Aung San Suu Kyi frente a la justicia
La depuesta dirigente civil de Myanmar, Aung San Suu Kyi, detenida tras el golpe de Estado del 1 de febrero en el país del sudeste asiático, compareció hoy ante la justicia, un día después que la enviada de la ONU advirtiera del riesgo de una “guerra civil”.
Dos meses después del golpe y en medio de una feroz campaña de represión de protestas prodemocráticas, Suu Kyi se presentó por videoconferencia ante un tribunal de la capital Naipyidó en una audiencia de trámite para designar a sus ocho abogados.
Suu Kyi está procesada por cuatro cargos entre ellos el de “incitación al desorden público”. También se la acusa de recibir sobornos, pero todavía no ha sido inculpada por corrupción.
La líder de Myanmar, la antigua Birmania, podría ser condenada a varios años de cárcel y quedar proscrita para siempre de la vida política.
La premio Nobel de la Paz, de 75 años, estuvo “brillante y encantadora como siempre”, comentó el abogado Khin Maung Zaw, citado por la agencia de noticias AFP.
“Ella pidió un encuentro con sus abogados, una reunión privada para dar sus instrucciones a su defensa y discutir el caso sin injerencias exteriores”, agregó el letrado.
Esta fue la primera vez que Suu Kyi pudo conversar con su equipo de abogados desde el golpe de Estado, y se prevé que la próxima audiencia se lleve a cabo el 12 de abril.
La defensa de la líder birmana detenida tiene lugar en medio de una creciente tensión y protestas populares contra la junta militar que profundiza la represión, al tiempo que aumenta la presión internacional contra los golpistas.
Manifestantes quemaron hoy una pila de copias de la Constitución en una calle de Rangún, la capital económica, donde se incendiaron durante la noche dos supermercados del ejército.
Además, se reportó la muerte de un manifestante de 31 años en la ciudad central de Montes.
Ante el derramamiento de sangre, varias facciones rebeldes amenazaron con tomar las armas contra la junta, y diputados de la Liga Nacional para la Democracia (LND), partido de Suu Kyi, anunciaron la formación durante la primera semana de abril de “un nuevo gobierno civil” de resistencia.
En la clandestinidad desde el golpe de Estado, también anunciaron que la Constitución de 2008 redactada por el precedente régimen militar quedaba “anulada”.
Ayer, en una reunión a puerta cerrada del Consejo de Seguridad de la ONU, la enviada de Naciones Unidas a Myanmar, Christine Schraner Burgener, alertó de la posibilidad de una “guerra civil a un nivel sin precedentes”.
“Insto a este Consejo a considerar todos los medios a su disposición para evitar una catástrofe multidimensional en el corazón de Asia”, añadió.
Sin embargo, las naciones miembro del Consejo de Seguridad tienen posturas contrapuestas.
Mientras que Estados Unidos y el Reino Unido defendieron la aplicación de sanciones contra la junta militar y Londres impuso hoy nuevas sanciones económicas contra el conglomerado Myanmar Economic Corporation, China, aliado tradicional de las Fuerzas Armadas birmanas, rechazó esa idea aunque llamó a “volver a una transición democrática”.
Por su parte, la Asociación de Ayuda a los Presos Políticos (AAPP) denunció que al menos 510 personas, entre ellas numerosos estudiantes, adolescentes e incluso niños, murieron por disparos de policías y militares durante la represión desatada contra la ola de protestas prodemocráticas desde el golpe de Estado.
La ONG reiteró que el número de víctimas “es probablemente mucho mayor”, sobre todo porque cientos de detenidos siguen desaparecidos.
Fuente Telam
