Indagan a los supuestos hostigadores de Fabiola Yáñez, pareja del presidente

Los dos supuestos hostigadores de la pareja de Alberto Fernández, Fabiola Yáñez, que habían sido denunciados el año pasado, serán indagados por la justicia la semana próxima. El titular de Agencia Nova, Mario Casalongue, está acusado de las contravenciones de discriminación, difusión de imágenes íntimas y hostigamiento digital, y del delito de encubrimiento. A su vez, al influencer Eduardo Miguel Prestofelippo, “El Presto”, lo acusan por hostigamiento a Yáñez.

Casalongue deberá declarar ante la fiscalía porteña de Daniela Dupuy el lunes 12 de abril a las 11, y “El Presto” el martes 13 de abril a las 11. 

Vamos de adelante hacia atrás: El Presto fue denunciado por el abogado de Yáñez, Juan Pablo Fioribello, por una publicación en YouTube del 10 de junio pasado. “Se trata de información difundida con real malicia a sabiendas de su falsedad y con total despreocupación acerca de tales circunstancias, que afecta en forma palmaria mi buen nombre y honor, información que ocasiona un gravísimo daño configurando una modalidad de violencia de género de carácter discriminatorio, que afecta la dignidad de las mujeres víctimas creando ellas intimidación, hostilidad, degradación, humillación y un ambiente ofensivo en los espacios públicos, legitimando la desigualdad de trato y construyendo patrones socioculturales reproductores de la desigualad y generadores de violencia en contexto de violencia de género”, dice la denuncia.

“El video que se denuncia se nutrió de información utilizada por la Agencia de Noticias Nova, propiedad del procesado Mario Cassalongue, y que la justicia ordenó desindexar de los buscadores”. Según la denuncia, las imágenes y conceptos por los cuales había sido castigado Casalongue y luego reproducía El Presto, “crearon en la damnificada un estado de perturbación, miedo y fastidiando su ánimo.”

Para la jueza de faltas porteña María Araceli González, las publicaciones difundidas por el canal ElPrestoOK constituyen prima facie las contravenciones de discriminación, difusión no consentida de imágenes íntimas y hostigamiento digital del Código Contravencional, “las que, además, se dan en un contexto de violencia simbólica mediática y laboral contra la mujer“.

La justicia reiteró la orden de bajar las notas y posteos de las redes, “ante la imposibilidad de exigir a Google el cumplimiento de la medida requerida, por tratarse de una empresa radicada en el exterior y no existir regulación alguna que así lo permita”.

“La publicación reportada hace referencia a la Señora Fabiola Yañez con términos agraviantes y discriminatorios tales como “michifus” y “parásito”, haciendo a su vez referencia a que se acostaría con hombres por dinero, publicando a su vez fotografías de sus partes pudendas. Estas publicaciones fueron efectuadas a sabiendas de su falsedad y con total despreocupación en relación a la real afectación que las mismas pueden provocar sobre el nombre y honor de la persona denunciante”, justificó la jueza.

El artículo 6to. inc. “f” de la Ley Nacional 26.485 estipula como violencia mediática contra las mujeres “aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipadas a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres”.

Según afirmaron fuentes judiciales a Clarín, El Presto -que apareció en varias oportunidades con referentes de la oposición como Patricia Bullrich- tuvo que ser ubicado con dron para poder notificarlo en Córdoba de su citación a declarar este martes.

Al titular de la Agencia Nova, Mario Casalongue, Yáñez lo había denunciado en abril del año pasado por la difusión en su sitio web de varias notas supuestamente difamantes hacia su persona. El editor no obedeció la orden cautelar de bajar y desindexar esas publicaciones, y a la acusación por hostigamiento -que ya fue elevada a juicio- sumó otra denuncia por desobediencia.

Esa segunda orden judicial terminó por doblegar la resistencia de Casalongue. Sin embargo, en diciembre pasado Fioribello volvió a denunciar la supuesta violación de las cautelares dispuestas por la jueza María Araceli Martínez, quien había ordenado “la baja, bloqueo y desindexación de publicaciones agraviantes de las que resulte víctima”. Por esta nueva denuncia será indagado el próximo martes.

Pero en esta ocasión las notas cuya baja se reclamaba ya no eran tan claramente “ofensivas”. Según los títulos de cada una, la controvertida Agencia Nova se preguntaba “¿Quién financia el equipo de prensa de la primera dama?”; “Con razón tanta exposición, Fabiola Yáñez suena para encabezar la lista del Frente de Todos en Misiones”; “Fabiola Yáñez ya se autoproclama funcionaria” o “La primera dama visitó, vestida de fiesta, una zona rural de Chaco donde no hay agua potable”.

Ni Fioribello ni su socio Mariano Lizardo quisieron responder las preguntas de este diario, pero fuentes de la investigación aclararon que Casalongue “tiene una prohibición de nombrar y hacer referencia a Fabiola por cualquier vía, aunque sea para hablar bien”. Con resultados óptimos hasta ahora, Fioribello fue escogido personalmente por Alberto Fernández para representar a su pareja.

Transitando una delgada línea, la justicia deberá evaluar si las últimas publicaciones de Nova son muestra de una inaceptable agresión y desprecio por la pareja del presidente, o si se trata de informaciones y opiniones políticas, cuya difusión no debería sufrir censura previa.

Si se los hallara culpables, a los supuestos hostigadores podría caberles una sanción principal de 40 días de arresto efectivo, más la obligación de asistir a un Taller del “Programa Capacitación en Prevención de Prácticas Discriminatorias” dictado por el INADI y pagar las costas de todo el proceso judicial.

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Fuente Clarin