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En paralelo a su voraz estrategia para sumar afiliados de otros gremios y a su insistente reclamo por el pago de la indemnización a 500 empleados de la cadena Walmart, Hugo Moyano activó gestiones con el Gobierno y empresarios de confianza para intentar reflotar un negocio en el puerto de Buenos Aires que tuvo su momento de plenitud durante el último tramo del kirchnerismo, entre 2011 y 2015.
Se trata del seguro Transporte Argentino Protegido (TAP), que era exigido a todos los operadores de las terminales y únicamente lo ofrecía una empresa llamada Instituto Verificador de Transporte (Ivetra), a la que siempre se vinculó con el jefe camionero, ya que el director de la firma era Daniel Llermanos, su abogado, y el presidente era Gustavo Elías, un empresario de Bahía Blanca que se considera “amigo desde hace años” del sindicalista. Ambos ya no están más en la compañía, y cerca de Elías desestimaron cualquier interés por retomar el control de las terminales portuarias.
Ivetra nació en 2007 y comenzó a prestar el servicio del TAP en junio de 2011, en medio de una fuerte polémica porque no hubo licitación y siempre fue la única que prestaba el servicio. Comercializaba un seguro especial sobre el contenedor de 67 dólares más IVA por container. Recaudaba unos 4.000.000 de dólares por mes y derivó en una denuncia en la Justicia, que tuvo avances en dosis homeopáticas desde 2011 a la actualidad.
La causa quedó radicada en el juzgado federal de Rodolfo Canicoba Corral, que delegó la investigación en el fiscal Gerardo Pollicita. En diciembre de 2017, la Cámara Federal dictó la falta de mérito de los acusados, entre ellos uno de los directores de la Agencia de Puertos, y pidió un peritaje. Tres meses después, en marzo de 2018, Pollicita requirió procesamientos, pero nunca se concretaron, según confirmaron a LA NACION fuentes judiciales. El expediente, desde entonces, jamás se movió. Está ahora en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti, la reemplazante de Norberto Oyarbide en Comodoro Py.
En el Puerto de Buenos Aires se viven hoy momentos de máxima tensión por la incertidumbre sobre los puestos de trabajo. Bactssa , de capitales de Hong Kong, judicializó con una medida cautelar su disputa por la extensión de la concesión de la terminal 5, donde se desempeñarían unos 400 operarios. Es probable que a partir del mes próximo, la actividad se quede en manos de solo dos actores: APM, controlada por Maersk,que está a cargo de la Terminal 4, y Terminales Río de la Plata (TRP), que controla las zonas 1,2 y 3 y tiene como accionistas a Dubai Ports Word, y al grupo argentino Román. El regreso de Moyano se podría dar de la mano de Terminales Río de la Plata, según fuentes empresarias y sindicales del sector consultadas por LA NACION.
Interna sindical
Llamó la atención que durante los últimos reclamos gremiales en las terminales se divisaran militantes camioneros entre los manifestantes portuarios. El apoyo de la tropa moyanista sería para Daniel Amarante, quien se disputa el liderazgo del gremio de Guincheros con Roberto Coria, un exaliado del jefe camionero. A través de su hijo Facundo, Moyano intentó acercar posturas con los 12 sindicatos que integran la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval (Fempinra), un conglomerado que desde hace años responde a Juan Carlos Schmid, quien tomó distancia del moyanismo después de haber renunciado al triunvirato de mando de la CGT. Algunos dirigentes gremiales portuarios ven con desconfianza el posible regreso de Moyano al puerto y dudan que pueda lograrlo en un escenario de caída en lo relativo al comercio exterior.
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Mario Meoni, el ministro de Transporte, negó que el regreso del seguro sobre los containers, como lo hacía Ivetra, esté en los planes oficiales. También afirmó desconocer el posible regreso de los Moyano y empresarios cercanos a la actividad. “No se habló formal ni informalmente sobre el tema”, dijo a LA NACION el ministro del área, uno de los hombres de Sergio Massa en el gabinete nacional.
En medio de presiones empresarias y de diferencias internas en el Frente de Todos, Meoni deberá resolver en el corto plazo las concesiones de las terminales del Puerto de Buenos Aires, cuyo fuerte es el movimiento de unos 45.000 contenedores al mes. También está pendiente de una definición el futuro de Hidrovía Paraguay-Paraná, la boca de salida del 80% de las exportaciones del país, y sobre todo, de la de soja, donde allí avanza una novedosa alianza en el polo agroexportador entre el poderoso gremio de los aceiteros, a cargo de Daniel Yofra, y la federación de gremios marítimos y portuarios, que encabeza Schmid.
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