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Soledad Manín, interventora del ENRE
La interventora del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Soledad Manín, sostuvo este martes que “el incremento en las facturas” del servicio de energía eléctrica en los hogares, los comercios y las industrias “tiene que acompañar una recuperación económica y no afectar el poder adquisitivo de los salarios”.
“El incremento en las facturas tiene que acompañar una recuperación en la economía; no tiene que afectar el poder adquisitivo de los salarios”, afirmó Manín al abrir la audiencia pública en la que se debate una tarifa de transición al 2023 para las distribuidoras eléctricas del área metropolitana Edenor y Edesur.
La funcionaria destacó que “es interesante poder tener esta instancia de participación ciudadana, que es uno de elementos que el Estado tiene para tomar una decisión, escuchando a todos los actores sociales que tengan una voz para hacer su aporte y que eso sea previo a la toma de decisión”.
Consideró que “fortalece a la democracia poder escuchar directamente a usuarios y usuarias”.
“La política tarifaria tendrá dos pilares fundamentales: garantizar el funcionamiento de los servicios públicos en condiciones de calidad y seguridad del abastecimiento, y no sobrecargar a los usuarios con facturas exorbitantes””
La interventora explicó que “la política tarifaria tendrá dos pilares fundamentales: garantizar el funcionamiento de los servicios públicos en condiciones de calidad y seguridad del abastecimiento, y no sobrecargar a los usuarios con facturas exorbitantes”.
Para ello, indicó que se va a “implementar una política de tarifa de transición por los próximos dos años”, pero remarcó que durante este periodo “se garantizará que las concesionarias cuenten con los fondos necesarios para solventar los gastos de operación y mantenimiento, y realizar las inversiones de seguridad y confiabilidad que permitan prestar el servicio en condiciones de calidad deseadas”.
Señaló que “durante los últimos años el sector de la energía eléctrica experimentó fuertes cambios”, y remarcó que “en particular, en lo que respecta al rol del Estado en las regulaciones vigentes”.
Destacó que “la etapa 2016-2019 estuvo signada por la reducción de los subsidios y la dolarización de la energía”, y puntualizó que “eso llevó a fuertes subas tarifarias que debieron ser afrontadas por usuario y usuarias”.
También subrayó que “mientras las empresas concesionarias recibían cuantiosas transferencias de recursos, el Estado abandonó su rol planificador”, y señaló que “las escasas obras realizadas en ese periodo fueron impulsadas por el sector privado y bajo contratos en dólares”.
“Durante los últimos años el sector de la energía eléctrica experimentó fuertes cambios, en particular en lo que respecta al rol del Estado en las regulaciones vigentes””
Puso de relieve que “esta política afectó la actividad económica, el empleo y el bolsillo de las familias argentinas, que debieron destinar una masa creciente de sus ingresos para pagar la energía”.
Además, indicó que “se desplegaron políticas de aumentos de tarifas y de quita de subsidios a partir de las cuales las distribuidoras incrementaron sus ingresos”.
Al respecto, puso como ejemplo que “un hogar que consumía 30 kilovatios por mes pasó de pagar $ 30 en enero de 2016 a $ 183 en febrero del mismo año”.
También precisó que “en un comercio con un consumo de 500 kilovatios, la factura pasó de $ 170 a $ 815”, y añadió que “en una industria mediana o una pyme, con un consumo de 20.500 kilovatios, su factura aumentó de $ 6.531 a $30.703”.
Manín aseguró que el sector experimentó fuertes cambios
“Esta situación produjo una consecuente caída del poder adquisitivo y una suba de costos en el aparato productivo generando crisis económica y tensión social”, afirmó Manín, quien sostuvo que “con este primer tarifazo, la revisión tarifaria integral se montó sobre niveles ya elevados”.
La funcionaria remarcó que “el gobierno de Cambiemos impulsó una política tarifaria basada en el denominado sinceramiento de precios y defensa de la transparencia, que arrojó como resultados la reducción de subsidios y el aumento de los ingresos para las empresas generación, transporte y distribución de la energía eléctrica”.
Aseguró que “las tarifas resultantes de la RTI aplicada por Cambiemos no fueron justas, ni razonables ni transparentes y por lo tanto se recomendó su nulidad”, y precisó que “el aumento en las facturas entre 2016 y 2019 para un hogar promedio fue de 731% en términos reales y 3.222% en nominales”.
“Esta política dio como resultado facturas impagables, erosionando fuertemente el poder adquisitivo de los hogares, lo cual redundó en una desmejora de la calidad de vida de las personas”, indicó Manín, quien por eso justificó que es necesario “dejar dinero en el bolsillo de los argentinos para que puedan volcarlo en el consumo de bienes y servicios”.
Fuente Telam
