Los tres “think tank” más influyentes dentro del arco opositor manifestaron su rechazo a la reforma del Ministerio Público Fiscal que impulsa el Gobierno en el Congreso de la Nación y que ya cuenta con media sanción del Senado, a la espera de su confirmación como ley en Diputados.
La Fundación Pensar, que responde al PRO, la Fundación Alem, que lideran referentes de la UCR, y el Instituto Hannah Arendt, que tiene como principal referente a la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, repudiaron la medida a través de un comunicado conjunto que firmaron, titulado “con la reforma del Ministerio Público avanza el plan de impunidad”.
Luego de enumerar las distintas declaraciones de Alberto Fernández durante el discurso de apertura de sesiones legislativas relacionadas con la reforma, en el texto hacen destacar que “resulta de suma importancia pedir a los diputados nacionales que no aprueben este proyecto, reiterando cuáles son los puntos absolutamente inaceptables.
Sostienen que, en particular, el proyecto “elimina la independencia y autonomía del Ministerio Público Fiscal, debilita al Procurador General y condiciona a los fiscales, quienes podrán ser rápidamente removidos por un Tribunal de Enjuiciamiento que cuenta con mayoría oficialista. Hasta ahora el procurador general se designa con el aval de los dos tercios del Senado. De aprobarse la nueva ley, saldría por mayoría simple.
Entre las conclusiones centrales del documento firmado sobresalen las siguientes. “Con el discurso de apertura de sesiones del Presidente en el Congreso y las expresiones de la Vicepresidenta en la audiencia en Tribunales, queda claro que la presión sobre la Justicia en búsqueda de tribunales que dicten decisiones en favor de sus intereses personales, es una prioridad para el Gobierno”, comienza el repaso que realizan de puntos negativos de la reforma.
“A su vez, hay que tener en cuenta que en paralelo se está impulsando, con apuro, la aplicación del sistema acusatorio en todo el país. Esto le dará mayor poder a los fiscales sobre las investigaciones federales”, añaden.
Y finalmente describen: “Si se aprueba el proyecto de reforma, esto implicará un debilitamiento del Ministerio Público Fiscal, que pasará a ser un anexo del oficialismo, quien avanza sobre un poder que debe ser independiente y tener autonomía funcional. Del mismo modo, el Procurador General dependerá de una Comisión Bicameral del Congreso y los fiscales estarán condicionados en su labor por la posibilidad de ser removidos”.
Al documento oficial, además, se sumó una videoconferencia por Zoom que realizaron este viernes referentes del espacio, como Ricardo Gil Lavedra, ex ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Casares, ex jefe de Gabinete del ministerio de Justicia durante el macrismo y actual asesor en el Consejo de la Magistratura, Francisco Quintana, vicepresidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, y las tres diputadas nacionales por Juntos por el Cambio, Gabriela Burgos, Mariana Stilman y Marcela Campagnoli.
Fuente Clarin
