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“Si el Gobierno no hubiera estado presente a través de la ayuda de los distintos programas, la prohibición de despidos o el congelamiento de tarifas y alquileres, la situación hubiera sido mucho peor”, reitera, por enésima vez, un funcionario de la Casa Rosada. Está claro que la frase encierra una verdad que al mismo tiempo es una obviedad en el marco de una pandemia: ningún gobierno del mundo, más allá de su ideología, se resistió a brindar una ayuda económica desde el Estado para evitar una catástrofe ingobernable a escala mundial. No es una virtud que pueda atribuirse nadie.
El gobierno de Alberto Fernández adoptó, como el resto, medidas paliativas ante la pandemia. Se mantuvieron y actualizaron los montos de los distintos planes sociales, se sumó el IFE para los que quedaban sin contención y los ATP para evitar los despidos masivos en las empresas, algo casi inevitable en una situación de crisis de esta naturaleza. Y, desde ya, se destina presupuesto para la compra de las vacunas.
Sin embargo, esa sensación del “Estado presente” frente al coronavirus convive con otra cara oscura que es la del “Estado ausente”, desde hace varias décadas, que queda al desnudo ante esta crisis sanitaria y que involucra el relato de la década ganada durante la gestión de ocho años de la actual vicepresidenta, Cristina Kirchner.
La seguridad, un derecho de la ciudadanía, no es una prioridad en el actual Gobierno. Al margen de la posición ideológica del kirchnerismo frente al delito, lo cierto es que hoy por hoy el Conurbano es lo más similar a una zona liberada. Los motochorros se han adueñado de las calles del GBA, y hace tiempo dejó de ser el anochecer el momento de mayor peligro. Prácticamente a cualquier hora y en cualquier lugar las motos con delincuentes se detienen para, a punta de arma, robarle el celular y el dinero a cualquier persona que transite por una calle o se encuentre esperando el colectivo. También es moneda corriente ver delincuentes que se bajan armados de un vehículo para robarse otro que está estacionando o ingresan a una casa para desvalijarla sin importar si hay o no alguien dentro de la vivienda.
Como nunca antes, una arquidiócesis de San Justo le envió una carta al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y a los jefes policiales alertando por el aumento del delito y reclamando un mayor control; también se organizaron distintas marchas, una de ellas multitudinaria, también en La Matanza, en Lomas del Mirador, reclamando por la muerte que un motochorro le provocó a la psicóloga María Rosa Daglio.
En el anecdotario de promesas incumplidas quedará el plan de Seguridad lanzado en setiembre del año pasado por Alberto Fernández; la ministra de Seguridad, Sabina Frederic; su par bonaerense, Sergio Berni y funcionarios nacionales e intendentes. Consistía en algo tan básico como más patrullas para los municipios y la promesa de construir “paradas seguras” -que nunca se hicieron- y más cárceles. No se completó nunca el programa, que ya de por sí poco servía para combatir el delito.
La última vez que un Gobierno reaccionó ante un reclamo de inseguridad fue con la muerte de Axel Blumberg, que había sido secuestrado. Su padre, Juan Carlos Blumberg realizó una multitudinaria manifestación en el Congreso -unas 200 mil personas- que generó que el entonces presidente Néstor Kirchner elaborará a través de su ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Béliz, un plan integral de Seguridad. Que al final, nunca se aplicó.
“Florencio Varela está abandonado, de cada 10 personas que vivimos acá 7 somos peronistas y no nos respetan. Cuántos años estuvo (Julio) Pereyra y no hizo nada y estos (el intendente actual es Andrés Watson) siguen no haciendo nada y se roban todo. En (la zona) el Ombú viven ellos, andá mirar lo que es… pero esto se tiene que terminar, no los tenemos que votar más, yo estoy muy enojado”, disparó Eduardo, un vecino de Florencio Varela, durante la cobertura de una nota por el canal A24. Se trataba de una protesta de vecinos porque un vehículo que circulaba por la Av.Eva Perón y arrastraba un trailer con vigas de cemento, se despistó y mató a una nena de 5 años que caminaba con sus hermanitos y su abuela. Crónicas de la marginalidad. Una calle peligrosa, con apenas un semáforo, sin iluminación, con banquinas de tierra. Hacía pocos días el intendente Watson había estado allí pero no para escuchar los reclamos de los vecinos sino para inaugurar una parada de colectivo, con sus carteles indicadores nuevos, una rampa y asientos flamantes. Una foto que contrastaba impúdicamente con el paisaje del lugar donde la indiferencia de las autoridades políticas provocan una tragedia diaria.
Es el Conurbano de una provincia de Buenos Aires que fue gobernada en 38 años de democracia, 30 por el peronismo y 8 por la oposición. ¿Qué no se haya erradicado una sola villa desde 1983, o dicho de otra manera, que en todas las gestiones haya crecido el número de barrios carenciados, eso es el peronismo? ¿O en realidad, se trata de gobiernos incapaces en la provincia y en la Nación, porque los recursos bonaerenses siempre dependieron y dependen de la Casa Rosada, que han mirado para otro lado?
No es casual que allí, en el Conurbano, el Indec haya registrado nada menos que el 51% de pobreza. Mucho mas alta que el ya “humillante” índice a nivel país, tal como lo calificó la Iglesia, del 42%. O del 57% de chicos menores de 14 años, pobres. Niños que muy probablemente nacieron pobres en el inicio de la gestión de Cristina Kirchner en 2007, que con 8 años continuaron siéndolo en el final de ese gobierno en 2015; que mantuvieron esa condición en los cuatro años de Mauricio Macri hasta cumplir 11 años y que siguen padeciendo la marginalidad a los 14, en el segundo año del gobierno de Alberto Fernández y, otra vez, de Cristina Kirchner.
El kirchnerismo podrá decir a su favor “somos los que menos pobres dejamos”. Pero con un crecimiento a tasas chinas en el periodo 2003-2015, producto de que un día el precio de la soja se ubicó por las nubes y comenzaron a entrar millones de dólares sin hacer nada, haber dejado un 30 por ciento de pobres no es ningún mérito. Todo lo contrario.
Según el Indec y la página Chequeado, Raúl Alfonsín en 1989 dejó el 38% de pobreza; Carlos Menem en 1999, el 40%; Fernando de la Rúa, en octubre de 2001 tenía el 46%; Eduardo Duhalde en mayo del 2003 pero con un país en recuperación post devaluación, 62%; Néstor Kirchner en 2007, 37%; Cristina Kirchner en 2015, 30%; Mauricio Macri en 2019, 35,5%. Hoy Alberto Fernández tiene un 42%.
Y en medio de la extrema necesidad del Gobierno de generar empleo e inversiones, el Estado se muestra nuevamente ausente, privilegiando el patoterismo sindical frente a la ley.
Lo peor no es que Hugo y Pablo Moyano bloqueen una empresa como Walmart o Garbarino, reclamando una indemnización para los empleados porque la firma cambió de dueño. Si no que el ministro de Trabajo Claudio Moroni diga por un lado que “no hay ninguna norma” que obligue a la empresa a pagar lo que reclama Camioneros pero a la vez hable de “un conflicto de intereses”.
Un gran incentivo y compromiso de seguridad jurídica del Gobierno para que cualquier empresa, extranjera o local, invierta sin dudarlo en la Argentina.
Fuente Clarin
