Contra reloj y con las pulsaciones en franco aumento, autoridades nacionales, provinciales y empresas negocian una nueva matriz productiva para el régimen promocional de Tierra del Fuego. El límite es el 31 de diciembre de 2023, la fecha en la cual caducan los beneficios fiscales que favorecen a las industrias radicadas en la isla, principalmente electrónicas.
A 3.000 kilómetros de Buenos Aires y a lo largo de casi 49 años, se fueron instalando y creciendo al amparo de la ley 19.640, empresas como Newsan, Mirgor, BGH, Radio Victoria y BGH, que producen celulares, TV, acondicionadores de aire y autorradios, entre otros. En 2020, despacharon un total de 10 millones de artículos por un valor de US$1.750 millones.
“Lo que se analiza es un esquema de desarrollo económico para Tierra del Fuego y el régimen que nazca en 2023 tiene que contemplar eso y no solo el beneficio de las empresas”, dicen desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, que conduce Matías Kulfas. Esa es la cartera que se ocupa de supervisar y reglamentar las actividades industriales en la provincia más austral del país.
El debate sobre la continuidad del régimen fueguino no es nuevo y tiene tantos respaldos como críticas. De un lado están los que rescatan el derrame del sector a la zona. La industria representa casi un tercio de los 33.366 empleados del sector privado. Y les reporta una cuota importante a las cuentas públicas provinciales en tributos directos e indirectos. Entre ellos, una “tasa de verificación productiva” de entre 1 y 2%.
El principal cuestionamiento es el costo fiscal del régimen, estimado en casi $78.000 millones para este año según figura en la Ley de Presupuesto vigente. La cifra representa todos los impuestos que el Estado deja de cobrar (IVA, Ganancias y derechos de importación) si se importaran directamente los electrónicos producidos en la isla. “El costo fiscal es la espada de Damocles de Tierra del Fuego, pero la realidad difiere de los papeles”, aclara el CEO de Mirgor, José Alonso.
El alto ejecutivo alude “al derrame colosal” que la industria vuelca sobre toda la actividad, por el pago de cargas patronales, la tasa de verificación y “al gasto de los empleados directos e indirectos (unos 11.000) en servicios, comercios, supermercados y transporte, entre otras cosas”, recalcó. Alonso cree que “el régimen se tiene que extender, porque se perdería un capital enorme en inversiones y recursos humanos capacitados”.
La electrónica solamente representa el 20% del PBI fueguino. En febrero pasado, Kulfas viajó a la provincia, recorrió 4 plantas: Newsan, Mirgor, la cooperativa Audivic y Plásticos Río Chico. El viaje fue interpretado como un guiño a la continuidad del régimen y el propio gobernador, Gustavo Melella, habló de su importancia. “En Tierra del Fuego abrazamos dos banderas: una es la causa Malvinas y otra es la Ley de Promoción Industrial, que para nosotros también es soberanía”, proclamó durante la visita de Kulfas.
La mención no es casual. Kulfas se opone al régimen. En su libro “Los tres kirchnerismos”, de 2016, escribió que en el último gobierno de Cristina Kirchner, “lejos de promover un cambio estructural terminaron fortaleciendo a aquellos sectores que habían consolidado los componentes de menor contenido tecnológico y se parecían mucho a una mera maquila de piezas importadas, como la electrónica de Tierra del Fuego”.
No obstante, en su ministerio hoy prevalece la idea de extender el régimen, pero con la idea de que las empresas aporten a la diversificación de la matriz productiva. Se trata de un debate amplio, con ideas que por ahora están en el territorio de las conjeturas. “Es una discusión profunda pero yo soy optimista”, aclara Alonso. En el sector coinciden. Dicen que se está pensando en crear una nueva tasa o gravamen a las empresas para invertir en infraestructura, rutas, educación y hospitales.
El plan es generar las condiciones para atraer ideas y capitales para desarrollar industrias alternativas con la eventual renta empresaria de los actuales beneficiarios del régimen. ¿Cuáles? “Economía del conocimiento, alimentos, turismo, petroquímica y la instalación de un polo logístico antártico, por ejemplo”, enumeró un funcionario provincial. También destacó el potencial de la isla con la energía. “Tierra del Fuego tiene la segunda reserva de gas más importante del país, detrás de Vaca Muerta”, dijo.
Son ideas que hoy están intercambiando entre el gobierno nacional y provincial y que mantienen en vilo al tejido empresario. Dentro de la AFARTE, la cámara que representa a los fabricantes electrónicos, consideran que las reformas al régimen son auspiciosas, si se mantienen las condiciones existentes para el rubro. “Si es así, aplaudimos y acompañamos el proceso”, sintetizó su titular, Federico Hellemeyer.
Sin embargo, todavía no hay certezas. En la industria remarcan la importancia de una definición rápida, ya que al régimen le quedan 33 meses de vigencia. “Es un reloj de arena muy exiguo para comprometer inversiones en edificios y maquinarias”, dijo, con una prosa calculada. Hellemeyer cree que las discusiones se basan en dos alternativas: la primera es que la industria existente contribuya con las inversiones necesarias para la diversificación productiva. La otra es que los propios fabricantes se diversifiquen, como “Newsan con la pesca y Mirgor con el agro”, planteó a modo de ejemplo.
Newsan y Mirgor son los dos principales grupos empresarios de Tierra del Fuego. El primero está radicado en Ushuaia y es conducido por Rubén Cherñajovsky. El segundo está basado en Río Grande y el 48% del paquete accionario pertenece a la familia de Nicolás Caputo, “el amigo del alma” de Mauricio Macri. Fue creado en 1983 como autopartista y a lo largo de los años creció y se diversificó en forma notable.
Es socio estratégico de Toyota y otras automotrices (aires y radios) y también produce celulares para Samsung, y LG. Mirgor acaba de comprar Brightstar, tiene 5 plantas, más de 3.700 empleados y factura anualmente unos US$1.000 millones.
Fuente Clarin
