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La primera sesión ordinaria de este año de la Cámara de Diputados será por demás atípica: por primera vez después de 19 años, los legisladores sesionarán un sábado. Esta vez, a diferencia de aquel 5 de enero de 2002, no los urge una situación de emergencia sino el interés del oficialismo por inaugurar el año electoral con un proyecto que, confía, le rendirá votos: el proyecto que modifica el piso del impuesto a las ganancias, con el cual espera beneficiar a poco más de un millón de trabajadores.
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, autor del proyecto, se encargó de preparar la puesta en escena. Tras empapelar la ciudad con carteles en favor de la ley, invitó a participar del debate los ministros de Economía, Martín Guzmán, y a la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont. Asimismo, pidieron acompañar en el recinto delegaciones de la CGT, la CTA y la Corriente Federal.
El escenario será el recinto, donde la tropa oficialista, que conduce Máximo Kirchner, repetirá a coro los beneficios del proyecto y despachará duras críticas contra el gobierno de Mauricio Macri, no sólo por no haber cumplido su promesa de campaña de eximir del pago del impuesto a todos los trabajadores, sino por haber aumentado el número de contribuyentes durante su gestión.
Será otra sesión maratónica en la Cámara baja, acostumbrada ya a debates interminables durante la madrugada. Sólo para el proyecto sobre el impuesto a las ganancias ya se anotaron 91 oradores del oficialismo. Pero el temario incluye, además, el proyecto del Poder Ejecutivo para actualizar las categorías del monotributo, otra iniciativa que apunta a la clase media. Para esta iniciativa hay otros 70 legisladores anotados.
La oposición intentará no regalarle el escenario electoral al oficialismo y prepara, para el comienzo de la sesión, una seguidilla de cuestiones de privilegio y reclamos sobre asuntos incómodos para el Gobierno. Las complicaciones en la campaña de vacunación contra el Covid-19, las promesas incumplidas por parte del presidente Alberto Fernández, la tensa situación sobre la violación de los derechos humanos en Formosa y la protección de la Casa Rosada a Gildo Insfrán serán cuestiones que la oposición no dejará escapar.
Apoyo con disidencias
Más allá de estas críticas a la gestión, la oposición anticipó que acompañará, aunque con disidencias, el proyecto sobre ganancias. El líneas generales propone una deducción especial para que los asalariados con sueldos hasta $150.000 mensuales brutos queden exentos del pago del tributo. En el caso de los jubilados, el piso a partir del cual se pagará el impuesto será de ocho haberes mínimos.
La iniciativa dispone que los asalariados que perciben entre 150 mil pesos y 173 mil pesos tendrán una deducción especial que dispondrá el Poder Ejecutivo en la reglamentación de la ley. La intención es suavizar la curva y evitar que esta franja de asalariados pague la alícuota más alta del impuesto.
La nueva ley de Ganancias, que eleva el piso a 150 mil pesos y hace que dejen de pagar el impuesto 93 de cada 100 trabajadores y trabajadoras, es un gran alivio fiscal también para los jubilados y jubiladas: (Abro hilo)#ArgentinaUnida♥️🇦🇷
— Sergio Massa (@SergioMassa) March 15, 2021
El despacho contempla además excluir del cálculo del impuesto el pago del aguinaldo cuando se trate de salarios de hasta $150.000 brutos y jubilados que perciban hasta ocho haberes mínimos. Asimismo, se incluye la deducción por concubino y gastos de guardería.
De ser convertida en ley, ésta será retroactiva desde el 1 de enero, por lo que el Gobierno devolverá lo ya cobrado por el impuesto a los que quedarán exentos. Se estima que el costo fiscal de la norma será de casi 48.000 millones de pesos.
Una vez aprobada, los legisladores abordarán el proyecto de reforma de monotributo. El dictamen, que también tiene el apoyo opositor, tiene dos ejes centrales: por un lado la actualización del monto de las categorías y, por el otro, la transición entre Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) y el Régimen General (RG).
Para los casos de monotributistas cuya facturación superó el límite más alto del régimen hasta un 25%, se contempla que puedan mantenerse en su actual condición durante el período fiscal 2021, mientras que el resto deberá pasar al régimen general, aunque con beneficios fiscales.
LA NACION
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