La pulseada entre el Gobierno y las empresas de consumo masivo escaló súbitamente. En un duro comunicado, el segundo en apenas dos semanas, la AmCham, la entidad de agrupa a grandes compañías en su mayoría multinacionales, cuestionó los controles a los precios y de la producción y pidió evitar “un último salto al vacío”. El comunicado apunta a la Secretaría de Comercio Interior, que conduce Paula Español, que la semana pasada imputó a 1.000 firmas a las que acusó de una “reducción injustificada” de sus plantas y de desabastecer al mercado. La lista incluye a los principales proveedores de productos masivos, entre ellos Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&> y Paladini.
Como la levadura con el calor, el enfrentamiento crece en paralelo con la inflación. Los mayores controles, interpretan en el sector, tienen que ver con la suba del 7,8% del primer bimestre del año y que se perfila para sumar otro 4% en marzo. Las compañías (sobre todo los fabricantes) consideran que los costos para producir suben muy por arriba de los ajustes de precios que otorga el Gobierno, en el mejor de los casos. Y las presiones apuntan sobre todo a los faltantes en góndola, que viene agravándose en los últimos meses.
Según el último relevamiento efectuado en las principales cadenas por inspectores de la Secretaría de Comercio, las categorías más desabastecidas son aceite, harina de trigo, leche fresca, leche larga vida y yerba. También detectaron una oferta deficiente en artículos de limpieza (lavandina), carnes y embutidos, panificados, perfumería, insecticidas y repelentes. “La falta de provisión bienes en el punto de venta son consecuencias de múltiples factores en los que la empresa es poco responsable“, remarcó la AmCham.
El control de precios y la exigencia de producir al máximo representa un desafío para los fabricantes, especialmente para las multinacionales. “El ambiente para operar es muy complejo y es un gran esfuerzo explicarlo a las casas matrices para planificar inversiones y generar proyectos”, señaló a Clarín una fuente calificada de la industria. En tal sentido, consideró que los costos “suben muy por encima de la inflación y los precios hay que mantenerlos. Y como contrapartida recibimos amenazas y multas“, se lamentó.
Las consultoras especializadas advierten que los programas de precios regulados, por su facilidad para controlar, funcionan únicamente en las grandes cadenas de supermercados, que concentran el 34% de las ventas de productos masivos. El resto se distribuye entre autoservicios, almacenes y comercios de barrio, donde Precios Cuidados y Precios Máximos no llegan. “Allí la oferta es más variada, pero resulta más cara“, aseguran. La razón, explica Darío Hernández, de Scanntech, “es que en esos canales los fabricantes pueden aumentar los precios por fuera de los controles“.
De acuerdo con un estudio de Scanntech elaborado sobre una canasta de 766 productos presentes en todos los canales, la inflación en febrero en los súper fue de 19,5% y en los autoservicios, 34,2%. Eso no implica necesariamente una ventaja. Hernández dice que los autoservicios pierden competitividad y “este desfasaje de precios (comprar en un autoservicio cuesta 10% más caro) le otorga una ventaja a la grandes superficies”.
En la industria predomina la incertidumbre y la preocupación. Muchas empresas creen que los controles de precios y a la producción recuerdan a la época de Guillermo Moreno, el ex secretario de Comercio en la primera etapa del kirchnerismo. En comparación, algunos sienten nostalgia por el pasado y si bien Español escucha los reclamos, “nunca nos da respuesta“, coinciden. Una fuente calificada sostuvo que “la política actual es insostenible” y ejemplifica: “En 2020, la inflación de los productos alcanzados por Precios Máximos fue de 14% contra una inflación de 36,2%”.
Fuente Clarin
