Este miércoles las principales empresas de alimentos nucleadas en COPAL presentaron un recurso administrativo para protestar contra los nuevos controles de precios y cantidades que puso en marcha el Gobierno. Y advirtieron que si no se toma en cuenta este reclamo planean ir a la justicia.
El Gobierno decidió prolongar hasta el 15 de mayo el acuerdo de Precios Máximos que vencía este miércoles y que se viene extendiendo desde hace más de un año.
Esto sumó un nuevo episodio de tensión a la relación entre el sector privado y la gestión de Alberto Fernández. Las rispideces se consolidaron cuando la COPAL presentó un recurso administrativo ante el ministerio de Desarrollo Productivo para protestar contra el nuevo mecanismo que el equipo económico ideó para reforzar la artillería antiinflacionaria.
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La preocupación por la inflación
En base a sondeo nacional de 1.584 casos.
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Fuente: Synopsis
Infografía: Clarín
Se trata del SIPRE, el Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica, que obliga a las empresas grandes de consumo masivo a detallar precios, cantidades vendidas y stock de todos los artículos.
Ayer el Gobierno sumó una medida más. La Secretaría de Comercio Interior creó el Sistema de Fiscalización de Rótulos y Etiquetas (SIFIRE), que promueve cambios en los etiquetados de los productos.
Con esto se busca poner freno a una estrategia cada vez más difundida de parte de las empresas para “sortear” los controles. Lo que las marcas hacen es lanzar nuevos formatos de envases o aplicar pequeñas variaciones, para así poder sacarlos de los programas de Precios Máximos o Cuidados.
El nuevo control que fija el SIFIRE es de carácter obligatorio e implica que todos los bienes de las categorías alcanzadas deben fiscalizarse antes de salir al mercado.
Justamente este miércoles se renovó el programa de Precios Máximos, sin autorizar subas ni reducir la cantidad de artículos incluidos en ese listado.
Para COPAL estas medidas implican un nuevo avance del Gobierno sobre el sector. “Vamos a proceder conforme a las vías legales administrativas y judiciales que tenemos. El SIPRE, el SIFIRE y los precios congelados constituyen cuestiones de suma trascendencia y negativo impacto para la industria de alimentos y bebidas”, dijo ayer el titular de la entidad, Daniel Funes de Rioja.
Con esto, el ejecutivo dejó abierta la puerta para pasar de la fase de reclamo administrativo al plano judicial para buscar un amparo ante las nuevas medidas.
Desde COPAL le confirmaron a Clarín que los abogados de la entidad ya están trabajando en la presentación judicial.
Respecto del SIPRE, los cuestionamientos de COPAL apuntan a que implica mayor burocracia en momentos en que las empresas cuentan con menos personal en funciones por el impacto de la pandemia. Y además aseguran que el Gobierno ya cuenta con la información necesaria sobre precios y cantidades a través de otros programas.
Un punto adicional de los cuestionamientos es que al requerir precisiones sobre cantidades vendidas y stocks se mete en “áreas sensibles” de la estrategia productiva de cada compañía.
Más controles
La continuación de Precios Máximos tampoco cayó bien entre los empresarios. El Programa vencía el 31 de marzo y ahora se prorrogó hasta el 15 de mayo. A diferencia de las extensiones anteriores, esta vez no se autorizaron subas de precios, lo que reaviva las críticas por el desfasaje entre los incrementos de costos y los aumentos permitidos.
“Precios Máximos compromete seriamente a la industria de alimentos en Argentina”, aseguró Funes de Rioja.
La política de precios del Gobierno también reavivó las críticas de los economistas. Ramiro Marra advirtió sobre el vínculo entre estos mayores controles y el desabastecimiento. “Cuidado con esto, ya se está viendo que en varios supermercados ponen límite a la compra de productos. Muy parecido al 2012 de CFK”, indicó.
Federico Furiase, director de Eco Go, detalló que la estrategia oficial incluye pisar el tipo de cambio y las tarifas y controlar los precios de los alimentos hasta octubre, “lo que genera inflación reprimida“. Al mismo tiempo “mantienen una tasa real negativa, con filtración de la brecha cambiaria a precios por la restricción de las importaciones y el desajuste de precios relativos”.
“No es el camino para bajar el ritmo de inflación”, concluye Furiase. “Hay que bajar el déficit y el excedente de pesos”.
Gabriel Caamaño, de consultora Ledesma señala que con este esquema “se va a reeditar un mecanismo de selección natural en las góndolas locales, dónde productos con leves mutaciones extinguirán progresivamente a sus versiones originales”.
AQ
Fuente Clarin
