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La Justicia electoral insistió en la última semana ante el Gobierno nacional para que el personal encargado de la realización de los próximos comicios legislativos sea considerado estratégico y vacunado contra el Covid-19 en el mediano plazo. Se trata de al menos 500 personas que participan en el armado de las dos elecciones, que el Gobierno intenta postergar con la aprobación en el Congreso nacional de un proyecto de ley impulsado por el ministro del Interior Eduardo de Pedro y el jefe de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.
El pedido de la Cámara Nacional Electoral que preside Santiago Corcuera y que integran también Alberto Dalla Via y Raúl Bejas no fue el primero. Cuando Ginés González García aún era ministro de Salud, a principios de año, la Cámara había elevado una nota en la que solicitaba para marzo que se vacunara a todo el personal: 2.700 agentes y 750 transitorios.
Nunca hubo respuesta de parte del Ministerio de Salud. Por eso, desde el tribunal ahora piden que por lo menos se incluya en el listado a vacunar a 500 personas indispensables en el operativo electoral, que formalmente debería comenzar el 27 de abril, con el cierre del padrón provisorio.
Ya sobre el final de la primera quincena de abril, las demoras en el armado de los comicios alertan a las autoridades, sobre todo en tiempos en los que el Gobierno promueve un cambio de fechas tanto para las PASO como las generales, estipuladas originalmente para el 8 de agosto y el 24 de octubre.
“Que vengan con la ley que las posterga o las suspenda, y ahí vemos qué hacemos. Hoy las fechas están, y se tienen que cumplir”, comentan fuentes judiciales. Desde la Cámara, en ese sentido, la postura es bien clara: las elecciones se tienen que hacer en tiempo y forma. Por ahora, el Gobierno no les indicó de manera formal que vaya a modificarse el plan original.
“Sería un papelón que se posterguen o se suspendan, todos los países las están haciendo igual, con el cuidado correspondiente por la situación de pandemia. Pero no se pueden suspender”, revelan a Clarín desde un despacho donde se define el diagrama de los próximos comicios.
Fuentes judiciales sostienen que “todavía se está a tiempo de realizar los comicios con relativa normalidad, adaptando los protocolos por la pandemia”. Sin embargo, consideran que los plazos se están acortando y que se necesitan medidas urgentes para poder cumplir con los plazos establecidos por cronograma.
La propia jueza electoral por la Ciudad de Buenos Aires, María Servini de Cubría, había reclamado en febrero que se vacunara a todo el personal porque sino desde su juzgado no se iba a fiscalizar la elección. La semana pasada, la magistrada contrajo Covid-19, responsabilizó a las autoridades por no haberle aplicado las dos dosis del antídoto, e insistió con la necesidad de inocular a la mayor parte de los que trabajan en el armado de la elección.
En su reclamo original frente a Salud, además, la Cámara había solicitado que se vacune entre junio y septiembre a 20.000 agentes que cumplen funciones de delegados de la Justicia Nacional Electoral, al personal de Comando General Electoral, unos 90.000 agentes, al personal del Correo Oficial afectado a la logística del proceso, unas 35.000 personas, y a unos 300.000 que deben desempeñarse como autoridades de mesa en el momento de los comicios.
Un dato positivo para la Cámara y la posible realización de los comicios fue que en marzo ingresaron fondos por alrededor del 40% del total de lo que necesitan para el año. Los mismos llegan desde Interior y se incluyen dentro del programa Fomento e impulso al desarrollo del sistema democrático, que contempla fondos por $ 17.700 millones para todo el año. El global que giró el ministerio a todas las áreas que participan en la elección -no sólo la Justicia electoral- supera a la fecha los $ 3.100 millones.
Fuente Clarin
