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Por Fernando Gutiérrez
En la Argentina ya no se habla de un “doble comando” en el ejercicio del poder ni de la influencia creciente de Cristina Kirchner sobre la agenda de Alberto Fernández. Ese era el clima de 2020, cuando el presidente recién asumido todavía gozaba de popularidad y ella hacía saber sus discrepancias por vías indirectas.
En cambio, el clima político de este 2021 electoral es diferente: no solo no se duda de que el liderazgo y las decisiones políticas corresponden a Cristina, sino que se llegó al extremo de que se instalara el rumor de que Alberto Fernández podría llegar a renunciar.
Los rumores venían creciendo desde hacía tiempo, pero el disparador de la crisis fue la renuncia de la ministra de justicia, Marcela Losardo, quien se manifestó agobiada ante la presión política del kirchnerismo.
Cristina la criticaba en público por su falta de decisión para enfrentarse a la Corte Suprema de Justicia y por no combatir el “lawfare” -una teoría según la cual se utiliza al Poder Judicial para perseguir a líderes populares, y de la cual ella misma es víctima, como en su momento lo fue el expresidente Lula en Brasil-.
Losardo, que fue socia de Alberto Fernández, amiga y persona de confianza, mantenía una actitud cautelosa de relacionamiento con el Poder Judicial, aun cuando el gobierno había hecho una propuesta para una reforma en varios puntos, incluyendo la metodología de nombramiento de los jueces.
Pero para Cristina no fue suficiente y forzó su renuncia. El cargo estuvo vacante durante una semana, en la cual el presidente y su vice discutieron cuál tenía que ser el perfil del nuevo ministro. Finalmente se eligió a Martín Soria, un militante del riñón del kirchnerismo que comparte la visión conspirativa sobre el Poder Judicial. Los editorialistas más críticos del gobierno lo interpretaron como “una capitulación” del presidente.
Fue allí cuando surgió el rumor de que, en medio de esa discusión, Fernández le propuso a Cristina su renuncia. El tema escaló rápido. Empezó entre los corrillos y grupos de WhatsApp de políticos, pasó a las redes sociales y de ahí a los programas políticos de los grandes medios. Al punto que varios analistas políticos se refirieron al tema como si el ofrecimiento de renuncia fuera un hecho comprobado.
Por caso, Jorge Fontevecchia, director del grupo Perfil, analizó cómo será la convivencia entre ambos en los dos años y medio que restan de gobierno. Y se plantea si acaso Fernández pudo haber actuado de manera inteligente al trasladarle a su vice todo el costo político de una eventual crisis institucional.
Plantea la posibilidad de que el presidente esté pensando en “mejorar su peso específico proporcional dentro de la interna del Frente de Todos en el caso de que el kirchnerismo autodestruya parte de su capital político en una cruzada que termine en derrota, como fue la guerra contra el campo en 2009”.
Lo que se plantea en el debate es si Cristina tendrá éxito en “sus revanchas”, que consiste en crear causas judiciales contra Mauricio Macri, apartar a jueces y fiscales hostiles y lograr, finalmente, ser absuelta en todas sus causas. De hecho, otro de los rumores que corrieron es que Alberto Fernández ofreció indultar a su vice, pero que ella se niega: ser indultada implica una aceptación de culpabilidad, mientras ella aspira a la absolución en sus acusaciones sobre corrupción.
Según Fontevecchia, un eventual fracaso de Cristina puede tener dos posibilidades: “que Alberto Fernández quedara igualmente afectado por la derrota como la propia Cristina Kirchner o, por el contrario, en la posición de víctima de un abuso de poder de la vicepresidenta, termine saliendo menos herido y pudiendo recuperar poder dentro de la coalición gobernante por el vacío que dejaría la pérdida del kirchnerismo”.
Un síntoma de crisis política
La realidad es que una renuncia de Fernández no tiene mucho asidero desde el punto de vista político, porque todos en el gobierno saldrían perdiendo. Implicaría un terremoto político en el peronismo, que se dividiría y llegaría fragmentado a las elecciones.
Y la economía, ya de por sí frágil -la inflación acumula 12 por ciento en el primer trimestre y ya nadie cree en la meta oficial de 29 por ciento para todo el año- inmediatamente acusaría el aumento de la incertidumbre política.
Para colmo, hay quienes afirman que un paso al costado de Fernández ni siquiera ayudaría a Cristina desde el punto de vista procesal, porque tiene pedidos de prisión preventiva y, como presidente, perdería los fueros que tiene en el senado.
Pero, más allá de si la anécdota de la renuncia es verdadera o no, el solo hecho de que esté circulando y se haya instalado como tema de la agenda nacional es de por sí un síntoma sobre la situación política argentina. Este año hay elecciones legislativas y todos sienten que, dada la gravedad de la situación social, el resultado puede ser determinante para saber si el peronismo logrará mantenerse en el poder o si habrá una segunda oportunidad para el macrismo.
Ese es el clima en el que está empezando la campaña electoral: con la expectativa de una tensión que se reflejará en todos los niveles, desde la economía hasta la Justicia.
Hay politólogos que opinan que esa tensión en la dupla Fernández-Fernández no sería tan grave si no hubiese ocurrido la pandemia. Para el analista Andrés Malamud, “lo que hay que entender es que los años pares son los del ajuste, y los impares se relajan y hay reparto, y en esa lógica el 2020 era el año de Alberto Fernández, para hacer el ajuste, mientras el 2021 sería el de Cristina, para hacer la campaña”.
Pero, según el analista, la pandemia cambió esa situación porque impidió que en 2020 se pudiera ajustar: los planes de asistencia a los afectados por la crisis sanitaria llevaron a un déficit fiscal insostenible. Y el calendario electoral lleva a dos años consecutivos de un alto gasto público.
De hecho, la mayoría de los economistas tienen la expectativa de que el gobierno no dudará en agravar las distorsiones económicas con tal de asegurarse una estabilidad pasajera y un aumento temporario del consumo, que le dé rédito electoral.
Macri contraataca
Por lo pronto, el propio Macri ha dado su visión al respecto contribuyendo a que la tensión política se haga más evidente. En un intento por recuperar el terreno perdido como líder opositor, se alineó con el grupo más crítico de la oposición y rehúye cualquier posibilidad de diálogo con el gobierno peronista. Acaba de publicar un libro titulado “Primer tiempo”, en el que hace una autocrítica de su gobierno e insinúa que tendrá una nueva chance de aplicar su “programa de cambio”.
Y, como ya le ocurrió en 2015, tiene claro que su mejor estrategia es mostrarse como la antítesis de Cristina Kirchner y todos los valores que ella representa: “La grieta son valores, no son personas. ¿Cómo uno puede sentarse a dialogar con alguien que piensa que hay que soltar a los delincuentes? No entiendo cómo uno puede negociar sobre esas bases”, dijo el ex mandatario.
Que, de todas formas, se cuidó de diferenciar al kirchnerismo de la facción más moderada del peronismo. Por eso una de sus frases preferidas es que “el kirchnerismo ha secuestrado al peronismo desde hace casi 20 años y tiene la decisión de romper el sistema”.
Para Macri, no hay ninguna duda de que quien manda es la vicepresidenta, con lo cual el gobierno argentino “está sin rumbo y sin conducción”.
Y, cuando le pidieron que explicara su afirmación -escrita en su reciente libro- sobre que “Cristina no está bien”, afirmó: “No tiene contacto con la realidad y genera su verdad que repite con una fuerza y un liderazgo que logra que un porcentaje de la sociedad termine creyéndole, como sucede con el cinismo del lawfare”.
La tensión interna
La preocupación electoral quedó en evidencia con medidas tendientes a recuperar el voto de clase media -las encuestas afirman que un 20 por ciento de quienes votaron a Alberto Fernández piensan cambiar su voto-. Por eso se anunció un alivio en el impuesto a las ganancias, un nuevo plan de crédito hipotecario y, sobre todo, se puso toda la carne en el asador para estabilizar al dólar.
Claro que nada de esto es gratis: implica mayores costos fiscales, tensión inflacionaria y un sacrificio de las reservas del Banco Central, ya que para “tranquilizar al dólar” se venden bonos que se llevan dos de cada tres dólares de los que entran gracias al nuevo boom de la soja.
Mientras tanto, se reflotaron viejas medidas, tales como controles para combatir la suba de precios y amenazas al campo con el restablecimiento de retenciones y cupos de exportación.
La economía está mostrando un rebote, esperado tras la recesión de 10 por ciento del año pasado, pero que todavía no se refleja en un auge del empleo ni del consumo.
Por eso es que se está produciendo un debate interno. El “ala moderada” liderada por el ministro Martín Guzmán se defiende con el argumento de que “el equilibrio fiscal no es de derecha”. Pero el ala más política del kirchnerismo está ansiosa por ver medidas de corte más “keynesiano” para reactivar la actividad, aunque ello implique salirse de la ortodoxia y agravar la tensión social con más impuestos a las grandes empresas.
En ese contexto, los niveles de inversión siguen muy bajos -se estima una tasa de 12 por ciento del PBI para este año- y las empresas dan a entender que prefieren ver el resultado electoral y el nuevo clima político antes de embarcarse en proyectos de largo aliento.
No son pocos los que creen que el costo de la calma actual será una crisis devaluatoria luego de las elecciones. Y no por casualidad Argentina sigue teniendo un riesgo país de 1.500 puntos, propio de países que están a punto de caer en default.
Fuente El Observador-uy
