La jueza federal María Servini dictó este viernes la falta de mérito al exsecretario de Energía del gobierno de Cambiemos, Javier Iguacel, en una causa abierta por una fiscal K por el dictado de una resolución en 2018 para compensar a empresas distribuidoras de gas por la devaluación.
La magistrada dispuso la “falta de mérito para procesar o sobreseer” a Iguacel “sin perjuicio de a continuidad investigativa”, según la resolución y que podría ser apelada por la fiscal y miembro de “Justicia Legítima”, Paloma Ochoa.
Iguacel es otro de los apuntados por la vicepresidenta Cristina Kirchner por el peritaje que hizo sobre el direccionamiento de obra pública a favor de Lázaro Báez.
La magistrada aludió a prueba pedida por la defensa de Iguacel durante la indagatoria, como la citación como testigo del extitular del Enargas en ese momento, Mauricio Roitman ante una “discordancia en el alcance e interpretación que cada parte pretende darle” a su actuar en el tema.
También “peticionó la defensa que se le recibiese declaración testimonial a los demás funcionarios que tuvieron intervención en el expediente” que tramitó la temática entre abril y septiembre de 2018.
Iguacel fue indagado el 10 de marzo pasado vía Zoom, negó los cargos y pidió ser sobreseído.
El exfuncionario estaba imputado por haber dictado la Resolución 20/2018 del 4 de octubre de ese año “mediante la cual evidenció su interés directo en beneficiar a las empresas de distribución de gas, garantizándoles un ingreso económico extraordinario y fraudulento”.
La indagatoria había sido requerida por la fiscal Ochoa, en el marco de la causa en la que se investiga el dictado, en 2018, de una resolución con la que Iguacel había habilitado a las empresas distribuidoras de gas a cobrar un incremento extra a partir de enero de 2019 en las tarifas para compensar los efectos de la devaluación del peso, en detrimento de los usuarios.
Para la representante del ministerio público fiscal, con la Resolución 20, dictada el 4 de octubre de 2018, el entonces secretario de Energía “evidenció su interés directo en beneficiar a las empresas de distribución de gas, garantizándoles un ingreso económico extraordinario y fraudulento”.
Si bien la resolución cuestionada fue dejada sin efecto, la fiscalía a cargo de la investigación penal solicitó en agosto de este año que se declare su nulidad absoluta e insanable.
La resolución 20/2018 habilitaba a las distribuidoras de gas a exigir a los usuarios un pago extra, en 24 cuotas, para compensar las pérdidas o lo que se hubieren perdido de ganar las empresas por la devaluación del tipo de cambio ocurrido durante el gobierno de Mauricio Macri.
Fuente Clarin
