Es de la Justicia”, describió. Esta situación también se vivió en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal (SPF), que hicieron una violenta protesta en el penal de Devoto y que también reincidieron tras salir de las cárceles.

El 11 de mayo, la Suprema Corte bonaerense limitó los alcances del fallo Violini. El máximo tribunal dispuso que cada libertad debe ser analizada por el juez que tiene a cargo al detenido, también en los casos de acusados ​​por delitos leves. Consideró que no correspondía otorgar arrestos domiciliarios concedidos a través del habeas corpus colectivo.

Pero el instrumento ya había sido utilizado 168 veces. En algunos casos, los jueces lo otorgaron sin pulsera electrónica. ¿Quién controla la situación personal de cada uno de ellos ? En el ministerio de Justicia de la provincia, a cargo de Julio Alak, dijeron a Clarín que “es imposible supervisar, hacer un cerrojo, sobre todos y cada una de las personas que obtienen una excarcelación. En ningún país del mundo se puede hacer ese control. No es un sistema blindado”, admitieron.

El organismo encargado de la vigilancia de las personas que dejan las celdas es el Patronato de Liberados. “Fue desmantelado en la gestión de (María Eugenia) Vidal: había 1.600 empleados y ahora quedaron 900″, argumentaron cerca del despacho del ministro. “El Patronato ahora tiene funciones más sociales, de reinserción. No podemos controlar uno por uno a cada preso“, agregaron.

En Justicia estiman que hay 25.000 ciudadanos que pasaron en los últimos cinco años por alguna de las 55 cárceles bonaerenses y que recuperaron la libertad. Sólo en el primer trimestre de pandemia (marzo, abril y mayo de 2020) se dieron 9.158 altas. Esto incluye todos los motivos: cumplimiento de pena, excarcelación extraordinaria, libertado condicional, salida transitoria, prisión domiciliaria.

En abril -el mes del “fallo Violini”- fueron 3.067. En mayo, cuando la Corte puso límite a los alcances del dictamen, fueron 2.516. Y en junio de 2020 salieron 2.351 personas que estuvieron en algún pabellón penitenciario.

Para los que tienen problemas con la Justicia pero por delitos más leves, existe otro sistema que controla el Ministerio Público Fiscal. “Debe verificar la situación de imputados en causas que no derivan en la prisión. Pero nada tiene que ver con la salida de presos de las cárceles”, explicaron a Clarín en la Procuración de la Corte.

Se firmó un convenio entre el Patronato y la Procuración en julio de 2017, para aliviar la tarea del ente responsable por la supervisión de los ex presos.

El “fallo Violini” argumentó “razones humanitarias”, cuando la pandemia del virus desparramado al mundo desde China comenzaba a invadir la Argentina. Se buscaba evitar el colapso sanitario en las unidades penitenciarias de Buenos Aires, donde se aloja hasta un 50% más de detenidos de lo que permite la capacidad edilicia.

“El coronavirus va a infectar a 50 mil presos y eso va a hacer explotar el sistema de salud de la Provincia. Yo soy juez y tengo que preservar la vida. El bien jurídico número uno protegido por el derecho es la vida”, explicó el camarista que firmó en soledad la resolución.

“Si ingresa el virus a una cárcel ocurre una masacre“, era la explicación que se escuchó entonces desde diferentes sectores del oficialismo. También los organismos de derechos humanos avalaron la decisión.

La bomba no estalló. El 20 de marzo, fuentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) dijeron a Clarín que había “cero caso” de contagio ese día en las 55 prisiones.

El SPB, el ministerio de Justicia y el ministerio de Salud no tienen “consolidado” el número total de infectados entre los detenidos desde la llegada de la peste a la provincia. Datos extraoficiales contaban 220 en los primeros siete meses, hasta el pico de la primera ola de contagios en el país. Y otros 80 en el último trimestre de 2020 y los primeros meses de 2021.

El primer caso positivo del país fue en la Unidad 23 de Florencio Varela. El 20 de abril pasado hubo una violenta protesta, ante el temor de que la pandemia se propagara intramuros. Todo terminó con un detenido muerto por el disparo de una guardiacárcel. Federico Rey tenía 23 años.

La cifra de muertes por Covid también requiere el cotejo de varias fuentes porque no está centralizada, según pudo averiguar Clarín. Se mencionan 12 fallecimientos, 8 de ellos eran pacientes que atravesaban enfermedades graves y hasta terminales que resultaron contagiados en medio de los tratamientos. Cuatro serían muertes por Covid, en una población de 43 mil detenidos en unidades penitenciarias, más 3.000 alojados en alcaidías. El promedio de edad de esa población es menor a los 24 años.

Dentro de ese universo de personas detenidas hay 4.500 con enfermedades severas o crónicas. Y 1.150 formaban parte de una lista que presentó el ministerio de Justicia y el área de Seguridad, de hombres y mujeres que podían acceder al habeas corpus planteado ante el Tribunal de Casación.

Entre el personal penitenciario hubo 3.265 casos de Covid-19 y al 20 de marzo había 350 contagiados que aún permanecían en tratamiento.

“La política penitenciaria en pandemia fue un éxito. No hubo muertes en masa porque se tomaron todas estas medidas: se acordó suspender las visitas desde mediados de marzo; se reformó el área de salud, se permitió el ingreso de celulares a las celdas y se aplicaron estrictos protocolos. Somos un modelo en el mundo. Nos consultan de otros países para que contemos la experiencia”, relata el ministro Alak cuando describe la situación en Buenos Aires. Para confrontar, mencionó los desastres humanitarios registrados en Colombia, Ecuador o Perú, donde los muertos detrás de las rejas se cuentan de a decenas.

El “modelo” bonaerense muestra algunas imperfecciones. Que pueden resultar irreversibles. El otorgamiento del beneficio a Ochoa -aún contra la opinión de un fiscal, un juez de Ejecución y hasta un informe del SPB- resultó fatal para la psicóloga social que fue atacada en la calle de Ramos Mejía (La Matanza) por un hombre que debía estar preso en Batán, a 400 kilómetros del asalto.​

Ladrón con permiso

Uno de los primeros casos de presos que fueron beneficiados con las excarcelaciones por el coronavirus y luego detenido por delinquir fue el de Federico Benvenuto. Este ladrón, de 34 años, cometió un arrebato en una heladería de Almagro, apenas 24 horas después de dejar el penal federal de Marcos Paz.

Benvenuto había acumulado 15 causas penales por robo a mano armada y lesiones entre 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019. Cuando lo liberaron, cumplía una condena por robo en poblado y en banda.

El día después de salir de la cárcel, el ladrón entró al comercio de Yatay y Yerbal, manoteó la plata que había en la caja registradora y escapó. La dueña del negocio llamó al 911 y pasó la descripción del asaltante.

Oficiales de la Policía de la Ciudad que estaban sobre Avenida Rivadavia vieron a un sospechoso de características similares correr por la vereda y empujar a otros peatones. Entonces lo persiguieron hasta que en Yatay y Lezica lograron detenerlo. Entre sus pertenencias había un papel que decía que el día anterior había salido de la cárcel.

Motín y tiroteo

Las distintas acordadas de la Justicia a nivel nacional y provincial que promovieron las excarcelaciones para evitar la sobrepoblación en el contexto de la pandemia estuvieron acompañadas por protestas y motines de presos en distintos penales. El caso más visible fue el de la cárcel de Devoto, donde los presos terminaron subidos al techo del penal, causaron destrozos e incendios.

Cristian Gustavo Gatti (42) fue uno de los que participó de esa protesta y a los pocos días recibió la prisión domiciliaria. El beneficio le duró poco ya que Gatti terminó baleado y detenido después de un robo, persecución y tiroteo con la Policía en Lomas de Zamora.

Al asaltante lo buscaban por una denuncia de un asaltante en una casa del centro de esa ciudad. Con la sospecha de que los sospechosos estaban en una vivienda de Cristóbal Colón al 3800, en Villa Caraza, los investigadores montaron una guardia encubierta.

En un momento, de la casa salieron Gatti junto a un cómplice y se subieron a un Renault Clio azul igual al que había quedado grabado por las cámaras de seguridad de la zona donde había ocurrido el robo. Hubo una persecución y tiroteo que terminó en Ayolas y Morazan, de Villa Fiorito, donde más patrulleros lograron cerrarles el paso a los delincuentes.

Uno de los ladrones escapó, pero Gatti fue baleado en el abdomen, un glúteo y una pierna. Al identificarlo, los agentes descubrieron que el ladrón había salido de Devoto el 26 de abril, horas después de la protesta de presos.

A los mazazos

Eduardo José Magri (34) tenía antecedentes por dos intentos de robo en 2011 y 2013 y un robo simple de marzo de 2014. Le faltaba poco para cumplir la condena cuando en abril accedió al beneficio de la prisión domiciliaria por el coronavirus. Era paciente de riesgo porque tenía tuberculosis.

Rodrigo José Barinaga Ferreyra (29) tenía antecedentes por “robo agravado por el uso de arma de fuego” y “tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil condicional”. El 8 de abril lo excarcelaron del penal de Magdalena.

Magri y Barinaga Ferreyra volvieron rápido a prisión. El 14 de mayo los detuvieron casi infraganti cuando con tres cómplices entraron a robar a una casa Caxaraville al 1700, en Ituzaingó. Rompieron la puerta a mazazos y amenazaron con armas a una familia para robarle dinero.

Un vecino que vio todo llamó al 911 y un patrullero llegó al lugar a los pocos minutos. En ese momento se desencadenó un tiroteo en el que un policía recibió dos balazos en el pecho, pero como usaba el chaleco antibalas no sufrió heridas de gravedad.

Junto a Magri y Barinaga Ferreyra fue detenido un tercer ladrón, mientras que otros dos escaparon en un auto.

Lo curioso de este caso es que Magri había sido beneficiado por la jueza de Ejecución Penal de Quilmes, Julia Márquez, la misma que en mayo había denunciado las excarcelaciones masivas.

Narcoabuelo

Al “Viejo Coco” y a su nieto “El Parri” no les alcanzó con salir de la cárcel y quedarse en casa. Tres meses después de haber conseguido la domiciliaria gracias a un habeas corpus colectivo firmado por el camarista Víctor Violini, volvieron a la misma actividad que los había puesto tras las rejas: la venta de drogas.

Abuelo y nieto pertenecían a grupos de riesgo. El mayor, “El Viejo Coco”, identificado por la Policía como Ernesto T., fue excarcelado por ser mayor de 65 años -tenía 74 cuando lo liberaron- y Cristian T., de 34, más conocido como “Parri”, porque tenía tuberculosis.

A los dos los habían detenido hacía un año por tener un kiosco de drogas en una casa ubicada en la calle 150, entre 48 y 48 A del barrio Bustillo de Berazategui.

La Justicia los envió de nuevo al mismo lugar donde habían montado su negocio ilegal, tal vez sin pensar que iban a hacer lo mismo que antes.

En junio, los mismos oficiales de la Dirección de Drogas Ilícitas de Quilmes que los habían detenido en 2019, allanaron la casa del “Viejo Coco” y descubrieron que el narcoabuelo lo había hecho otra vez. Adentro había 420 dosis de pasta base, 150 gramos de cocaína sin fraccionar, 400 gramos de flores de marihuana, 20.000 pesos y dos celulares.

Por ese motivo, les abrieron una nueva causa y les revocaron la domiciliaria.

El jubilado Ríos

Fue uno de los casos policiales más resonantes de 2020. El jubilado Jorge Ríos (70) pasó de ser víctima de un robo a estar preso por matar a un ladrón. A la polémica de si el caso se trataba de una “legítima defensa” o no se le sumó un condimento picante: uno de los cinco asaltantes que entraron a la casa de Ríos había sido liberado por el coronavirus.

Se trata de Claudio Nicolás “El Peque” Dahmer (27), un barrabrava de Quilmes que integraba “La banda de La Vera”, y estaba cumpliendo una condena a cuatro años de prisión por “robo simple, robo agravado por ser cometido en lugar poblado y en banda, y asociación ilícita” en la Unidad Penitenciaria N° 42 de Florencio Varela.

Al “Peque” lo vinculan también con el homicidio de Adrián Novillo, un chico de 16 años al que mataron a golpes a la salida de un boliche para robarle el celular y las zapatillas, en 2014.

Dahmer fue beneficiado por el fallo del juez Víctor Violini y consiguió la “libertad asistida”. Su condena vencía el 31 de julio de 2021. Pero lejos de mantener la buena conducta afuera de la cárcel para conseguir la libertad definitiva en un año, “El Peque” volvió a robar.

El 17 de julio a la madrugada junto a Christian Chara (23), Martín Salto (27) David Ezequiel Córdoba (25) y Franco “Piolo” Moreyra (26) ingresó tres veces a la casa de Ríos.

Las primeras dos se llevaron herramientas y máquinas del patio. La tercera ingresaron al living, donde el hombre dormía en un sillón. Lo golpearon exigiéndole plata, Ríos sacó su pistola Bersa Thunder 9 milímetros y comenzó a disparar. Hirió a Moreyra, al que siguió y alcanzó en la esquina y lo mató.

Después de estar una semana prófugo, Dahmer cayó el 24 de julio cuando estaba escondido en una casa de Ingeniero Allan, partido de Florencio Varela. El jubilado Ríos recuperó su libertad el 29 de julio, pero sigue imputado por “homicidio agravado por uso de arma” y tuvo que mudarse.

“La Gorda”

Andrea Fabiana Vallejos Ruiz (48, apodada “La Gorda”) era la jefa de una banda que se dedicaba a vender drogas en San Miguel. En mayo la liberaron en el marco de las excarcelaciones masivas por el coronavirus y en agosto cayó durante una serie de allanamientos por narcotráfico.

Al igual que “El Viejo Coco” de Berazategui, la Justicia la envió a cumplir la “prisión domiciliaria” al mismo lugar donde había sido detenida traficando.

La excusa del juzgado de Garantías N° 3 de San Martín para darle el beneficio fue que “La Gorda” padece “asma bronquial, hipertensión, obesidad y diabetes”, por lo que era población de riesgo ante el coronavirus. Por eso el 28 de mayo, sin cumplir la totalidad de la condena, la enviaron a su casa en San Miguel.

Lo más sorprendente fue que en poco tiempo “La Gorda” consiguió reimpulsar su negocio y montó una estructura de vigilancia con garitas en un radio de 30 metros de su casa en donde había custodia las 24 horas que alertaba si la Policía estaba en la zona.

La “seguridad” era prestada por una empresa fantasma que contaba con uniformes y logos que fueron secuestrados durante los allanamientos realizados por la Subdelegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de San Miguel,.

En total se detuvo a 15 personas, entre ellos tres hermanos de Vallejos Ruiz y su ex pareja, y se encontraron drogas listas para la venta, dos armas de fuego, varios teléfonos celulares, agendas de contactos para las entregas, dos balanzas y dinero.

La banda del “Momo”

José Humberto Chávez (50) es el líder de “La banda del Momo”. En 2009 lo habían condenado a cuatro años de prisión por venta de drogas, en 2018 lo volvieron a detener acusado de tráfico de drogas y armas. Pero con la pandemia del coronavirus le dieron la prisión domiciliaria.

Al igual que “La Gorda Andrea” y “El Viejo Coco”, Chávez volvió a asumir el mando de su negocio apenas consiguió entrar en el hábeas corpus colectivo del juez Violini, el 24 de abril de 2020. La excarcelación se la dio el juez de Garantías N° 12 de Lomas de Zamora, Esteban Baccini, a pesar de que el fiscal de la causa se oponía.

A “Momo” lo mandaron a cumplir “arresto domiciliario” en su casa de Ovidio Lagos al 1100, en Longchamps, partido de Almirante Brown.

Desde allí, Chávez consiguió retomar sus actividades junto a su hijo. Cuatro meses después, la Bonaerense y la Secretaría de Seguridad de Lanús hicieron allanamientos en los barrios El Morro y Los Ceibos de Monte Chingolo, y en la casa de “Momo”. Le secuestraron armas de guerra, 347 mil pesos, más de 200 gramos de cocaína, 34 gramos de marihuana, 152 dosis de pasta base, tres autos y tres motos robadas.

57 causas penales

Desde 2015 había acumulado 57 causas penales. Prácticamente lo detenían una vez por mes. La última había sido en junio de 2020. No era muy extraño suponer que cuando saliera de la cárcel “El Yagui”, de 21 años, lo iba a hacer de nuevo. Y así fue. En julio lo soltaron por la pandemia del coronavirus y en agosto volvió a robar bajo la modalidad “motochorro”. El caso fue grave: le dio un culatazo en la cabeza a un hombre y le apuntó a la cabeza con un revólver a su hija.

El asalto ocurrió en la calle 117 entre 96 y 97 cuando un hombre de 33 años caminaba junto a su pequeña hija y aparecieron dos delincuentes en una moto. El acompañante bajó del vehículo, apuntó directo a la nena y su papá, que intentó cubrirla, recibió un culatazo en la cara.

Los ladrones se llevaron un celular y escaparon, pero quedaron registrados por las cámaras de seguridad. Con esas imágenes, los investigadores lograron identificar a los sospechosos. Uno de ellos resultó ser “El Yagui”, que fue detenido en una casa de 95 entre 119 y 120. Tenía puesta la misma ropa que usó el día del asalto.

Salir para matar

Uno de los casos de excarcelaciones más grave fue el que derivó en el crimen de Mirta Barcia (64), la empleada municipal que asaltaron para robarle el celular en la puerta de su casa.

Uno de los detenidos por ese caso es Juan Corvalán (30), que estaba preso por una causa por drogas pero el 27 de abril le dieron el beneficio de la prisión domiciliaria por el coronavirus, a pesar que no era población de riesgo. Corvalán tampoco cumplió con la orden de quedarse en su casa y el 8 de septiembre salió a robar con un cómplice identificado como Leonardo Quinteros (29).

La víctima, que además era profesora de folklore, fue sorprendida cuando despedía a una amiga en la puerta de su casa, cerca de las 22. En ese momento aparecieron dos ladrones que le robaron el celular.

La mujer intentó defenderse y, cuando escapaban, Corvalán le disparó dos veces. La imagen de los sospechosos quedó registrada por las cámaras de seguridad y tres días después fueron detenidos.

“Rata”

A Lautaro “Rata” Vega (18) lo detuvieron acusado de ser uno de los motochorros que asaltó y mató a la oficial de la Policía Federal Micaela Romero (23). A pesar de la gravedad del hecho, la Justicia consideró que “Rata” podía cumplir arresto domiciliario en su casa. No lo cumplió y en enero volvieron a detenerlo por otro asalto.

El crimen de Micaela, que era custodia de la Quinta de Olivos, ocurrió el 16 de agosto pasado cuando con un amigo había ido a comprar cigarrillos a un kiosco de calle 395 y avenida Carlos Pellegrini, en Quilmes. La oficial estaba vestida de civil y no portaba su arma reglamentaria.

En ese momento aparecieron seis motochorros en tres motos que les exigieron sus pertenencias. Ellos les dieron una gorra, las zapatillas y un celular. Pero los asaltantes no se conformaban y pedían más. Entonces uno le disparó a Micaela en el pecho, que murió minutos después.

Tres meses después del crimen de la mujer policía, los investigadores detuvieron a dos menores de 17 años. Uno de ellos era “Rata”, que cumplió los 18 en diciembre. A pesar de estar acusado de “homicidio en ocasión de robo”, un delito grave, en diciembre la Justicia le concedió la prisión domiciliaria.

En enero, “Rata” volvió a ser detenido acusado de asaltar a dos mujeres, otra vez bajo la modalidad motochorro, en Florencio Varela.

El motochorro

El crimen de María Rosa Daglio (56), la psicóloga asesinada por un motochorro en Ramos Mejía, quedó grabado por una cámara de seguridad y generó conmoción. Pero el arresto del ladrón sumó indignación: estaba prófugo desde noviembre.

Alejandro Miguel Ochoa (55) había sido condenado a ocho años y medio de prisión en 2017 por dos robos a mujeres bajo la modalidad motochorro en Mar del Plata. En uno le causó heridas graves a la víctima, a la que arrastró y enganchó con la cadena de la moto.

Durante el juicio se comprobó que tenía antecedentes por otros seis ataques similares. Siempre contra mujeres. En tres de ellos, las víctimas terminaron en el piso. Y sus antecedentes se remontan a 30 años atrás. En total protagonizó 11 causas por robo.

A pesar de ello, lo liberaron el 30 de abril del año pasado con la excusa del coronavirus. Ochoa cumplía la condena en el penal de Batán, donde tenía que estar hasta el 16 de agosto de 2024. Cuando pidió la domiciliaria, el juez de primera instancia se la negó basándose en un informe del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) que lo desaconsejaba. Los jueces Esteban Viñas y Marcelo Riquert, de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías de Mar del Plata, se la otorgaron.

En octubre Ochoa volvió a robar y lo detuvieron pero, insólitamente, le dio a la Policía una identidad falsa y lo soltaron. Un mes después, cuando se dieron cuenta de quién era, le revocaron la prisión domiciliaria. Ya era tarde, la Justicia no pudo ubicar a Ochoa -también había dado un domicilio falso- y desde noviembre estaba prófugo.

El viernes pasado, el motochorro serial volvió a atacar en Belgrano al 300, en Ramos Mejía, partido de La Matanza. María hablaba por teléfono en la vereda, enfrente del edificio donde vivía. Ochoa subió la moto a la vereda, tironeó de la cartera de la psicóloga y la arrastró.

La mujer golpeó contra el piso. Sufrió fractura de costillas y lesiones en el bazo. Una hemorragia interna le terminaría causando la muerte. A Ochoa lo detuvieron en una casa de Castelar, partido de Morón, donde también estaba la moto que aparece en el video del robo.

EMJ – GL

Fuente Clarin