Argentina
España
USA
Israel
Por Hernán Cappiello
Los caminos de Cristina Kirchner para conseguir la aniquilación de las causas en su contra pasan por obtener decisiones de la propia Justicia que anulen los expedientes donde intervinieron los jueces que el Gobierno apunta por haberse reunido con Mauricio Macri cuando era presidente. Y, de paso, tratar de promover juicios políticos a esos magistrados, para generar vacantes en tribunales estratégicos.
La decisión anunciada ayer por el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, busca plantear la nulidad del caso del memorándum con Irán, pero el letrado está evaluando si extiende esos cuestionamientos al resto de las investigaciones donde votaron los jueces que acudieron a la quinta de Olivos y la Casa Rosada. En principio, Beraldi señaló expresamente a los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos.
Beraldi indicó que iba a pedir la nulidad de la causa contra Cristina Kirchner por la firma del pacto con Irán, en la que intervinieron Borinsky y Hornos, argumentando que en las reuniones de los camaristas con Macri se discutió el resultado de las causas en trámite. Hubo al menos 11 encuentros de ambos magistrados con el entonces presidente antes de la firma del fallo que permitió la reapertura de la causa iniciada por la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman.
Allegados a Borinsky dejaron trascender que visitó a Macri para jugar al pádel y discutir el nuevo Código Penal, pues presidió la comisión de juristas que lo elaboró. Hornos explicó que mantenía una relación social con Macri y que hablaron sobre cárceles.
Beraldi plantea otro contenido para esos encuentros y suma pruebas a su pedido de nulidad. Cree que en esas reuniones de los jueces se acordó el fallo que perjudicaría a la expresidenta. Ayer se presentó en la causa del memorándum con Irán como nuevo abogado de Cristina Kirchner y esta semana pedirá formalmente la nulidad. Hasta hora, el abogado de la vicepresidenta en ese caso era Roberto Boico, que renunció porque fue designado en la Cámara Federal porteña.
Uno de los argumentos de Beraldi es que estas visitas no eran públicas y que los nombres de los jueces, entre otros visitantes de la quinta de Olivos y la Casa Rosada, fueron omitidos de los registros que se entregaron por etapas a Poder Ciudadano, tras un pedido de acceso a la información pública.
La nulidad se presentará directamente en el Tribunal Oral Federal N° 7, que está integrado por los jueces Gabriela López Iñíguez, José Michilini y Daniel Obligado. Antes de decidir, los magistrados pedirán opinión al fiscal Marcelo Colombo, a los familiares de las víctimas y a los acusados.
Si el planteo de nulidad prospera, la definición sobre el destino de la causa volverá a manos de la Sala IV de la Cámara de Casación, que ya intervino con anterioridad. La sala está integrada ahora por Borinsky, Ángela Ledesma y Javier Carbajo. Borinsky puede excusarse o ser recusado por las partes y, si se da su apartamiento, el reemplazante deberá ser designado por sorteo entre sus colegas. Esto solo será necesario en caso de que haga falta un tercer juez para desempatar.
Este mecanismo de impugnación de las causas en las que intervinieron Borinsky y Hornos (casi todas en las que están envueltos funcionarios y exfuncionarios del kirchnerismo) no es automático y es un alternativa a analizar por las defensas de los acusados. Por ejemplo, estos jueces confirmaron la condena a Amado Boudou por el caso Ciccone e intervinieron en la causa Vialidad, que también apunta a Cristina Kirchner. Además, tuvieron en sus manos el expediente de la “ruta del dinero K” contra Lázaro Báez, con sentencia reciente, y la causa de los cuadernos de las coimas.
El escenario es distinto cuando se analizan los pedidos de juicio político anunciados por el oficialismo, una decisión que depende del Consejo de la Magistratura, donde el kirchnerismo no cuenta con los votos para avanzar en contra de los jueces sin un acuerdo con la oposición y con los representantes de los magistrados. Estos últimos ya advirtieron que no se prestarán a esa faena.
Ayer, sin embargo, el presidente de la Asociación de Magistrados, Marcelo Gallo Tagle, dejó abierta la puerta para investigar la actuación de Borinsky y Hornos: “Es preocupante. Hay que investigar si hubo prevaricato”. “Si esta gente se juntó con Presidencia para hablar de causas, hay que investigar”, advirtió.
