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Aunque hasta ahora se mostró como una bancada homogenea y sin mayores tensiones, puertas adentro del bloque oficialista del Senado crece el malestar por una situación imprevista: el empantanamiento en Diputados del proyecto de ley que prórroga el régimen de los biocombustibles, que tiene media sanción de la Cámara alta.
La iniciativa, que extiende por cuatro años beneficios para la industria del bioetanol y el biodiesel, fue aprobada en octubre del año pasado por el Senado. Y por unanimidad. Desde aquel momento está trabada en Diputados.
Pero en vez de avanzar con el tratamiento de la media sanción, en Diputados -y desde la Secretaría de Energía de la Nación- trabajan contra reloj en la redacción de una nueva ley de biocombustibles.
Destilería de maíz que elabora bioetanol, en Córdoba.
Un senador del Frente de Todos describió, con enojo: “Se están pasando por las pelotas lo que aprobamos en el Senado”. Y completó: “Parece que nos quieren dejar dibujados, que les mandamos un proyecto y nos devuelven otro diferente”.
Por eso, senadores oficialistas le trasmitieron en las últimas horas a sus pares de Diputados dos mensajes, dijeron las fuentes consultadas.
Primer aviso: que el nuevo proyecto que se proponen enviarles, si no tiene el consenso de la industria de los biocombustibles, podría encontrar fuertes trabas para su sanción en la Cámara alta.
“Les va a costar reunir los votos”, observó a Clarín un senador kirchnerista. Otro agregó: “Yo solo voto lo que sea consensuado con la industria de los biocombustibles, y la verdad es que no veo que haya tiempo para negociar una nueva ley”.
Segundo aviso, con una oferta: que retoquen la media sanción del Senado y bajen de cuatro a dos años la prórroga del régimen. “Y en esos dos años se sientan todas las partes a la mesa y buscan sacar un proyecto consensuado”, explicaron.
Plazo
Más allá de los fuertes lobbys cruzados de la industria petrolera y la de los biocombustibles, los senadores de las provincias que tienen destilerías de biocombustibles o que producen algunos de sus insumos -caña de azucar, soja y maíz- están preocupados porque la actual ley de biocombustibles se vence el 12 de mayo, dentro de 42 días.
Si no se la prorroga -ni hay una nueva norma- se cae la obligación de cortar la nafta y el gasoil con bioetanol y biodiesel. “Hay en juego miles de puestos de trabajo en nuestras provincias”, alerta un senador.
En la redacción de nuevo proyecto están trabajando el diputado de La Cámpora Marcos Cleri y el secretario de Energía de la Nación, el cristinista Darío Martínez. Detrás del impulso de esa nueva norma asoma Máximo Kirchner, jefe de la bancada del Frente de Todos de Diputados.
“No se va a poner en riesgo ningún puesto de trabajo con la nueva ley”, desdramatizan cerca de Máximo Kirchner. “Lo que se busca es priorizar a las pymes que elaboran biocombustibles como proveedoras de las petroleras”, añaden.
Esas mismas fuentes aseguran que se trabaja para lograr la sanción de la nueva ley antes del 12 de mayo. Pero lo cierto es que hoy por hoy asoma complicado: el proyecto no fue siquiera presentado y debería ser aprobado en menos de 42 días por ambas cámaras del Congreso.
En la conducción de la bancada oficialista de Diputados dicen contar con los votos para aprobar esa nueva ley.
Hacen una lectura para tratar de demostralo: que la semana pasada, en la frustrada sesión en la que la oposición intentó tratar la prórroga que envió el Senado, solo se sentaron en sus bancas 108 diputados (faltaron 21 para el quórum).
La cuenta que hacen en el oficialismo es que, por lo tanto, los restantes 149 diputados deberían acompañarlos. ¿Será realmente así?
Bajo la conducción de Máximo Kirchner el bloque nunca mostró disidencias.
Pero la ley de biocombustibles es un caso particular: los legisladores que voten una ley que baje el porcentaje de corte de las naftas y biodiesel con biocombustibles dicen que después no podrían regresar a sus provincias, donde el sector de los biocombustibles es central en la actividad económica y como empleador.
“Yo si voto algo así no puedo volver a mi casa”, confía un senador oficialista.
Entre las curiosidades que asoman con el debate de esta ley aparece que el proyecto de prórroga fue presentado por la senadora María de los Ángeles Sacnun, quien pertenece a La Cámpora y representa a Santa Fe.
Y el que ahora trabaja en el nuevo marco regulatorio es Marcos Cleri, diputado también por Santa Fe. Y también camporista.
¿Qué sucedió en el medio para que dos miembros de la misma agrupación impulsen proyectos antagónicos?
Una lectura que se hace es que se busca favorecer a YPF, que desde febrero preside el cristinista Pablo González.
Un ex secretario de Energía consultado por Clarín sospecha que la empresa podría tener interés en explorar el negocio de los biocombustibles a través de YPF Agro.
Otro runrún que corre: cuanto más se baje el porcentaje de corte con biocombustibles más se favorecerá a las petroleras, que se ahorrarían millones, sobre todo YPF.
El actual régimen obliga a las petroleras a cortar las naftas con 12% de bioetanol y el gasoil con 10% de biodiesel.
Otra curiosidad es la que ocurrió la semana pasada en Diputados. Juntos por el Cambio llamó a tratar en el recinto el proyecto del Senado que había sido elaborado por la cristinista María de los Ángeles Sacnun, pero no logró quórum.
El secretario de Energía Darío Martínez con Alberto Fernández.
“Fue insólito. La oposición defendiendo un proyecto oficialista”, ríe una legisladora justicialista.
Hay 10 provincias que tienen destilerías de biocombustibles o que producen sus insumos: Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Corrientes, Entre Ríos, San Luis, Buenos Aires, Tucumán, Salta y Jujuy.
Los senadores de algunas de ellas están muy activos para que salga la prórroga.
Fuente Clarin
