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Durante doce años fue el supervisor de la firma de los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner. Procesado por corrupción, Carlos Zannini es el actual Procurador del Tesoro, debe velar por los intereses del Estado y es el jefe de todos los abogados asignados en diferentes reparticiones del gobierno. Desde que asumió el cargo, encabeza la ofensiva contra Mauricio Macri por dos frentes: será querellante en la causa por las presuntas irregularidades con el préstamo del FMI, y pidió la quiebra del Correo la firma gestionada por la familia Macri.
A favor del kirchnerismo también procedió: cambió a los abogados de Vialidad Nacional que durante la gestión anterior iniciaron una demanda multimillonaria contra Cristina Kirchner, devolvió la pensión vitalicia a Amado Boudou condenado por el caso Ciccone y no se opuso a la doble pensión de la vicepresidenta.
Sobre Cristina Kirchner, Julio De Vido, Lázaro Báez, entre otros, pesa una demanda civil por $ 22.500 millones. La inició el gobierno anterior por daños y perjuicios por los contratos otorgados al dueño del Grupo Austral y que en un 50% no fueron concluidos pero que se habrían pagado con sobreprecios del 65%. Para agilizar los plazos procesales, el organismo vial desistió del reclamo en el fuero penal -donde la vicepresidenta es juzgada- y fue directo al contencioso administrativo donde se dirimen las cuestiones que involucran al Estado. La demanda quedó radicada el año pasado en la Fiscalía Nacional 6, a cargo de Miguel Ángel Guilligan.
La particularidad con la que se encuentra el Gobierno de Alberto Fernández hoy, es que un organismo del Estado tiene una demanda multimillonaria contra la vicepresidenta. El otro dato a considerar, es que el jefe de los abogados de Vialidad Nacional es el Procurador del Tesoro, es decir, Zannini, co imputado con Cristina en la causa por el Memorándum de Entendimiento con Irán. Están acusados de encubrir a los iraníes responsables de la voladura de la AMIA.
Hace pocos meses como jefe de los abogados del Estado, Zannini autorizó el cambio de los asesores letrados que llevan adelante esa demanda multimillonaria contra la actual vicepresidenta. Será quien ordene si se avanza en el caso o se desiste de ella. Desde que asumió la gestión, no hubo ningún movimiento en ese expediente.
Fue sólo la antesala de otras medidas que como Procurador tomaría. Ordenó restituir la pensión vitalicia de Amado Boudou antes de que la Corte Suprema confirme la condena por cohecho y negociaciones incompatibles. Cuando la discusión se centró en la doble pensión a favor de Cristina Kirchner, no se pronunció en contra del fallo del juez subrogante Ezequiel Pérez Nami que favoreció a la vicepresidenta.
Una de las causas principales de las que se ocupó Zannini, es la causa donde se analiza el acuerdo que firmó el gobierno de Mauricio Macri con el Correo Argentino SA, firma cuya controlante es Socma fundada por su padre Franco. Para la fiscal del fuero Civil y Comercial, Gabriela Bouquin el acuerdo era ruinoso y desfavorable para el Estado. Como Procurador rechazó las propuestas presentadas por el holding, pidió la intervención de la compañía y la semana pasada, al oponerse a la última de las ofertas realizadas con las que la familia del ex presidente busca salvar la compañía, el ex secretario Legal y Técnico, solicitó la quiebra de la firma postal.
Mauricio Macri denunció que el avance sobre el caso del Correo respondía a una persecución política. La justicia federal investiga si hubo en el acuerdo firmado en 2016, una propuesta abusiva para el Estado, ya que el Grupo Macri debía pagar 296 millones de pesos en 15 años, con una tasa de interés del 7%. La fiscal dijo que la deuda era de 70.000 millones de pesos, el holding en base a un planteo de la Sindicatura, dijo que era de 1.000 millones y ofreció pagar la totalidad de esa cifra, lo cual fue rechazado por Zannini.
Además, también poniendo en el centro de la denuncia al ex presidente Macri, el Procurador del Tesoro quedó a cargo de la querella contra él y sus ex funcionarios por las presuntas irregularidades en la administración de los US$ 45.000 millones que envió el FMI. La causa se le inició al ex mandatario por presunta “defraudación y administración fraudulenta” a partir del acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional.
Esta decisión quedó plasmada en el decreto 239/2021 firmado por el presidente Alberto Fernández junto al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y los ministros de Justicia, Martín Soria;y de Economía, Martín Guzmán. Así, Zannini quedó como representante del Estado en la demanda contra Macri. .
Se instó a la Procuración a que “coadyuve en la promoción de la acción penal con el fin de determinar a las presuntas y los presuntos responsables de los delitos de acción pública que en ese proceso se investigan y que podrían haber damnificado al Estado Nacional”. Y que el procurador inicie “las acciones conducentes al recupero de los eventuales daños y perjuicios emergentes de los hechos denunciados”, facultando a ese organismo a “promover, en su caso, la respectiva acción civil en el proceso penal”.
Fuente Clarin
