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En el Gobierno creen que la situación que el país enfrenta por la deuda merece tratamiento especial. El FMI prestó US$ 57.000 millones en 2018 y tiene que devolver US$ 44.000 millones (fue lo que el organismo desembolsó). No hay plata para pagar y las autoridades proponen un menú de acciones por fuera del menú habitual para cancelar el préstamo. Los pedidos en ese sentido han sido:
-refinanciar de la deuda con el FMI a más de 10 años,
-bajar la sobretasa de intereses,
-postergar el artículo IV,
-proponer un mecanismo especial para crear un fondo de DEG (la moneda del FMI) para acceder a fondos frescos arriba de la cuota,
-una declaración especial no aprobada por el Board de que la deuda no era sostenible.
¿Qué razón subyace detrás de toda esta lista exigencias no convencionales?
La primera podría ser de índole estratégica. El politólogo Ignacio Labaqui llamó al actual régimen político election targeting parafraseando aquel modelo de los economistas de metas de inflación, en la que todo se subordina al Banco Central. Acá es al revés: los parámetros de la economía se encuentran al servicio de la contienda electoral.
La segunda razón de estos pedidos especiales obedecen más bien a una creencia. En el Gobierno están convencidos de que el caso argentino de la deuda es especial . Quizá por su tamaño. De ahí los planteos de Cristina Kirchner el 24 de marzo, de Guzmán en el FMI y el G-20 y de Alberto Fernández esta semana desde un Zoom. También en la ONU y en los Tribunales.
Fernández aclaró en la semana que “no quiero que le den una solución a la Argentina”. Pero luego dijo que “quiero que los organismos de crédito encuentren una solución no solo para los países pobres, sino a los de renta media, que tienen, como nosotros, un 40% de pobreza, pero que somos tratados como países ricos que no somos”.
En el mundo y en el FMI las ayudas más flexibles han sido diseñadas para los países más pobres. El resto se ajusta a una avenida ancha y dentro de ella le ha ido bien.
Guzmán transmitirá esta semana en Europa que la Argentina pretende calibrar algunas reglas. Dirá que los procesos de ajuste no funcionan en el país y que la restricción externa atenta contra el crecimiento sostenible. Las políticas de sobrecargo en los intereses, de reparto de los DEG y los plazos de repago de una deuda de US$ 44.000 millones, agudizan la situación.
Hay argumentos para pensar que el Gobierno no lleva la razón. La deuda que prestó el FMI no es tan excepcional como dice. Por la cuota, a la Argentina le habría correspondido US$ 20.000 millones de ayuda del FMI pero el acceso de carácter excepcional (un criterio del Fondo), gatilla poder pedir el doble. A Uruguay en 2002 le prestó 20% del PBI (a Argentina la mitad) y a los países europeos en la crisis financiera de 2009 (caso Islandia, Grecia y Portugal), las ayudas fueron muy superiores a sus cuotas y en proporción a Argentina.
Algún ministro de Economía de un país europeo podría decirle a Guzmán que lo excepcional fue lo que el economista Julián Folgar mostró recientemente en tuiter: el quiebre estructural de la Argentina se produjo en los 2000 cuando quintuplicó el tamaño del Estado en diez años. Esta semana el FMI publicó el informe Monitor Fiscal y en sus estadísticas no se encuentra ningún caso así. Es cierto que también fue excepcional la respuesta que Macri brindó para bajar la inflación y ajustar esos desequilibrios. Lo cierto es que en Argentina aumentó la pobreza más que el resto de la región.
En su nuevo libro, Dinosaurios y Marmotas, el economista Eduardo Levy Yeyati dice que “tenemos que resistir estas simplificaciones, Argentina, como cualquier otro país, no es raro, ni excepcional. Es apenas complejo. Y si algo caracteriza la complejidad argentina es su inconstancia. Así como pasamos de la recesión del siglo a las tasas chinas, transitamos del fatalismo de las crisis al triunfalismo de las recuperaciones”.
Fuente Clarin
